La fiscalía general del Estado formuló, las pasadas horas, una acusación formal por genocidio contra Jeanine Áñez y varios civiles y militares por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la represión a las movilizaciones populares de Sacaba y Senkata del 15 y 19 de noviembre del 2019 respectivamente.
Martes 24 de octubre de 2023
Foto: Revista de Frente
La acusación, formulada luego de finalizada la primera etapa investigativa, se sostiene en diversos medios de prueba que el fiscal general, Juan Lanchipa, anunció que consisten en 450 pruebas documentales, 25 dictámenes periciales, 11 informes técnicos de investigación y la recepción de 126 entrevistas a miembros de las Fuerzas Armadas, 30 entrevistas de efectivos policiales, 50 entrevistas a víctimas y 8 a funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
La fiscalía está solicitando 30 años de cárcel, sin derecho a indulto, por los crímenes cometidos durante esas jornadas que consumaron el golpe de Estado sembrando el terror en Sacaba y Senkata, difundiendo información falsa con el objetivo de legitimar la acción represiva y alentar la desmovilización popular ante el temor a nuevas acciones represivas.
Apenas conocida la acusación diversos sectores de la oposición de derecha manifestaron su rechazo considerando como ilegal un proceso ordinario para Jeanine Áñez. Argumentan que al ser ex presidenta debe tener el privilegio de un previo juicio político en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Sin embargo, luego de culminado el juicio por el golpe de Estado del 2019, Áñez perdió ese privilegio, debiendo atenerse a un proceso ordinario por los crímenes cometidos. La exigencia de un juicio político por parte de la oposición de derecha obedece a la búsqueda de garantizar la impunidad de los golpistas ya que para que prospere el juicio político se necesitaría la aprobación de 2/3 de la ALP, cifra a la que evidentemente no se puede llegar. Esto se debe a que tanto Creemos, de Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz y preso en la cárcel de Chonchocoro como Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa están comprometidos con el golpe de Estado.
Por otro lado, sectores de la oposición evista manifestaron su preocupación con los anuncios ya que consideran que este proceso formulado luego de tres años de gobierno de Arce tendría meros objetivos electorales con miras al 2025 y como parte de la disputa interna en el MAS.
Recordemos que durante las luctuosas jornadas del golpe de Estado 37 personas fueron asesinadas, cientos fueron heridas y finalmente miles fueron detenidas, encarceladas ilegalmente y torturadas como parte de la campaña golpista para sembrar el terror.
Esta acusación además de pedir 30 años de cárcel para Áñez se extiende a ex ministros y jefes de las FF.AA. y Policía. Entre los imputados se encuentran Luis Fernando López, ex ministro de Defensa; Arturo Murillo, ex ministro de Gobierno; Sergio Orellana, ex Comandante de las FF.AA.; Pablo Guerra Camacho, ex jefe del Estado Mayor del Ejército; Ciro Orlando Álvarez, ex comandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB); Iván Patricio Inchauste Rioja, ex comandante del Ejército; Julio César Tamayo Rivera, ex subjefe del Departamento Tercero Logística; Julio William Cordero, ex comandante departamental de la Policía de La Paz; Eloy Iván Rojas, ex comandante regional de la Policía de El Alto y otros. Hay que recordar que cerca a 200 involucrados en los casos golpe de Estado I y II así como en diversos procesos por corrupción guardan prisión preventiva en diversas cárceles del país y que la oposición reivindica como presos políticos, y por lo tanto pelean por la impunidad.
Esto se produce en el marco de un clima político de profunda deslegitimación de las instituciones judiciales así como de todo el sistema de partidos que se encuentra en crisis luego del golpe de Estado. Así mismo la relativa estabilidad económica se encuentra amenazada por precarios equilibrios que empujan al gobierno de Arce a buscar recomponer su legitimidad perdida y hacer frente a un arco opositor que no para de crecer luego de que su ex compañero, Evo Morales, se convirtió en la principal oposición de su gobierno.
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En declaraciones para la agencia de noticias ABI, la presidenta de la Asociación de las Víctimas de la Masacre de Senkata y Familiares de Fallecidos, Gloria Quisbert señaló que “Nosotros damos un aplauso porque (la acusación) es un paso más para encontrar justicia para que estos hechos no queden en la impunidad, después de una espera de (casi) cuatro años (…) ya con esto entraremos a lo que es el juicio”.
Es en este escenario que este nuevo juicio, quizás el más importante de todos, despierte a lo largo de su desarrollo las pasiones y la movilización de diversos sectores que buscarán influir en su resultado. Desde las páginas de La Izquierda Diario Bolivia continuaremos acompañando las demandas de justicia y reparación de las víctimas y sus familias.
