Uno de los hombres con mayor patrimonio del Estado, exige al gobierno que mantenga las concesiones de varias autopistas de la red estatal, por la caída de tráfico en las autopistas debido al estado de alarma
Joe Molina Trabajador despedido de Panrico, Barcelona | @joemolina57
Miércoles 29 de abril de 2020
El 1 de septiembre de 2021 deberían finalizar los tramos de pago de los peajes de la AP-7, AP-2 y C-32. Es decir, los tramos Tarragona-La Jonquera, Barcelona-Zaragoza y Barcelona-Palafolls, las autopistas más rentables del Estado y que los usuarios, principalmente los catalanes por su ubicación, han pagado durante más de 40 años.
A causa de la crisis del Covid-19, el ejecutivo estableció una serie de medidas para proteger los intereses de las empresas afectadas y de aquellas que se han visto obligadas a cerrar, medidas que contemplan compensaciones económicas.
Pero no es el caso de las autopistas, que al ser consideradas esenciales no pueden aprovecharse de estas medidas y por lo tanto Florentino Pérez, principal accionista de Abertis y concesionaria de estas autopistas, pretende sacar tajada igualmente exigiéndole al Estado que el final de la concesión se alargue, es decir, se prolongue el tiempo que estas empresas concesionarias puedan seguir cobrándonos por los peajes en la misma medida que dure la pandemia.
Esta exigencia, a la que el ejecutivo se debería negar, se da justo después de que Abertis haya repartido entre su accionariado alrededor de 870 millones de euros, algo que parece de una indecencia sublime.
La llegada de este especulador al negocio de las autopistas ha logrado que se imponga su modelo de despido totalmente precario, modelo que ya aplicaba en el sector de la construcción. Además, es conocido por aplicar unas condiciones laborales totalmente precarias para los empleados de las empresas que gestiona, entre las que se encuentran las de Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) o las muchas residencias de gente mayor, a través de Clece Vitam que pertenece al grupo Clece, que a su vez es filial de ACS. Condiciones que no han mejorado como estamos viendo en la actualidad por las numerosas denuncias de sus trabajadores y trabajadoras debido al Covid-19.
Florentino Pérez parece haberse especializado en conseguir indemnizaciones del Estado con una facilidad pasmosa. Hace unos días saltó a la palestra la noticia de que la concesionaria del túnel transpirenaico, por el que circula el poco concurrido tren de alta velocidad entre Madrid y París, p estaba al borde de la quiebra y que gracias al negociado de estas concesiones el Estado deberá indemnizar a ACS con una cantidad entre 450 y 500 millones de euros. El hábil Florentino sabe cubrirse las espaldas, todo un parásito.
En el año 2008 se inició un proyecto para construir un almacén de gas frente a las costas de Castellón, lo que se conocerá como el famoso caso Castor. Proyecto que iba a ser el depósito de gas natural más grande del Estado español. Un proyecto innecesario y faraónico que llegó a calificarse como un regalo de José Luis Rodríguez Zapatero a Florentino Pérez.
Un proyecto que a 31 de diciembre de 2011 ya ascendía a 1.193 millones de euros, un 89,5% por encima del presupuesto inicial previsto y en 2013 ya alcanzaba los 1.700 millones de euros. Proyecto que finalmente producto de los 500 terremotos provocados por las propias obras, acabó fallido y siendo una ruina para las arcas del Estado, ya que ACS fue indemnizada con 1.350 millones de euros. Algo que todos los usuarios del gas pagaremos en nuestros recibos hasta el 2044.
El Estado parece ser muy generoso cuando se trata de beneficiar a tipos como éste y a la legión de patriotas que no les tiembla la voz ni el pulso a la hora de saquearnos. Si sus negocios van bien, las ganancias son privadas, si van mal, se socializan las pérdidas. No olvidemos que los millones de los que se benefician salen de las arcas del Estado a las que las mayorías trabajadoras más contribuimos.
Unos porque se lo llevan a paraísos fiscales, y luego van de patriotas, otros como este Florentino Pérez que es capaz de asegurarse sus beneficios a costa de acuerdos favorables que incluso en momentos como este por el que pasamos es capaz de saquearnos de nuevo.
Por esa misma regla de tres todos los trabajadores afectados por la crisis del Coronavirus deberíamos tener derecho a reclamarle al Estado nuestras pérdidas, reclamación traducida en no aceptar ningún despido ni ERTE y la exigencia de que el gasto producido sea soportado en mayor parte por las grandes fortunas mediante impuestos extraordinarios en lugar de hacer caer todo el peso en los hombros de la clase trabajadora como siempre.
Fin de las concesiones de las autopistas. Ni un euro más a estos empresarios parásitos. Prohibición efectiva de los despidos y que se garantice el 100% del salario. Renta de cuarentena para quien no tenga ingresos o no llegue al salario mínimo.
