La catástrofe ya llegó: entre el colapso de la salud pública y la presión por reabrir el mercado laboral

Chile en menos de dos meses empeoró con creces su economía. Según el índice mensual IMACEC (indicador que mide la actividad económica de diferentes sectores y que expresa el crecimiento del PIB) en abril la economía cayó un 15,1%. Índices así no se veían desde 1986. Las actividades más afectadas fueron los servicios, la construcción, el comercio y la industria manufacturera. En el área de servicios hay desplomes completos de hoteles, restaurantes y servicios educativos. La única actividad que se salvó del desplome y que tuvo un crecimiento del 0,1% fue la minería. [1]

El desempleo aumenta mes a mes. Según economistas nacionales y externos estiman que el desempleo alcanza al 20% de la clase trabajadora. La empresa de estudios financieros JP Morgan dijo que INE manipula las cifras. El 9% declarado por el instituto público no considera el efecto del confinamiento y el cierre temporal de empresas. Los cerca de 900 mil despedidos “emigraron de la fuerza de trabajo activa” por lo tanto no han sido reabsorbidos por otras empresas. Y eso se acumula desde marzo. A eso habría que sumarle los suspendidos que están sobreviviendo del Seguro de Cesantía que se acaba después del tercer mes. Sólo en abril había más de 700 mil suspendidos según la propia Ministra del Trabajo María José Zaldivar.

La estrategia sanitaria del gobierno, agotada y al filo del colapso del el sistema sanitario, no logra detener semana a semana el avance del contagio y las muertes. Lo que podría posponer indefinidamente la re-apertura del mercado laboral. Según JP Morgan este 20% no estaría encontrando trabajo por la política prolongada de cuarentenas. [2] El plan de Piñera es que la empresa privada genere el empleo pero esto está lejos de poder ocurrir. Esta tendencia general podría mantenerse por lo menos los siguientes dos trimestres.

El hambre ya comienza a asolar en los sectores más precarizados de la clase trabajadora. Como lo demuestran los hechos de El Bosque el 18 de mayo cuando cientos de pobladores se tomaron las calles denunciando desabastecimiento y desempleo. Aunque siguen protestas por el hambre el gobierno ha focalizado rápidamente ayuda a través de los municipios pero es lejos de ser una solución integral al problema.

Del “acuerdo nacional” a la propuesta económica del Colegio Médico: un pacto para hambrear al pueblo

El viernes 29 de mayo ocurrió una histórica instancia de unidad entre el gobierno y la oposición. Los partidos tradicionales de la Derecha y la ex concertación se dieron cita y sumaron a la diputada Catalina Pérez de Revolución Democrática. En la cita acordaron que se requiere la estabilidad del gobierno para los próximos meses y sellaron el acuerdo de trabajar en común hasta conseguir un plan de emergencia económica y sanitaria de unidad. El consenso fundamental es que Chile tiene que usar sus fondos de reserva y endeudarse.

Sobre lo primero ha destacado la propuesta económica del Colegio Médico (Colmed) de utilizar el Fondo de Estabilización Económica y Social, creado en 2007, para aumentar el gasto público. El FEES equivale a 12 mil millones de dólares, representa el 5% del PIB, y según el Colmed podría cubrir gastos relativos al mantenimiento de los desempleados y suspendidos (asegurando el 60% del sueldo). El objetivo es “ayudar a las familias” y estos aportes deben “ser estables mientras dure la etapa de contención de contagios de modo de facilitar las cuarentenas y el distanciamiento. Ellos deben retirarse gradualmente sólo en combinación con una apertura progresiva de la economía”. El plan consiste en utilizar fondos de reserva para gastarlos en mantener a las familias más afectadas mientras el mercado laboral se vuelva reactivar, el cálculo que sacan es que ese fondo alcanzaría a cubrir sólo 18 meses, asegurando el 60% del sueldo a los suspendidos y un bono para familias vulnerables de 300 mil pesos, para familias de mínimo cuatro integrantes según Registro Social de Hogares.

