El Parlamento catalán se reúne por primera vez desde la crisis del coronavirus al Estado español. Junts per Catalunya, ECR -con la abstención de los Barcelona en Comú- esperan aprobar unos presupuestos vergonzosos, que mantienen los recortes y consolidan las privatizaciones de los servicios públicos. Además, como no podía ser de otra manera ya que fueron elaborados antes de esta crisis, son totalmente ineficaces para resolver una crisis sin precedentes. Es necesario que la izquierda anticapitalista plantee un plan de emergencia opuesto al de los partidos capitalistas, para que la crisis no vuelva a cargarse contra la clase trabajadora.
Viernes 24 de abril de 2020
Hace unos meses se aprobaron los presupuestos de la ciudad de Barcelona y este viernes vendrá el segundo capítulo que son los presupuestos de la Generalitat. JxCat, ERC y los Comunes se preparan para apoyar rápidamente unas cuentas que fueron elaboradas meses antes de que impactara la crisis del Covid-19. Aquellas cuentas mantenían los recortes de Artur Mas y no contemplan la nueva realidad: más de 680 mil parados temporales como consecuencia de más de 90 mil ERTEs.
Estos presupuestos están rodeados por la polémica del voto telemático. Ahora se puede votar también a distancia. Antes era obligatorio estar presente o delegar el voto. Este cambio se ha hecho, además con el visto bueno del Consejo de Garantías Estatutarias. No sería muy importante sino fuera porque esta modificación se intentó hacer para investir al presidente Carles Puigdemont en enero de 2018 y ERC no quiso hacerlo. Se ve que no era por problemas legales, sino para acercarse al gobierno del Estado español.
JxCat y ERC quieren aprobar estos presupuestos a toda costa. El argumento del vicepresident Pere Aragonès consiste en que tienen unos 3 mil millones de euros más que los prorrogados de 2017. La oposición duda de esto porque dicen que el gasto ejecutado el 2019 ya es mayor que la que está prevista dentro del proyecto de este año. La CUP, que ya se oponía a estas cuentas por mantener el grueso de las políticas neoliberales, critica además que no puede ser útil un presupuesto diseñado sin que tener en cuenta la pandemia y votará en contra.
Por un plan de medidas emergencia que no vendrá ni del Govern catalán ni del central
La Plataforma Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos denuncia que estos presupuestos destinarán más de 10.000 millones de euros al pago de la deuda: la partida que más aumenta a un 31% respecto a los presupuestos del año anterior y supera los de educación, sanidad o asuntos sociales y familia. En educación se avanza en el proceso de privatización, incrementándose un 8% la financiación de los centros de titularidad privada concertados, el doble del incremento total del presupuesto de educación, mientras los centros públicos reciben un 19% menos del presupuesto que en 2010. En el ámbito de los servicios sociales consolidan un modelo de externalización que permite que grandes empresas, a veces bajo la apariencia de falsas cooperativas o entidades sin ánimo de lucro.
Hace falta un plan de medidas de urgencia ante la catástrofe que la clase trabajadora y los sectores populares sufren ante la crisis del Covid-19. Necesitamos unos presupuestos que tomen el dinero fundamentalmente de los grandes empresarios y los ricos que ganan miles de millones de euros, mediante impuestos especiales sobre sus ganancias y patrimonios. No solo de los impuestos que pagamos todo el mundo, en especial la clase trabajadora mediante el IRPF y el IVA. Unos presupuestos que defiendan a la clase trabajadora y el pueblo golpeado por la crisis.
Por su parte, la CUP ha presentado 12 medidas por el Rescate Urgente. En la primera medida, plantea que “La emergencia sanitaria se tiene que gestionar desde los mismos Països Catalans. Hay que construir alternativas a la crisis del sistema capitalista y acabar con la militarización del espacio público que el gobierno del Estado nos ha impuesto a raíz de la declaración de estado de alarma”. Pero para ello no bastaría con resolver desde dónde se gestiona, sino quién lo hace. El Gobierno catalán también aplica y obedece todas las directrices del gobierno central, tal como hemos vivido con casos de brutal represión en las calles de parte de los cuerpos policiales autonómicos.
Por tanto son necesarias medidas que enfrenten no sólo al gobierno central del PSOE-Unidas Podemos, sino también al Govern catalá que ha implementado los mismos planes de salvataje a las patronales, no sólo aprobando EREs y ERTEs, sino también subvencionándo a empresas a precio de oro como ha hecho con la sanidad privada y concertada bajo el decreto ley 12/2020. Consolidando, de este modo, el modelo de privatización encubierta de la sanidad catalana construido por todos los gobierno autonómicos, desde CIU, el Tripartit hasta ahora. Un modelo que ha llevado a una dramática crisis sanitaria siendo una de las comunidades más arrasadas en muertes por COVID.
Frente a ello, es necesario que las organizaciones de la izquierda anticapitalista vuelquen todos sus recursos, sus parlamentarios y sus cargos políticos para plantear una salida de la clase trabajadora.
