Nacional. Fiscales presionan a La Moneda con que “el estado de derecho está en riesgo” por amenazas contra Chong

Las y los fiscales han criticado la actitud del Gobierno de Piñera tras los hechos de amenazas que ha recibido la fiscal Ximena Chong que van desde cartas a su domicilio, publicación de datos personales, junto al acecho de la policía a las afueras de su casa, todo esto en el marco de la investigación por el cuasi homicidio perpetrado por parte de un policía de Fuerzas Especiales en contra de un joven de 16 años al lanzarlo al río Mapocho desde el puente Pio Nono la semana pasada.

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Esto ha provocado una nueva crisis en la mafiosa institución de la policía, alcanzando un 62% de desaprobación, esta institución históricamente ha violado los derechos del pueblo trabajador estando al servicio de la clase gobernante. Esta crisis ha repercutido directamente en el gobierno, el cual más allá de condenar públicamente los hechos no ha tomado ninguna acción concreta, arriesgando la vida de la fiscal, que se acentúa con el amedrentamiento de parte de la policía tal como quedó revelado en un video que se viralizó a través de redes sociales, en el cual se muestra el control de funcionarios de la PDI al teniente coronel Freddy Vergara que rondaba la casa de la fiscal.

La actitud del gobierno ha sido cuestionada por la asociación de fiscales y calificada como “falta de firmeza”, ya que “no queremos tener el día de mañana fiscales asesinados”.

Cada nuevo escandalo que sacude a la institución mas odiada del país, es también un golpe para el gobierno asesino de Piñera, quienes han mantenido el respaldo a la institución y a los altos cargos como el General Rozas, señalando que son "la primera línea que nos defiende", según dichos de Piñera y pese al sistemático actuar de violaciones a derechos humanos. Solo deja más en evidencia los verdaderos intereses del gobierno y la clase gobernante que utilizan a las policías como su guardia privada, pero financiada con el dinero del pueblo trabajador. Pueblo al cual reprimen en cada protesta o manifestación. El gobierno actúa en total pasividad ante las amenazas contra una fiscal que investiga un caso contra carabineros, pero pone toda su fuerza para criminalizar la protesta popular, así como también busca por todos los medios aumentar la represión contra el pueblo nación Mapuche.

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“Los actos de amenazas a funcionarios públicos son siempre repudiables (…) En este caso, son especialmente injustos, porque están dirigidos hacia una persona que realiza su trabajo, con el mismo compromiso y profesionalismo, independientemente de quiénes sean y cuánto poder tengan las personas involucradas en actos delictuales o las víctimas de éstos", dicen.

En plena discusión por la reforma al cuerpo de carabineros, el fiscal nacional Abbott, quien además participa de la comisión que analiza dicha reforma, dijo: “hemos hecho presente al Gobierno que es imprescindible para el trabajo de los fiscales que tengan la más absoluta seguridad de que pueden desarrollar sus funciones sin verse enfrentados a amenazas de ninguna naturaleza”.

¿Se puede reformar carabineros? Es utópico pensar en una reforma o en la democratización de una institución nacida con la finalidad de mantener un “orden”, que no significa más que la represión continua ante cualquier hecho que afecte la normalidad. La normalidad impuesta por los ricos y grupos dominantes de la burguesía nacional e internacional, normalidad para seguir robando, abusando, explotando y en fin, hacer prácticamente lo que quieran.

La única solución que queda es la disolución completa y efectiva de la policía, pero esto no basta por si solo, es necesario pensar en una transformación de todos los aspectos de la actual sociedad, la cual se encuentra fermentando en la putrefacta miseria, las condiciones a las que nos lleva el sistema capitalista. Significa apuntar hacia la conquista de todos los derechos por los cuales se ha salido a la calle por años, condensados en derrocar la herencia de la dictadura cívico militar y el gobierno de Piñera, a través de la conformación de una Asamblea Constituyente Libre y Soberana que garantice el cumplimiento de todas las legítimas e históricas demandas del pueblo trabajador.