Con representantes del Ministerio de Justicia se reunieron a las 9.30 de la mañana los dirigentes de la asociación de funcionarios del Registro Civil. El Gobierno creyó que ganaba el punto del rechazo a las demandas de los trabajadores amparado en la desaceleración económica. Una asamblea posterior rechazó sus inciertas promesas.
Martes 27 de octubre de 2015
El Gobierno iba por algo más
La noche del lunes, Nelly Díaz, presidenta de la asociación de trabajadores del Registro Civil, declaró en una entrevista por televisión que se abrían a posponer el bono prometido para el 2016 para el 2017, aunque con algún gesto para el año que viene.
El Gobierno creyó que ganaba su punto. Lograría finalizar el paro, desactivar el paro en solidaridad de la ANEF, y lograría algo más.
¿Qué es lo que en realidad buscaba? En primer lugar, asegurarse una negociación administrativa de reajuste del sector público que se inicia en noviembre.
Por sobre todo, un mensaje a todos los trabajadores. Apenas terminada la reunión, el vocero de Gobierno Marcelo Díaz expresó que "hubo señales que se hacen cargo de algo que dijimos desde el comienzo. Podemos dialogar y lo podemos hacer sobre la base de entender que hoy día hay una mayor estrechez presupuestaria y que no estamos en condiciones de atender todas las demandas … la búsqueda de acuerdos hay que hacerla dentro del contexto de las posibilidades que tiene en el país para atender un conjunto de prioridades, como Salud o Educación".
El mensaje del Gobierno es a todos los trabajadores: limitar sus expectativas, moderar sus demandas, posponerlas.
Pero no lo logró.
El Gobierno sale debilitado
La primera derrota del Gobierno, que lo debilita, es haberse sentado a negociar con los trabajadores movilizados, lo que dijo que no haría.
La segunda, el rechazo de la asamblea a la propuesta que hizo.
Los trabajadores admitieron posponer el pago del bono para el 2017. Pero la propuesta del Gobierno era precarizadora.
Tres puntos críticos motivaron la decisión de los trabajadores. Los montos, el instrumento para lograrlo, la ausencia del ministerio de Hacienda.
La trampa estaba en un punto definido, que se está intentando implementar en otras reparticiones públicas.
Los trabajadores proponen implementar el bono por cumplimiento de metas sobre cantidad de atenciones realizadas por cada funcionario.
El Gobierno, por el contrario, planteó incrementar el actual bono asociado a las evaluaciones de calidad del servicio. Es decir, independiente de la carga laboral efectiva de los trabajadores. Un criterio de empresa privada, precarizador y que busca intensificar la carga laboral.
Hubo una tercera derrota del Gobierno. La Corte de Apelaciones rechazó el recurso presentado por parlamentarios del PPD y la DC en contra de los funcionarios del Registro Civil.
La batalla no está ganada
Pero se refuerzan los ataques. La prensa empresarial, agudiza su campaña para oponer usuarios a trabajadores.
Una asociación de consumidores, la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (Odecu), presentó una demanda colectiva en contra del Estado por no prestación de servicios.
Además, el Gobierno mantiene los sumarios internos que revisará la Contraloría.
El paro en solidaridad de la ANEF para mañana miércoles suma fuerza al paro de los trabajadores del Registro Civil, y a la vez sumará fuerzas a la negociación del reajuste del sector público. De obtener sus demandas, podrá ser también un aliento a las movilizaciones de todos los trabajadores, una derrota al discurso de las restricciones presupuestarias por la desaceleración económica del Gobierno, un envión para la lucha contra los despidos, que masivamente están padeciendo los trabajadores mineros.