Los integrantes de la mesa económica del Colmed quienes confeccionan la propuesta es firmada por los economistas José De Gregorio, Sebastián Edwards, Claudia Martínez A., Andrea Repetto, Claudia Sanhueza, Rodrigo Valdés. Éste último ex ministro de Economía del segundo gobierno de Bachelet. Ésta propuesta según la carta debería facilitar un acuerdo nacional de todos los sectores para definir una política macroeconómica mientras dure el golpe de la pandemia. También según el documento el uso de ese fondo se podría compensar con endeudamiento tanto en el mercado externo como interno. Estiman que la emisión de bonos estatales y la proyección del crecimiento a largo plazo permitiría pagar aquellas deudas. Rodrigo Valdés ya enfrentó la crisis de 2009 de una manera similar: uso de fondos de reserva y endeudamiento. ¿Servirá esta receta para la situación actual y sus tendencias a futuro? La recuperación económica de ese año se basó en la demanda China de commodities primarios. Pero ese crecimiento económico chino ya no existe. En general hay un recorte en el crecimiento mundial, y la guerra comercial USA-China como parte de las dificultades que tiene la economía chilena, muy probablemente vuelva a asomar tras los efectos de la crisis.

El pacto de los partidos con Piñera y la propuesta económica del Colmed se manejan en los marcos de un consenso peligroso para las masas trabajadoras. Primero porque serán focalizados para cierto tipo de trabajador y tanto el Seguro de Cesantía como los bonos para familias están de bajo de la línea de la pobreza. Además ese fondo de 12 mil millones proviene de ahorros del Estado cuyos ingresos tributarios corresponden principalmente a impuestos que pagan los trabajadores y pequeñas empresas. El hambre persistirá a pesar del consumo de ese ahorro. En segundo lugar la estrategia de endeudamiento hará que la deuda la paguen los trabajadores y las pequeñas empresas que en conjunto alimentan más del 70% del ingreso tributario según la ley tributaria vigente. Y la contracción de las economías mundiales afecta directamente a los bancos internacionales los que con mucha seguridad aumentarán las tasas de interés incrementando exponencialmente el valor posterior de la deuda.

La deuda externa chilena es eminentemente deuda privada (de hogares y empresas) que en abril batió récords según Banco Central. La deuda externa total se ubicó en 196.550 millones de dólares (que representa el 82,9% del PIB). [3] En el caso de la deuda pública chilena en 2019 asciende a los 84.000 millones de dólares. Según el economista Alejandro Alarcón ésta podría llegar en 2024 a más de 120.000 millones de dólares (es decir un 40% del PIB). La historia dice que las deudas públicas siempre las termina pagando el pueblo. En 1931 el dictador Carlos Ibáñez dejó al país en la ruina tras iniciar un ciclo de endeudamiento con bancos estadounidenses: 496,1 millones de dólares de la época. [4] Aquella deuda sólo pudo seguir pagándose recién en 1945. Pero el aumento del gasto público produjo un espiral de deuda. Entre 1945 y 1970 la deuda pública creció de 295 a 2.218 millones de dólares de la época. [5] En todos los períodos de renegociación de la deuda los gobiernos realizan ajustes y descargan la deuda sobre las condiciones de vida. Es el caso de las décadas del ‘30, ‘50 y los años ‘80, en donde hay gran cantidad de desempleo y abundan las ollas comunes, la precarización y la marginalidad sobre la clase trabajadora. Para el futuro la tendencia que reconoce el FMI es que se transforme la deuda privada en deuda pública en la medida en que el Estado asuma el estancamiento empresarial.

La Dictadura militar fue un proyecto económico de la burguesía chilena para deshacerse de esa deuda por medio del más brutal ajuste fiscal en la historia, las privatizaciones de empresas del modelo del siglo XX, y la desprotección social por la reducción del gasto público. Si bien lograron reducirla significativamente con este costo, cuando llegó la crisis internacional a Chile en 1982, el Dictador y su grupo de economistas neoliberales descargaron la deuda privada pendiente y sobre los hombros de la clase trabajadora, aquella que había sido contraída con el experimento neoliberal del boom de importaciones entre 1975 a 1980. Rescataron a las empresas y a los bancos mientras pasaba la tormenta. Nunca como antes en Chile hubo tanta miseria. El poder adquisitivo del trabajador fue el más bajo de todo el siglo XX.

