Fracasa Feijóo, pero la derecha seguirá a la ofensiva ¿Cómo enfrentarla de forma independiente del gobierno y el procesismo?

Como era de esperar, la investidura del popular Nuñez Feijóo, ha sido rechazada por 178 votos en contra frente a los 172 de PP, Vox, UPN y CC. Concluían así dos jornadas de debate parlamentario que adelantan los ejes de las próximas semanas, meses y quizá algunos años.

La derecha y la extrema derecha han tratado de aprovechar estas horas para iniciar la que esperan sean la tercera campaña electoral del año. El discurso de Feijóo y la mayor parte de sus réplicas han sido una continuación de la manifestación españolista del pasado domingo. La oposición a una posible amnistía y a nuevas “cesiones a los independentistas” ha unido a Vox y PP, en un verdadero alegato en tono búnker del 78. Este rechazo ha sido, además, elevado a la categoría casi de Cruzada en defensa del régimen constitucional y la nación española. Los tics “treintaseisianos” de la derecha española que nunca se fueron.

PSOE y Sumar han querido mostrarse tranquilos. Contestando con segundas, terceras y decimonovenas figuras, en vez de exponer a Sánchez y Díaz. Tratando de vender una imagen de que esto era un mero trámite, y que la nueva legislatura “aún más progresista de la historia” es cuestión de semanas. No han querido convertir la tribuna en un adelanto, ni de su programa de gobierno, ni siquiera de los contenidos de los acuerdos con ERC y Junts.

ERC da por hecha la amnistía. Lo hace en las Cortes y en el Parlament catalán, que estos días vive también su anual debate de política general. Junts se muestra más cauta, Puigdemont llega incluso a desmentir el optimismo de Aragonés. Ambas formaciones meten además la cuestión del derecho a decidir como condición para investir a un presidente del PSOE ¿Será real o será un apriete negociador para, al menos, conseguir lo primero?

Pareciera que el trato ya está hecho. Pero es imposible saberlo. Las negociaciones por arriba son tan opacas como seguramente limitados sus resultados en cuanto a la resolución real de las demandas democráticas que sirven hoy de moneda de cambio o regateo.

Lo que es seguro, es que, ambas cuestiones vuelven a plantear una grieta por las alturas en el Régimen del 78. Dos proyectos diferentes de como conseguir una restauración estable. El de la derecha - y con ella la Judicatura, gran parte de los cuerpos policiales y la misma Corona - a su grito de “Santiago y cierra España”. Y el del “progresismo” que quiere unidad nacional y Corona, pero reintegrando a los representantes de la burguesía catalana como los virreyes que fueron en la época pujolista.

La patronal y el establisment económico actúa, hasta ahora, con el pragmatismo de los negocios. No se casa ni con un ala ni con la otra. La política de mano dura fue apoyada por ella sin fisuras en 2017 - también por el PSOE directamente, mientras Unidas Podemos se ponía de perfil -. La restauración “progresista” de PSOE y Unidas Podemos no ha tenido tampoco oposición relevante de ellos, sus negocios - y las transferencias directas de dinero público - no han hecho más que aumentar. Lo único que piden a ambos es, estabilidad política, pero no parece que justo eso es lo que le podrán dar.

En esa pelea por arriba, y contra todo pronóstico de los "plumillas" de la Corte, la cuestión catalana reaparece en escena, aunque sea, de momento, solo por arriba. La obra conjunta de agentes tan dispares como la derecha cientocinquentaycinquista, el progresismo de los indultos y el procesismo claudicante en sus dos versiones - la neoautonomista y la performativa - de desactivar el movimiento democrático catalán, puede entrar en barrena.

En las próximas semanas seguramente asistamos a la formulación de un acuerdo histórico, que no llegará al grado de “compromiso histórico” togliatiano como deliraban recientemente Enric Juliana y Pablo Iglesias. Un compromiso para una investidura que, como los indultos, servirá, en el mejor de los casos, para salir del paso. Una amnistía parcial - que no alcanzará ni a todos los independentistas, en particular a los acusados de desórdenes públicos o terrorismo, ni a todos los luchadores y disidentes represaliados - es lo más que hay sobre la mesa. El derecho a decidir quedará de nuevo encajonado, quizá ERC consigue que le pongan una nueva mesa donde sentarse a perder el tiempo, pero poco más.

