Mineduc anunció propuesta de ley para el primer semestre de 2019, que contemplaría una completa flexibilización del uso de los recursos que esta ley otorga a establecimientos municipales y particulares subvencionados. Esta propuesta tiene su origen en el trabajo de la comisión “Todos al Aula”, presidida por nada menos que Mariana Aylwin. ¿Se vienen los tiempos mejores para los empresarios de la educación?
Sábado 26 de enero de 2019
¿Qué es la Ley SEP?
Es la Ley de Subvención Escolar Preferencial, que surge a raíz del debate de calidad, segregación e inequidad educacional existente en el sistema educativo chileno. Dicha ley de subvención preferencial es destinada a los requerimientos específicos de aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales, o aquellos alumnos más pobres del país. Junto con la Jornada Escolar Completa fueron las reformas más relevantes implementadas por la Concertación para combatir la desigualdad en educación.
Sin embargo, desde 2008, año en que se promulgó esta ley, hasta la fecha, no ha estado exenta de polémica, pues otorga en promedio un 60% adicional a la subvención normal por estudiante, lo que, hasta el momento era previa suscripción al convenio de la Ley SEP, que implicaba rendición de cuentas, que acreditaran que los fondos eran usados con fines educativos, resultados en el SIMCE (evaluación estandarizada) y PME (Proyecto de Mejoramiento Educativo, establecido por cada comunidad escolar). Hacia 2012, eran numerosas las denuncias por mal uso de los fondos que eran entregados por esta ley, existiendo cifras de 1/3 de los recursos totales (USS 650 millones) perdidos.
“Una parte importante de los recursos de esta ley se han destinado a fines distintos a lo que la norma establece. Otra parte no despreciable no pudo ser siquiera auditada, lo que podría estar indicando un uso de estos recursos incluso en áreas que no tienen que ver con educación.” (CIPER 2012)
La desburocratización de “Todos al Aula”
Según las declaraciones de Marcela Cubillos (Ministra de educación) y Raúl Figueroa (Subsecretario de educación), sobre el trabajo y las propuestas realizadas por la comisión “Todos al Aula”, presidida por Mariana Aylwin, la necesidad de eliminar los requerimientos adscritos al convenio de la Ley SEP se sustentan en la idea de disminuir la sobrecarga burocrática que afecta a las escuelas, siendo así aquellos establecimientos educacionales que hoy no se adscriben a la ley SEP, por no generar las rendiciones de cuentas, ni atenerse a acuerdos de rendimiento ni mejora, podrían acceder a estos fondos, incorporando cerca de cien mil estudiantes prioritarios que hoy no reciben
subvención especial. Pero, cabe preguntarse ¿Son los estudiantes prioritarios quienes recibirían esta subvención, al no mediar ningún tipo de requerimiento previo?
La comisión “Todos al Aula”, de mano de la derecha no encontró mejor solución al problema de la carga burocrática en las escuelas, que eliminar el convenio de la Ley SEP que toma los aspectos pedagógicos para justificar la inversión de los recursos del Estado, en vez de trabajar en una optimización en los mecanismos de rendición de cuentas, o fijar criterios pedagógicos basados en la realidad escolar de cada comunidad, como sería por ejemplo, asentar el convenio de la ley SEP en una forma más complejizada del PME (proyecto de mejora educativo), que en el SIMCE.
Esta propuesta y salida política, una vez más, demuestra que la derecha viene a imponer en educación sus propios intereses, los del empresariado educacional, que verán con muy buenos ojos cómo miles de millones por ley SEP tendrán ahora una mayor posibilidad de ser desviados.