Actualmente el gobierno sigue la senda del endeudamiento. El Banco Central ya firmó una línea de crédito flexible al FMI, preventivo, que bordea los 23.930 millones de dólares. Esto equivale al al 8% del PIB del país. Esta cifra también es igual a la mitad del total de las reservas internacionales del BC, y que es muy superior a todo lo invertido por el gobierno, por ejemplo, para enfrentar la pandemia en hospitales y centros de salud. Se estima que el Estado, luego de asumir esta deuda, debería pagar un interés mensual de 2.400 millones de dólares. Un verdadero saqueo.

Uso de fondos de reserva para sostener a los desempleados y endeudamiento para financiar a las empresas estancadas: ¿Podrían favorecer una catástrofe local?

El secreto de este consenso entre Piñera, la oposición y el Colmed es preservar las ganancias de los empresarios. Los fondos saldrán del Estado y las grandes fortunas no pagarán nada, a pesar de continuar su acumulación durante los meses de pandemia. El empresario multimillonario Andrónico Luksic días después saludó la propuesta económica del Colmed y se mostró de acuerdo en aplicarla cuanto antes.

La tesis de que el desempleo se reducirá por medio de la acción del mercado laboral tiene muy poco sustento real. En marzo el gobierno ya destinó un plan de créditos blandos para grandes y medianas empresas pero lo que hicieron estas empresas fue pagar sus propias deudas en vez de reactivar la economía. Tal como muestra IMACEC las empresas se encuentran estancadas. El ministro Briones en una conferencia con el gremio empresarial SOFOFA a mediados de mayo les aseguró que la política fiscal se mantendría por la misma senda de otorgar mayor liquidez a las empresas, aportes que superan con creces los escasos fondos que se están destinando a las familias. Y esos escasos fondos también podrían ser consumidos con más rapidez que lo esperado si aumenta la inflación y especulación por problemas de abastecimiento, fenómenos ocurrentes dentro de una crisis económica.

Este plan podría llevar además a una recesión local ¿En qué sentido? Las empresas privadas tienen la tendencia a pagar deudas en vez de destinarla a la reinversión productiva, lo único que podría evitar la continua caída económica. En abril ningún sector utilizó los créditos para reinvertir, salvo en minería donde hubo un débil crecimiento. ¿Podría un plan estatal de empleo solucionar ese problema? Tal como lo hizo el gobierno de Roosevelt en EEUU en 1933 que absorbió a la masa de desempleados a través de un plan de obras públicas. El problema no es la sangre o liquidez , el problema es la el corazón o tipo de acumulación capitalista chilena: basada en inversión extranjera y en industrias nacionales dependientes de la demanda externa.

Un plan ilegítimo: de la revuelta de octubre a la pandemia económica

El gobierno de Piñera estuvo al borde de la bancarrota durante la revuelta de octubre y noviembre de 2019. La huelga general del 12 de noviembre lo estaba llevando al borde del precipicio. Las masas exigían la salida del presidente y la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Este escenario fue evitado porque el 16 de noviembre todos los partidos incluyendo al Frente Amplio firmaron un pacto “por la paz y una nueva Constitución”. La CUT levantó las medidas de lucha y entró en una tregua con el gobierno que se mantiene hasta hoy. El plebiscito, estrategia de desvío de la revuelta de octubre, fue pospuesto para octubre y pasó deliberadamente a segundo plano con este nuevo pacto de Piñera con la oposición.

