La reapertura del registro de autos para aplicaciones dispuesta por la IMM promueve la flexibilización y precarización laboral en el sector y pérdidas de fuentes laborales, asegurando a su vez mayores negocios para la multinacional Uber según denuncian los sindicatos del transporte.
Jueves 21 de marzo de 2019
El 31de marzo vence el periodo de clausura de ingreso al registro de conductores de aplicaciones del transporte dispuesto por la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) en mayo del año pasado. El cierre había sido definido por la Intendencia para estudiar el impacto de la llegada de las aplicaciones al transporte montevideano. El registro estará abierto nuevamente por lo cual se espera que muchos nuevos choferes ingresarán al sistema.
El estudio presentado por la Intendencia en la Junta Departamental reconoce una pérdida en la recaudación de los taxis en el entorno del 25%. La intendencia también aclaró que no intervendrá en los precios de las aplicaciones (las tarifas tienen valores “dinámicos” con importantes subas en momentos críticos del día o de inclemencias climáticas) y que no pondrá tope al número de vehículos que pueden trabajar con estas aplicaciones.
Una visión neoliberal para el transporte público
La llegada de distintas multinacionales al área de transporte público a través de las diversas aplicaciones revela el interés de grandes empresas por hacer mayores negocios en el rubro.
La intendencia frenteamplista (y también el gobierno nacional y otras intendencias en manos de los partidos tradicionales) han tenido una política de apertura y de “dejar hacer”, a pesar de las consecuencias altamente negativas que tienen sobre los trabajadores y usuarios. Desregulación, precarización laboral, dumping son parte de las prácticas de estas aplicaciones que solo persiguen el objetivo de maximizar ganancias.
Desde la intendencia prima una concepción neoliberal de prescindencia estatal y escasa regulación, que deja librada a “la oferta y la demanda” el funcionamiento de un servicio público.
El sindicato de trabajadores del taxi (SUATT) ha denunciado como el intendente Martínez ha sido absolutamente permisivo al ingreso este tipo de empresas, que incluye no solo a las aplicaciones sino también a los deliverys en bicicleta o moto en condiciones de semiesclavitud que pululan en la ciudad.
Según el sindicato se han perdido más de 1000 puestos de trabajo y existe importante reducción de salarios para los que aún se conservan el empleo. A su vez, estas reformas han propiciado que alrededor de 4800 choferes trabajen con una falta de derechos y precariedad que retrotrae las condiciones laborales al siglo XIX.
Los trabajadores del SUATT remarcan además las prácticas abusivas en las tarifas (que pueden subir hasta un 500% en momentos de alta demanda), punto sobre el que la intendencia no piensa intervenir, dejando todo librado a la “mano invisible” del mercado.
En estos mismos días el ministro Astori en su presentación en la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM) quiso destacar como un logro de las gestiones del Frente Amplio la llegada de inversiones y su impacto en la generación de empleo, más allá de reconocer que hay una baja de esa inversión en los últimos años.
Lo que oculta el ministro, y casos como los de Uber o los deliverys lo ponen en evidencia, es que el tipo de empleo que se genera es de mala calidad, en condiciones de precariedad, falta de derechos laborales y con modalidades de vínculos laborales sin relación de dependencia (por ejemplo como empresa unipersonal que “ofrece” sus servicios a otra empresa), con el consiguiente aumento de la explotación y falta de estabilidad laboral.
Qué ha hecho el Frente Amplio
A lo sucedido con aplicaciones como Uber se suma en un panorama más general el papel de los empresarios del transporte como Salgado de Cutcsa o Dourado de la patronal del taxi, las empresas de omnibus interdepartamentales o el mismo Lopez Mena de Buquebus en el transporte internacional.
La intendencia y el propio gobierno mantienen una especie de alianza o sociedad que redunda en un servicio público con altísimos precios y de mala calidad. Las gestiones frenteamplistas han hecho todo lo posible por responder a las demandas empresariales (precios, subsidios, combustible, impuestos) priorizando el vínculo con estos empresarios y descartando cualquier alternativa para el transporte (por ejemplo el ferrocarril) o consideración por los trabajadores o usuarios con tal de no estropear los negocios privados.
El Frente Amplio jamás se planteó revertir el proceso de privatización del transporte público llevado adelante por la dictadura con la liquidación de la Administración de Transporte Colectivo de Montevideo (AMDET) que luego se fue profundizando con los años con el posterior cierre o quiebra de las cooperativas Cooptrol, Cotsur y luego Raincoop.
Gobernando Montevideo desde hace casi 30 años, ha sido continuador acrítico de estas políticas neoliberales del transporte público en Montevideo y el resto del país. Desde su gestión, por el contrario, se afianzaron los vínculos con los capitalistas del rubro y amigos del gobierno, quienes en los hechos tienen además muy alta incidencia en el diseño de las políticas públicas de transporte.
La aparición de las apps profundiza este proceso de privatizaciones, tercerizaciones y desregulación, que se basa en concepciones neoliberales que se sostienen desde el gobierno en este tema.
Nacionalizar el transporte público
El transporte público no puede transformarse en una mercancía al servicio de las ganancias de empresarios y capitalistas tal como sucede en las gestiones del Frente Amplio y de los partidos tradicionales.
Solo la nacionalización o municipalización del transporte público puede cortar con este negocio para unos pocos y reorganizar el servicio en función de las necesidades de la población y bajo gestión de los trabajadores y los usuarios.
En Argentina Nicolas del Caño, referente del Frente de Izquierda y los Trabajadores ha lanzado una campaña frente a los tarifazos, los malos servicios de las empresas privatizadas y el lucro empresarial para renacionalizar los servicios públicos, porque su acceso es un derecho y no una mercancía
