Desde la agrupación Vencer Arica queremos aportar en un análisis sobre las movilizaciones del primer semestre en la UTA, donde estudiantes salieron a cuestionar al Gobierno. Destacando la potencialidad del movimiento estudiantil, que vuelve a poner sobre la mesa sus demandas históricas. Frente a la crisis de la educación pública proponemos un programa político desde estudiantes en alianza con funcionarios y docentes, independiente a las autoridades y al gobierno.
Manuel Rojas V Estudiante de la salud y militante de Vencer
Martes 16 de agosto de 2022

Unas de las primeras movilizaciones a principios de marzo en la UTA fue la lucha BAES, donde participaron cientos de estudiantes, expresando chispazos de reactivación del movimiento estudiantil en Arica, siendo esta una demanda democrática de les estudiantes a nivel nacional. Esto empujó a la CONFECh a salir de sus pasividad, pero para nada más que negociar con el gobierno de Boric, a espaldas de quienes nos movilizamos, un aumento miserable que terminó siendo absorbido por la inflación. Todo esto sumado a la apertura de problemáticas internas, como el cierre del casino de almuerzo que alimentaba a miles de estudiantes.
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El accionar de la CONFECh y el hecho de que las direcciones locales de estudiantes no llamaran a movilizar, llevó a que la segunda marcha fuese más reducida, pero expresaba que aún había ánimos de manifestación en les estudiantes. De hecho, desde el gobierno, con el SEREMI de educación, quisieron apaciguar los ánimos de estudiantes en la segunda marcha, buscando "charlar" con estudiantes y señalando que: “iba a tener las puertas abiertas al diálogo”, frase que hemos escuchado en estos últimos 30 años y que solo busca apaciguar los ánimos de les estudiantes movilizades.
Esto abrió la puerta al cuestionamiento de las autoridades frente a la profundización de las problemáticas internas, donde se empiezan a reducir beneficios, mientras los aranceles se mantienen altísimos al igual que el sueldo mensual del rector Emilio Rodriguez que es de 8 millones aproximadamente, el cual es equivalente a dos aranceles anuales cursando una carrera de la salud y a 20 sueldos mínimos. Además, la falta de infraestructura, como salas, espacios de organización y distensión, también provocó el cierre del casino y el hogar universitario. Frente a este escenario las autoridades con su repetitivo discurso de que no hay recursos, se enfocaron a plantear soluciones parches (food truck, etc) que están lejos de satisfacer las necesidades de les estudiantes y resolver las profundas problemáticas en la universidad.
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Por otro lado, frente a lo que venía pasando en la universidad los organismos estudiantiles como la mesa directiva del CCE (Consejo de centros de estudiantes), se mantienen en una posición de espera pasiva frente a las respuestas de las autoridades, plegandose a sus tiempos y aceptando migajas bajo métodos burocráticos, sin consultarlo con las bases. Además de no buscar ser un organizador y articulador de las diferentes carreras que desde las bases y en conjunto a algunos centros de estudiantes venían movilizándose y planteando el cuestionamiento a las autoridades. Cabe destacar que hasta la fecha no han convocado a ningún pleno para discutir las demandas irresueltas que aquejan a les estudiantes y que las autoridades no han resuelto en el primer semestre.
La demanda por salud mental tomó mucho protagonismo en este primer semestre, partiendo por la paralización de Ingeniería Eléctrica, seguida por carreras como Psicología. Y si bien no todo el resto de carreras paralizó, sí fue un tema discutido en asambleas. Las autoridades han respondido abriendo concursos públicos para mayor dotación de psicólogos, pero sigue siendo insuficiente y sigue pasando por la junta directiva y no por las y los estudiantes evaluar las necesidades reales frente a la problemática.
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Impulsemos un programa anticapitalista y socialista con independencia de las autoridades y el gobierno, desde las y los estudiantes junto a los trabajadores.
El gobierno de Apruebo Dignidad ha entregado migajas a la juventud partiendo por el aumento insuficiente de la beca BAES, lo que no vino a resolver el problema de la alimentación que nos aqueja como estudiantes, en el marco de una vuelta a la presencialidad que requiere contar con almuerzo diario. Desde Vencer planteamos un aumento de la beca acorde a la inflación y crisis económica en curso y no según las posibilidades tributarias del gobierno. A su vez, exigimos la apertura inmediata del casino con libre acceso a los distintos estamentos y donde se cubra la alimentación a todo quien lo necesite de la comunidad universitaria.
Otra de las demandas centrales es la de salud mental, la cual fue motivo de paralizaciones a lo largo del primer semestre. La precariedad y la “incertidumbre” de futuro, agravadas por la pandemia, generan profundas preocupaciones en la juventud, a veces llegando hasta el suicidio. A esto se suma el autoritarismo que trae consigo la carga académica y jornadas extenuantes e inhumanas que debemos soportar muchas veces para aprobar nuestros ramos. Consideramos clave impulsar comisiones independientes a las autoridades que funcionen en cada carrera y que ahí se pueda discutir democráticamente la atención que se necesita ante padecimientos mentales.
En esta misma línea, es que debemos pelear por una salud mental con una perspectiva de género, en contra de la discriminación y acoso que especialmente viven nuestras compañeras mujeres y compañerxs de la disidencia sexual, que son conocidos los casos denunciados a la Dirección de Equidad y Género en la UTA, pero que ninguna solución real han brindado. Sobre todo si la decisión final ante alguna denuncia queda en manos del Rector. Necesitamos protocolos contra la violencia de género y la discriminación sin las autoridades encima deliberando qué hacer ante situaciones de machismo.
El problema de “toma de decisiones” que atañe a la mayoría de las demandas que tenemos como estudiantes, exige pensar la activación de plenos y jornadas de discusión abiertas y democráticas en perspectiva de un cogobierno triestamental donde los organismos de nuestra institución educacional sean paritarios, triestamentales y que los estamentos tengan su organización propia, pero al participar de un organismo que sea también colegiado, responda a las decisiones que de este emanen. De esta forma, el poder no reside en una cúpula, sino en las bases de la comunidad universitaria. Porque la unidad con funcionaries y docentes es fundamental para la conquista de demandas que nos afectan de conjunto.
Estas medidas no pueden plantearse de forma aislada, sino junto a propuestas que el movimiento estudiantil ha peleado hace años como lo es la educación gratuita, de calidad, no sexista y laica. Frente a un gobierno que ofrece esta demanda en un futuro incierto y de forma “gradual” y una propuesta de Nueva Constitución que señala que la educación será un derecho constitucional y que incorporará principios como el enfoque de género o la interculturalidad, pero lo preocupante de que eso esté señalado en el papel, es que ahora la realidad, como mostramos en los párrafos anteriores, muestra todo lo contrario, el problema de la educación empeora y en caso de ser aprobada, quedará en manos del Congreso y también del presidente ¿qué garantiza este derecho?
Todo esto implica impulsar instancias en donde poder discutir el futuro de nuestra educación y hacer frente a una crisis social y económica que golpea a nuestras familias trabajadoras. Hacemos un llamado a discutir activamente en las universidades posiciones de la comunidad educativa frente a la Nueva Constitución. Desde el CONFECh sin consultarle a las bases y sin asambleas definieron la posición ante el plebiscito, la misma tónica con la que han actuado durante años.
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