Revolución Democrática y el Frente Amplio son integrantes plenos de una nueva cocina de los partidos tradicionales. A espaldas del pueblo Catalina Pérez de RD formó parte de la primera etapa del acuerdo nacional convocado por Piñera para enfrentar la crisis otorgando su firma en el primer documento del pacto que desea el endeudamiento para el país en un escenario mundial incierto. Al igual que en octubre este pacto económico es ilegítimo. Pero ahora será peor: pues no se trata de un cambio en la Constitución, se trata de un pacto con la estabilidad de las ganancias empresariales y que traerá hambre para el pueblo, y con mucha probabilidad acelerará una posible recesión local.

¿Es necesario utilizar los fondos de emergencia para beneficio de los trabajadores? Si, pero si eso se hace para mantener a una minoría capitalista a salvo, tras más de 30 años de saqueo y explotación, no es más que una medida para engañar al pueblo y buscar que se contente con migajas. Un salario de emergencia debería cubrir una canasta básica familiar que sobrepasa los 500 mil pesos. ¿De donde se podrían obtener esos recursos? De un impuesto de emergencia a los grandes fortunas; como los 10 grupos económicos monopólicos del país. Según un estudio de CIPER las familias ricas parte de estos grupos acumulan una riqueza superior 250.000 millones de dólares, prácticamente lo que Chile produce en un año. ¿Por qué a ellos no se les hace pagar la crisis?

Medidas parciales como un impuesto a los ricos o utilizar los fondos, si se piensan como medidas aisladas, entrarán en el marco del pacto para salvar a las grandes empresas bajo el enfoque de regular y por lo tanto, preserva la macroeconomía existente. Por el contrario estas medidas deberían implementarse en base a un plan que no preserve el orden existente sino que lo transforme. Un plan integral que se haga cargo del conjunto del drama económico. Habría que partir por un impuesto del 20% a las grandes fortunas para financiar un salario de emergencia equivalente a la canasta básica. Pero sin control de precios y abastecimiento el salario podría no servir. A su vez es urgente la nacionalización de recursos naturales en manos de empresas multinacionales en donde también participan los grupos económicos chilenos: el cobre y el sector forestal siguen siendo sectores dinámicos. Un estudio de la Universidad Chile indica que son casi más de 10 mil millones de dólares por año en renta que se llevan al extranjero las grandes mineras privadas. El problema de la acumulación de riqueza no se soluciona si no se afecta la propiedad y el sentido de aquellas empresas. Para ponerlas al servicio de las necesidades sociales de las mayorías es urgente que toda empresa que cierre o que sea nacionalizada sea puesta a funcionar bajo control obrero, para garantizar que las riquezas se pongan en función de enfrentar el colapso hospitalario a través de un aumento del presupuesto para la salud pública y el control de la salud privada por parte del Estado.

Hay que avanzar también a establecer el control obrero de las industrias básicas de alimentación, sanidad y de abastecimiento, y que con sus comités y en alianza con la población, se vaya planificando el abastecimiento. Asimismo, con comités obreros y populares de control de precios frente a la especulación de los capitalistas que aumentan los precios.

El único camino para poder conseguir además un proceso de reinversión productiva sería nacionalizar la banca, en un banco único estatal para toda inversión tenga por objetivo la generación de valor para el conjunto de la sociedad y que esta no vaya a las arcas de las corporaciones capitalistas rapiñas, que se llevaban el valor generado por los trabajadores en Chile, en lo que se conoce como “renta por instrumento de deuda”, que es el mecanismo predilecto de traspaso de valor, desde la producción desarrollada en Chile a las arcas de las monopolios financieros.

Ante este acuerdo ilegítimo es impostergable la exigencia de una Asamblea Constituyente, a partir de la salida de Piñera y todos sus ministros, y bajo un carácter de libre y soberana para discutir sin ninguna traba ni cerrojo toda la economía nacional. Aún estamos a tiempo de evitar la peor crisis económica capitalista de la historia de Chile. Una instancia democrática radical como la AC permitiría acelerar la experiencia con los partidos tradicionales y el régimen burgués en Chile. Sin embargo la única salida integral al drama histórico de las crisis capitalistas sería un gobierno de trabajadores en ruptura con el capitalismo.