Un proyecto que el gobierno envió al parlamento propone encomendar al ejército tareas de seguridad en la frontera y un marco legal de protección para su accionar.
Jueves 15 de marzo de 2018
El proyecto enviado al parlamento otorga mayores potestades al ejército en zonas de frontera habilitando su actuación en tareas de vigilancia.
El gobierno sostiene que las fronteras son zonas “permeables” y que la falta de presencia estatal favorece la acción del delito transnacional.
Esta es la razón que esgrime para encomendar a los militares la realización de tareas de vigilancia y apoyo a organismos con jurisdicción y competencia (entre ellos la policía, Aduana, Ministerios) en una franja de 20 km de la zona fronteriza y excluyendo los centros poblados.
El gobierno cede poder a las fuerzas armadas
La propuesta, que responde también a los pedidos en el mismo sentido que viene realizando la oposición, es un grave hecho político.
Unas fuerzas armadas que prácticamente reivindican el terrorismo de estado y que representan una de las instituciones más represivas del país estarían tomando nuevas atribuciones y funciones que incluso en un futuro le podrían permitir hipotéticamente intervenir en situaciones de “conflicto interno”.
Si el proyecto es aprobado podrán realizar patrullajes, identificación de personas y control de vehículos, y detención en caso de flagrante delito para “disuadir posibles actividades ilícitas y prevenir amenazas de cualquier naturaleza, a la paz y seguridad”.
Esta ambigua definición planteada en el proyecto, deja abierta la posibilidad, por ejemplo, de intervención en conflictos o protestas sociales si el gobierno entendiera que estos son una amenaza para la paz y la seguridad.
Es difícil analizar esta propuesta por fuera de la situación regional. Desde febrero en Brasil las fuerzas armadas del país vecino están autorizadas por el presidente Temer a intervenir en Río de Janeiro en situaciones de seguridad interna, es decir para reprimir el conflicto social. La medida tomada por Temer, inédita desde el retorno democrático, comparte con la propuesta del gobierno del FA dar más poder y funciones a las fuerzas armadas.
En Argentina, con la excusa de la lucha contra el narcotráfico también hay un proyecto gubernamental para que las fuerzas armadas puedan intervenir en distintas actividades de “seguridad” interna.
Reforma del Código Penal le daría cobertura y garantías al accionar del ejército.
De acuerdo al proyecto que comenzará a estudiarse en la Comisión de Defensa del Senado “los actos cumplidos en el marco de las tareas asignadas al personal militar estarán alcanzados por la presunción legal de configuración de la causal de justificación del artículo 28 del Código Penal”.
Según este artículo está “exento de responsabilidad el que ejecuta un acto, ordenado o permitido por la ley, en vista de las funciones públicas que desempeña, de la profesión a que se dedica, de la autoridad que ejerce, o de la ayuda que le preste a la Justicia”.
La propuesta entonces puede eximir de responsabilidad a las fuerzas armadas por su accionar, una situación muy peligrosa dado el antecedente de la impunidad con la que aún cuentan por los crímenes que cometieron durante la dictadura.
Casualmente, en este mismo momento en Brasil los militares piden “garantías para poder actuar sin el riesgo de que surja una nueva Comisión de la Verdad”, es decir una amnistía anticipada para lo que puedan llegar a hacer durante sus intervenciones represivas en Río de Janeiro.
