Ayer el Presidente Boric entregó su tercera Cuenta Pública, en donde uno de los focos fue “seguridad”. El mandatario anunció un aumento a las gratificaciones de Carabineros y el nuevo Ministerio de Seguridad. ¿El fortalecimiento de las policías y la represión resuelve realmente la inseguridad?
Domingo 2 de junio de 2024
Fueron los primeros once puntos de su discurso en que el Presidente Gabriel Boric se refirió a temas relativos a la seguridad pública. Haciendo alarde incluso, que desde el retorno a la democracia, ningún otro Gobierno había publicado tantas leyes sobre seguridad como el actual.
Lo primero tuvo que ver con elevar las dotaciones de las policías, algo que también fue anunciado en la Cuenta Pública del 2023, sin embargo, esta vez este plan no sólo estará enfocado en Carabineros, sino que también en la PDI. Entre estas medidas, destacó el mayor plan de adquisiciones en una década, que incluye blindados, drones, detectores de droga, y la mejora del armamento y la flota vehicular.
Boric también anunció un incremento en la gratificación de carabineros que trabajan en las calles, indicando que “llegará a representar hasta un sueldo entero adicional al año”. A la vez que confirmó su decisión de crear el Ministerio de Seguridad, donde recalcó que “sin seguridad no hay libertad y sin libertad no hay democracia”.
Más policía no es más seguridad
La creación de este nuevo Ministerio viene a consolidar la línea represiva del gobierno, otorgándole un respaldo a las FFAA, para reprimir a la población. Lo pudimos ver durante la rebelión popular en 2019 y lo podemos seguir observando con el actuar de las policías en las calles, con la línea del “gatillo fácil” y constantes montajes, sabemos que finalmente la brutalidad del aparato represivo se descarga cotidianamente sobre los trabajadores, las mujeres, la juventud y los sectores más golpeados por la desigualdad social.
Por esto mismo cuando el gobierno habla de fortalecer a sus instituciones en favor de la “seguridad pública”, no se refiere a cuidar a las familias trabajadoras, se refiere precisamente a seguir resguardando las prácticas abusivas y corruptas que tiene la casta de políticos y empresarios que hoy gobiernan y manejan el país, quienes cometen delitos millonarios y se llevan como condena “clases de ética”. Solo buscan darle mayor impunidad a las fuerzas represivas, justificada en que es en pos de la seguridad pública.
La experiencia internacional nos muestra que estas políticas, contra la delincuencia y las drogas, han significado un fracaso. No buscan abordar en ningún caso las causas estructurales de la inseguridad, ni tomar en cuenta los problemas de las mayorías: vivienda, trabajo, salud, educación.
La verdadera inseguridad
Los medios de comunicación y algunos políticos se empeñan en criminalizar a la juventud y sectores populares. Esta condena se suma a que son estos sectores son los que más sufren la inseguridad que provoca la desigualdad social, con hospitales y escuelas públicas que se caen a pedazos, sin posibilidad de acceder a una vivienda digna y con una precarización laboral que provoca que un joven gane menos trabajando en una fábrica, si es que puede conseguir un trabajo, que en el verse envuelto en tráfico de drogas. Además de contar con muy pocas posibilidades de acceso a la cultura y el deporte.
Es por eso que las propuestas no buscan atajar el problema de raíz, que nace principalmente de la desigualdad social que se produce de la explotación capitalista y la acumulación deliberada de los empresarios a costa de la vida de las y los trabajadores. El enfrentar este problema con mayor represión, expresa la nula intención del gobierno en resolver este tema, precisamente porque el hecho de la existencia de estas condiciones sociales, perpetúa la necesidad de la existencia del aparato represivo, que su único fin es proteger a la clase dominante y que esta pueda mantenerse existiendo en base a la explotación de millones de trabajadores y trabajadoras.
