El fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial Lava Jato, solicitó este jueves revocar la orden de comparecencia con restricciones que se dictó contra la Keiko Fujimori, y ordenó que se dicte prisión preventiva en su contra por haber incumplido resoluciones judiciales.
Gloria Grinberg @GloriaGrinberg
Viernes 11 de junio de 2021 09:30
El fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial Lava Jato, solicitó este jueves revocar la orden de comparecencia con restricciones que se dictó contra la Keiko Fujimori, y ordenó que se dicte prisión preventiva en su contra por haber incumplido resoluciones judiciales.
En el documento enviado al juez Víctor Zúñiga Urday, el fiscal sostiene que la candidata por el partido Fuerza Popular incumplió las reglas jurídicas cuando se la investiga por un delito de lavado de activos, y se comunicó con testigos vinculados al caso de los presuntos aportes ilícitos a sus campañas de 2011 y 2016.
"Se ha determinado nuevamente que la acusada Fujimori Higuchi incumple con la restricción de no comunicarse con los testigos; pues, se ha advertido como hecho público y notorio que se comunica con el testigo Miguel Torres Morales", sostiene el documento.
Domingo Pérez cita la conferencia en la que se presentó el abogado Torres como vocero político de la persona jurídica de Fuerza Popular.
El partido de Keiko Fujimori había pedido a las autoridades electorales anular 802 actas de votación, que representan unos 200.000 votos, bajo acusaciones de “irregularidades” y "fraude en mesa" de la elección presidencial del domingo pasado.
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Las actas procesadas por la Oficina Nacional Electoral (ONPE) superan el 99% y finalmente dieron como ganador del balotaje a Pedro Castillo, sin embargo, los grandes medios de comunicación y el fujimorismo han reproducido fake news, dando pie a los argumentos que sin pruebas pretendían demostrar la existencia de fraude cuando estaban a un paso de perder las elecciones.
Se ha pedido más de 30 años de cárcel para Fujimori por presunto lavado de dinero en la financiación de sus campañas electorales previas, y como no ha resultado electa debe afrontar los cargos por los que se la acusa.
En noviembre del año 2019 el Tribunal Constitucional anuló la prisión preventiva de Keiko Fujimori, quien se encontraba en prisión acusada de haber recibido dinero de la empresa constructora Odebrech.
Las empresas nacionales como el Banco de Crédito o Leche Gloria también habían hecho aportes económicos a la candidatura de Keiko Fujimori en sus campañas anteriores.
La empresa Odebrech, según declaraciones de su ex superintendente, Jorge Barata, aportó en total 1,2 millones de dólares a la candidatura de Keiko Fujimori en las elecciones de 2011. En aquel momento, las declaraciones de Barata terminaron demostrando que la constructora brasileña financió también las campañas políticas del APRA, Alianza por el Gran Cambio, Perú Posible y las candidaturas de Keiko Fujimori, Alan García Pérez, Pedro Pablo Kuzcynski, Alejandro Toledo, Susana Villarán y Ollanta Humala.
Perú llegó a esta definición presidencial en medio de una enorme polarización y un escenario electoral fragmentado, reflejo de una larga crisis política que consumió cuatro presidentes y dos Congresos en el actual quinquenio. A esto se sumó el enorme descontento por el pésimo manejo del coronavirus, y la gran contracción que sufrió su economía en el año 2020.
En esta situación, la derecha latinoamericana y de la región, que han hecho enormes esfuerzos por el triunfo de Keiko, buscan ahora avanzar para poder marcarle la agenda al nuevo presidente de Perú, Pedro Castillo, que a lo largo de su campaña electoral ha ido moderando cada vez más su discurso y su programa, cediéndole a los sectores más poderosos.
