Tras la solicitud de la fiscalía, hacia el dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco, quien solicito 25 años de cárcel, mientras que la vocera de gobierno Camila Vallejos planteo: “Mientras las instituciones avancen siempre es bueno para una democracia”
Lunes 5 de diciembre de 2022
Estas instituciones de las cuales el gobierno plantean como avances, ¿cuales serían estas?
El viernes pasado la Fiscalía regional de La Araucanía entregó detalles de la acusación que presentó contra Héctor Llaitul, quien fue detenido en agosto por la Policía de Investigaciones (PDI), en el marco de una indagación por delitos que se habrían cometido entre 2021 y 2022.
Es en este sentido que su abogado Rodrigo Román expreso que no existen pruebas que puedan fundar la acusación, donde claramente se ha buscado encarcelar ideas.
Esta detenciones se han enmarca en una persecución política y criminalización hacia los sectores autonomistas del pueblo mapuche, quienes hoy se encuentran en huelga de hambre.
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No a la criminalización al pueblo mapuche ¡Por la libertad inmediata!
El gobierno de Gabriel Boric retomó el interés de recurrir la LSE el pasado 26 de abril. En el caso de la ampliación de la querella contra Llaitul, fue un expreso pedido de la industria forestal mediante Juan Sútil y de políticos de la derecha tras declaraciones realizadas en una entrevista (cuyo periodista que la realizó, denunció que está siendo hostigado por la policía). Entre los motivos de fondo del gobierno es cuidar la industria forestal con fuertes intereses en la zona, según un estudio de la Biblioteca Nacional del Congreso, entre las regiones del Bio Bio y Los Ríos se concentra casi el 70% de las plantaciones forestales.
Esta industria es la segunda en términos de exportación después de la minería y su principal producto es la celulosa. Las empresas más importantes CMPC y Arauco, controladas por las poderosas familia Matte y Angelini son las principales grupos económicos de la industria. Según un reciente estudio, este negocio capitalista ha incrementado la desigualdad y pobreza en la zona, además de realizar el cambio más significativo desde el punto de vista medioambiental. En 30 años, desde el impulso de la industria con subsidios de la dictadura, se ha cambiado más que en los 500 años anteriores provocando el despojo de las comunidades, daño a las aguas y suelos entre otros daños al medioambiente. Cómo ha señalado recientemente el medio Resumen, no habría robo de madera sin robo de tierras. Estos son los intereses tras la antidemocrática persecución política contra Llaitul. Hasta la propia diputada oficialista Emilia Nuyado insinuó que estábamos ante una nueva “operación huracán”.
