La semana pasada se dio media sanción por parte del senado bonaerense, a la creación de fiscalías especializadas en violencia institucional. Estas Unidades Fiscales de Investigación y de Juicio (UFIJ) se establecerán en todo el territorio de la provincia, y los fiscales que las conduzcan deberán presentar informes trimestrales, además de generar dispositivos de protección a las víctimas.
Celina Tidoni Abogada del CeProDH Rosario
Viernes 7 de noviembre de 2014
La aparición del presunto cuerpo de Luciano Arruga aún está a flor de piel, a lo que se sumó un nuevo caso donde se encuentra implicada la policía, el de Franco Casco. En este marco, y ante un fuerte cuestionamiento social del accionar de la justicia, se presentó éste proyecto que tiene como finalidad “controlar” la violencia ejercida por funcionarios estatales. Se nombrarían fiscales especializados para que investiguen este tipo de hechos, es decir que el mismo Estado se autocontrolaría, ahora con un nuevo “parche”.
La senadora Mónica Macha, de Nuevo Encuentro, es la impulsora del mismo, y plantea que surge para intentar dar una solución a la terrible realidad que atraviesan los bonaerenses en manos de las fuerzas de seguridad. Colaboraron con el mismo, otros organismos como la Comisión por la Memoria, el CELS, familiares de víctimas y funcionarios de los diferentes poderes.
Los casos de violencia policial en las calles de la provincia, apremios ilegales a detenidos en comisarías, torturas en las cárceles, son algunos de los casos en los cuales los funcionarios estatales cometen delitos todos los días. Pero éstos no son perseguidos ni criminalizados como los miles de pobres que hoy atestan los lugares de encierro y sufren la marginación social. Así como tampoco lo son los grandes delitos organizados que tienen a la policía como principal actor.
Con este proyecto, se proponen dar una salida dentro de la justicia, en este caso en el Ministerio Público Fiscal, para tratar este tipo de violaciones a los Derechos Humanos. De este mismo organismo salieron las fiscales de La Matanza Roxana Castelli y Celia Cejas, quienes dirigieron la investigación en el caso Arruga, y hoy se encuentran bajo juicio político por distraer el expediente y delegar la pesquisa en los mismos policías del destacamento de Lomas del Mirador.
De los mismos debates se desprende un enorme entramado entre el Servicio Penitenciario Bonaerense, la policía bonaerense y la misma justicia que “cajonea” las denuncias de violencia que presentan los familiares de las víctimas, lo mismo ocurre con las presentaciones judiciales, hasta con los habeas corpus, por agravamiento de las condiciones de detención que son accionados por los organismos, que terminan naturalizándose y hasta poniéndose en duda la palabra de las personas privadas de la libertad, ya que no se los reconoce como víctimas.
La misma senadora planteó que “se conocen el hostigamiento, las detenciones ilegales, el maltrato, el gatillo fácil y la tortura en sus múltiples formas, en contextos de encierro y fuera de ellos. Y también sabemos perfectamente que estos hechos en la mayoría de los casos no se investigan y quedan impunes”.
¿Podrá el mismo Estado ubicarse como acusador y acusado, agente que comete el delito y al mismo tiempo lo juzga, dentro del mismo entramado judicial que mantiene esta estructura de criminalización que invisibiliza las violaciones a los Derechos Humanos?
