El Fiscal Nacional Ángel Valencia se reunió este jueves con los fiscales de la Región Metropolitana. El acuerdo fue tan simple como acorde al clima represivo instalado por los partidos del parlamento y los medios de comunicación "oficiales" las últimas semanas, se pidió a los fiscales la tendencia a la prisión preventiva para migrantes indocumentados que sean detenidos.
Viernes 7 de abril de 2023
El Fiscal Nacional Valencia, quien representó el ex general director de Carabineros Bruno Villalobos, acusado por malversación de fondos en esa institución, en 2020 a Mario Desbordes (RN) en una querella presentada por víctimas de trauma ocular, venía masticando esta idea de xenofobia institucional hace al menos un mes, pero que para algunos resultaba impracticable hasta ocurridos los 3 asesinatos a funcionarios de Carabineros en los últimos 23 días.
Se reunió finalmente ayer jueves con los fiscales jefes de la Región Metropolitana formando un equipo interesante:
- Xavier Armendariz, de la zona Centro Norte; Designado por Valencia como primer fiscal Subrogante.
- José Luis Pérez, de la zona Occidente; Designado en noviembre de 2019 por el Ministerio Público como «fiscal exclusivo» en la investigación de querella contra Sebastián Piñera por su papel en las masivas protestas de octubre, donde éste quedó impune por las violaciones a los derechos humanos.
- Héctor Barros, de la zona Sur; En plena pandemia entre marzo y julio de 2020 trabajó desde su segunda residencia, un balneario en la localidad costera Los Vilos, transgrediendo las cuarentenas sanitarias y sin informarlo al interior del Ministerio Público.
- Lorena Parra de la zona Oriente; Entre el 23 y 25 de octubre de 2018, registró un millonario viaje a Estados Unidos, financiado por la Asociación de Municipalidades para la Seguridad Ciudadana de la Zona Oriente (AMSZO), en el que participaron la actual jefa de la Fiscalía Regional Metropolitana y otros dos persecutores.
Jorge Abbott designó a Lorena Parra en septiembre como fiscal regional metropolitana oriente. Ante su nombramiento el fiscal nacional decidió sacar de la Fiscalía Metropolitana Oriente la investigación por corrupción que involucra al exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, deslizando la cercanía entre Parra y el municipio del sector oriente.
El acuerdo fue tan simple como acorde al clima represivo instalado por los partidos del parlamento y los medios de comunicación "oficiales" las últimas semanas: Con la presunta participación de ciudadanos extranjeros en el caso de Daniel Palma, el fiscal nacional dio la instrucción a los fiscales, "tendiente" a que en las audiencias respectivas soliciten al juez de garantía que deje en prisión preventiva a migrantes indocumentados que sean detenidos, asumiendo, de una forma altamente xenófoba, que al no tener sus documentos constituyen un peligro para la sociedad.
¿Por qué hablar de xenofobia institucional?
El comité de Peruanos refugiados en Chile, en su última declaración, difundida en grupos de WhatsApp y redes sociales, plantea el tema de una forma clara:
"La migración no es un delito, eso lo señala la ley, en este sentido no corresponde en ningún caso, la detención preventiva".
"Son miles las personas inmigrantes que solicitan a las policías que los registren para poder regularizarse y también solicitan una residencia regular a las autoridades que se las niegan".
La cuestión queda clara, la situación "irregular" de las personas migrantes en Chile, no es por que sean delincuentes o quieran mantenerse de forma ilegal en el país, al contrario, mientras las instituciones encargadas de hacer este proceso se encuentran colapsadas y no alcanzan a cubrir la necesidad de cientos de miles de personas migrantes que constituyen una fuerza de trabajo importante actualmente, sumamente precarizada por lo demás, negándoles derechos básicos como la educación y la salud, el gobierno impulsa políticas públicas como la expulsión de personas migrantes y una ley migratoria que no resuelve estos problemas estructurales para la población que viene a buscar mejores condiciones de vida a Chile.
Hoy encima de todo esto se sitúa esta medida altamente xenofóbica por parte de los fiscales de la Región Metropolitana, relacionando situación irregular de personas migrantes con delincuencia.
Además recién aprobada la ley Naín Retamal, que da la potestad a Carabineros de usar su arma de servicio sin responsabilidad alguna por abuso policial.
En otras palabras, la reciente medida adoptada por los fiscales, significará un desafío a la institución de Carabineros, llevar a cabo esta órden (es decir abocar a miles de Carabineros a detener migrantes y dejarlos en prisión preventiva) sin ensañarse con la población migrante empobrecida ni repetir otro caso como el del haitiano Louis Gentil o Joane Florvil asesinados en manos de esta institución sin portar armas ni significar una amenaza a los uniformados.
En este contexto, ante la ofensiva de los representantes de las instituciones de justicia y el poder legislativo contra las personas migrantes pobres y quienes nos movilizamos, es más necesario que nunca la unidad para denunciar las violaciones a los derechos humanos.
Finalmente, destacar que la obtención de una "seguridad" con represión, poniendo en peligro la vida de personas de trabajo y sacrificio, no resuelve los problemas estructurales de la sociedad actual.