¿Esto sería suficiente para lograr la investidura? Ni eso está claro. Pero, aun en el caso de que sí - que Puigdemont se desdiga, una vez más - ¿Qué legislatura habría por delante?, seguramente “la más inestable de la historia”. Las posibilidades de PSOE y Sumar de sumar más “síes” que la derecha serían una travesía del desierto permanente. La disputa entre ERC y Junts por las elecciones autonómicas de 2025, mantendrán viva la competición para ver quién queda como más exigente sobre las demandas pendientes.

Pero además, la derecha no va a quedarse conforme con un resultado así. En las próximas semanas la veremos desplegar toda su artillería mediática, judicial y de las cloacas para evitar una amnistía que, por parcial que sea, se considera una afrenta a la batalla del 1-O y la respuesta dada por el mismo Felipe VI el 3-O. Pero, si esto no consigue una fracaso de la investidura, se preparan para una guerra de desgaste en clave destituyente por la ilegitimidad de un gobierno que “quiere romper España”.

En este contexto, ¿Cuál es el papel que esperan que juguemos la clase trabajadora y aquellos que en Catalunya y otros lugares del Estado no se conforman con encajonar las demandas democráticas contra este régimen? El de convidados de piedra. Lo quiere obviamente la derecha, que tratará de monopolizar la calle galvanizando a sus cohortes cayetanas. Lo quieren los “progresistas” que esperan poder seguir gobernando, como hasta ahora, tranquilos y manteniendo lo esencial de las políticas de beneficio a las grandes empresas. Y lo quieren las direcciones procesistas, cómodas en las peleas y negociaciones por arriba y que, después de 2017, han aprendido que respecto a apelar a la movilización social para fortalecer la posición negociadora… “Los experimentos, con gaseosa”.

Esta pasivización tiene estas semanas una constatación de escándalo. Mientras el PP llena las calles de Madrid con rojigualdas y discursos anticatalanes, la izquierda social, sindical y hasta anticapitalista - que siguen subordinados a la hoja de ruta del que no dejan de considerar “su gobierno” - no mueven un dedo. En Catalunya ocurre similar, ni ERC ni Junts llaman a movilizarse, pero tampoco la izquierda independentista y la izquierda sindical que convocó la huelga del 3-O.

Es urgente romper esta paz social que solo beneficia a los que quieren acuerdos raquíticos por arriba, y la derecha que espera retornar con una agenda aún más represiva y recentralizadora. La izquierda sindical, independentistas y de los movimientos sociales de Catalunya y el resto del Estado, deben romper la subordinación a “progresismo” y el “procesismo”, y llamar a movilizaciones en defensa de la amnistía total, el juicio y castigo a los represores - y no la impunidad que defiende Sumar - y el defensa del derecho de autodeterminación, a la vez que le exigen a los grandes sindicatos que hagan lo mismo.

Solamente aprovechando esta brecha por arriba que se abre, podremos detener el curso autoritario del régimen, que se ha mantenido y profundizado también con el gobierno “progresista”. Solamente así, podremos recuperar la capacidad de movilización y organización perdida con el “asalto a los cielos con las urnas” o la “república de las sonrisas”, terminar con esta democracia para ricos y poder resolver también los grandes problemas de precariedad, vivienda y pobreza que ninguno de los dos proyectos de restauración van a abordar.

Es hora de tomar las calles, no regalárselas a la derecha y pasar nosotros, la clase trabajadora y los sectores populares a la ofensiva. Ante sus debates y disputas por arriba, tenemos que luchar por estas demandas democráticas negadas, y por un programa de emergencia que incluya medidas como la derogación de todas las leyes liberticidas, de todas las reformas laborales precarizadoras, los pensionazos, por reducir la jornada laboral sin merma salarial, por adelantar la jubilación a los 60 años y 55 para los empleos insalubres, por un SMI de 1800 euros, cláusulas de revisión salarial mensuales, la expropiación de los grandes tenedores y la intervención del mercado inmobiliario bajo control de los inquilinos y la nacionalización de todo el sector energético.