La empresa Clece de Florentino Pérez exige una compensación económica del Estado por la disminución de ingresos durante el coronavirus en las residencias que gestiona. Los buitres quieren hacer negocio con nuestros abuelos y abuelas.
Lunes 25 de mayo de 2020
La empresa Clece, dedicada a gestionar residencias de ancianos, entre otros servicios, exige compensaciones económicas a las administraciones por la disminución de ingresos a causa de la pandemia y las muertes de ancianos afectados por el coronavirus.
La empresa, filial de ACS, una de las compañías líderes del Ibex35 y presidida por Florentino Pérez, pretende así hacer negocio sobre las miles de muertes de uno de los sectores de la población que más han sufrido la Covid-19 como es la gente mayor. Cómo si nuestros abuelos y abuelas fueran mera mercancía.
No obstante, no sorprende que Florentino Pérez ponga sus arpas capitalistas sobre este sector aprovechando la crisis sanitaria para sacar más beneficios para su conglomerado de empresas. En este sentido, hace unas semanas él mismo exigía al Gobierno otra indemnización por la caída de tráfico en las autopistas a causa del Estado de alarma.
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Desde Clece aseguran que "los costes derivados de la crisis sanitaria se han elevado más de 7 millones de euros desde el inicio de la pandemia", en cuanto a la parte que corresponde de las residencias.
Se calcula que en el conjunto del Estado español un 71% de las residencias son privadas, un total de 3844 centros, los cuales, una gran parte son gestionados por empresas como la de Florentino Pérez. Pero Clece, o más bien ACS, no es la única gran compañía que vio un rendija para amasar fortuna, tal como explica
Joe Molina en este artículo.
Empresas como DomusVi, Orpea, Amavir, Ballesol, Sacyr o la misma Clece antes mencionada son las principales compañías que controlan el sector de las residencias, conformando un complejo entramado financiero con el fin de presentar suculentos beneficios a costa de una baja calidad en uno de los servicios más esenciales, y profundizada de manera exponencial durante este meses de pandemia.
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Además, el enriquecimiento de estas empresas pasa también por una situación de precariedad laboral de las auxiliares y demés trabajadoras. Con plantillas reducidas al mínimo en los momentos de mayor carga de trabajo como son las higienes y con tareas que no corresponden a los auxiliares como la atención más cognitiva hacia los residentes o el servicio de lavandería. Mientras, los empresarios se llevan su buena fortuna que pagan las familas por necesidades tan básicas como el derecho a la atención de los más grandes. Una situación de precariedad que, con la emergencia del Coronavirus, se ha multiplicado por mil debido a la gran cantidad de bajas que han sufrido los profesionales sanitarios de las residencias.
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Ante esto, hoy es más necesario que nunca luchar porque todas las residencias privadas pasen a ser parte de una red de residencias públicas y gratuitas bajo control de las trabajadoras y trabajadores y familiares de residentes. Porque nuestras vidas valen más que sus beneficios.