En primer lugar, es necesario que nadie se quede sin ingresos o por debajo del Salario mínimo (SMI). La CUP habla de una renta garantizada sin condiciones. Esta renta tiene que ser como mínimo de 950€ que es el SMI en el Estado español y que no haya nadie por debajo de esta cantidad. El dinero tienen que salir de las ganancias de las grandes empresas, las mismas que en su mayoría han hecho ERTEs y ERES, y de impuestos a las grandes fortunas.
En segundo lugar, es necesario nacionalizar sin pago toda la sanidad privada y subrogar a sus trabajadores. Acabar con los recortes a la sanidad y de manera urgente contratar más personal, aumentar las UCIs y las camas y garantizar la seguridad de todo el personal sanitario.
En tercer lugar, garantizar el lugar de trabajo a todos las trabajadoras y trabajadores públicos (sean interinos, laborales o temporales) y de las empresas que dependen de los presupuestos e inversiones públicos, que deben ser inmediatamente internalizadas en especial las dedicadas a tareas de cuidados y el tercer sector donde la gestión privada se ha mostrado ser un atentado contra la salud y la vida en esta crisis. En las instituciones educativas que tienen que hacer “clases” a distancia en una situación de falta de medios total, se tiene que volver atrás este año todos los recortes al presupuesto educativo y nacionalizar toda la enseñanza concertada y privada sin indemnización y con la subrogación de sus trabajadores.
En cuarto lugar, hay que ayudar a los autónomos y los pequeños comercios, con créditos sin intereses y suspensión de las cotizaciones y pagos. Los falsos autónomos tienen que pasar a la plantilla fija de la empresa como todo el personal, prohibir cualquier externalización y su contratación temporal.
En quinto lugar, es necesario prohibir definitivamente los desahucios por impago (alquiler, hipotecas, etc.), así como los cortes de suministros de gas, agua o electricidad por falta de pago. Que las empresas energéticas se hagan cargo de los costes hasta que se pueda volver a pagar. El que no cobre, no puede pagar.
En sexto lugar, volver atrás inmediatamente todos los ERTEs y los ERES. Los empresarios que durante estos años han ganado miles de millones, tienen que pagar los salarios íntegros de los trabajadores aunque no vayan a trabajar. Si la empresa cierra, se tiene que nacionalizar sin indemnización y los trabajadores lo tienen que gestionar con presupuestos públicos produciendo por la sociedad.
Pero estas medidas de urgencia, nunca serán aprobadas por este Parlamento, ni presentadas por JxCat, ERC y Barcelona en Comú. Los principales grupos parlamentarios defienden los intereses de las grandes empresas (sean catalanas, españolas o ambas). Solo podrán ser realizadas por la movilización y organización independiente de los trabajadores y el pueblo golpeado por la crisis.
Sólo el conjunto la clase trabajadora puede enfrentar la catástrofe económica que abre la pandemia
La CUP plantea “Mantener la acción política para la Autodeterminación y la Soberanía Nacional como única forma para construir una república que ponga la vida en el centro desde la plena soberanía”. Pero de la misma manera que es necesario plantear medidas de emergencia que nos enfrentan a las del Govern catalán, la izquierda anticapitalista independentista debe ser contundente en denunciar que de ninguna manera será posible una República “que ponga la vida en el centro” de la mano de los que privatizaron la sanidad en Catalunya. Las lecciones del 1-O y el último otoño catalán han dejado claro que con ERC y JxCat, no es posible ni el derecho a la autodeterminación, ni mucho menos una República de la clase trabajadora.
Por otro lado, estamos frente a un escenario de depresión económica sin precedentes desde la postguerra que solamente la clase trabajadora, aliada con el resto de sectores populares, pueden evitar que se descargue sobre los de siempre y hacérselo pagar a los capitalistas. Es necesario entonces un programa para el conjunto de la clase trabajadora que apunte a: nacionalizar la banca y todo el sector financiero, los sectores estratégicos y las viviendas de los especuladores. Que se prohíba la salida de los grandes capitales mediante la estatización de todas les entidades y que, bajo el control de comités de trabajadores y trabajadoras, se puedan condonar las deudas a los autónomos, pequeños propietarios y familias abocados a la ruina y garantizar crédito barato para su supervivencia. También de todas las empresas estratégicas, como las eléctricas, de transporte o distribución de alimentos.
Todas esas empresas deben ser puestas bajo el control de sus trabajadores para garantizar los puestos de trabajo, condiciones dignas y que ni los suministros y ni los bienes esenciales falten a nadie. La expropiación inmediata de todos los pisos propiedad de fondos de inversión, la banca y los especuladores.
Hoy es más necesario que nunca fortalecer a la izquierda que plantee luchar por una perspectiva de que la crisis la paguen los capitalistas. Una izquierda anticapitalista y de la clase trabajadora que denuncie claramente frente al pueblo trabajador, que todas estas medidas de emergencia no vendrán dadas por ningún gobierno, ni el central ni autonómico. Sino que solo se podrán imponer desarrollando la movilización y la autoorganización de la clase trabajadora y los sectores populares.
