Son ya 50 quejas ciudadanas recibidas por la CNDH, por afectaciones del sismo del 19 de septiembre.
Sandra Romero México | @tklibera
Viernes 29 de septiembre de 2017
Foto: Proceso.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha recibido al momento 50 quejas posteriores al sismo del 19 de septiembre, donde denuncian fraude, la imposición de cambios en el uso de suelo y homicidio culposo.
Son 82 carpetas de investigación que fueron presentadas por la Comisión en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, que asoman las graves negligencias detrás de la muerte de más de 300 personas bajo los escombros de edificios colapsados en el sismo.
Además, por la presión de las familias que aguardan frente a los edificios siniestrados para tener noticias de sus seres queridos, la CNDH ya había exhortado al gobierno federal, desde el 22 de septiembre, al cese de maniobras con maquinaria pesada en el levantamiento de escombros, además de la necesaria entrega de información sobre la situación de los rescates.
Los graves daños por los sismos han destapado la corrupción de constructoras, inmobiliarias y administradores del gobierno de la Ciudad de México, relacionados con el manejo habitacional y de uso de suelo. La delegada de Morena, Claudia Sheinbaum, se vio obligada a iniciar denuncias contra los funcionarios previos a su administración, con la intención de aparecer ante la opinión pública sin responsabilidad por las irregularidades surgidas en el Colegio Rébsamen, que cobraron la vida de decenas de niños.
Intereses políticos, empresariales y electorales comienzan a surgir, tras la tragedia de miles de familias afectadas en la vida o la salud de alguno de sus integrantes, en sus viviendas, servicios como agua y labores cotidianas.
Han surgido testimonios además por la negligencia patronal de empresas, como ocurrió en la fábrica textil de Chimalpopoca, donde negaron a sus trabajadores, mayoría mujeres, la posibilidad de salir de las instalaciones al momento del sismo, lo que aumentó el número de víctimas sepultadas bajo los escombros.
Sin embargo, para el gobierno la reconstrucción de daños y la reparación a las víctimas y sus familias, no es una prioridad gubernamental, como expresan las respuestas oficiales, sobre el mantenimiento sin cambios al paquete económico 2018 o la negativa a destinar recursos de los partidos a esta emergencia.
En este marco, Amnistía Internacional ha lanzado una campaña en 70 países, exigiendo al gobierno de Enrique Peña Nieto y a Miguel Ángel Mancera, la reconstrucción de la ciudad, con la protección a los derechos humanos de la población.
Tanto la CNDH, como la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, dan difusión a sus mecanismos de contacto y denuncia con la población. Sin embargo, aunque han llegado algunas que ya destapan las graves negligencias del gobierno, no será esta Comisión la que podrá llevar hasta el final la justicia para las miles de familias afectadas por el sismo. Su funcionamiento de intermediación y denuncia tiene importantes límites: los que surgen de trabajar en ámbitos institucionales del propio régimen. Por el contrario será la población, las familias afectadas, los propios trabajadores y sus organizaciones, junto a organismos de derechos humanos independientes y organizaciones sociales, la que podría implementar planes de lucha y organización que comiencen a dar rumbo a la reorganización de la ciudad.
