Nacional. Frente al acuerdo nacional de Piñera: Trabajadores y pobladores por una salida de fondo a la desocupación y el hambre

Agravamiento sanitario y hambre

Cada vez empeora más la situación sanitaria en el país. Cada nuevo informe diario del gobierno da cuenta de cómo siguen aumentando los casos, los fallecimientos y disminuye la disponibilidad de ventiladores mecánicos y camas críticas. El sistema sanitario está al borde del colapso. Esto se ha visto en casos de hospitales como El Carmen o El Pino donde el colapso es total. Según varios especialistas, en junio será peor los niveles de muertes y contagios. La crisis del Covid-19 está golpeando a la clase trabajadora y los sectores populares, empujados a exponerse al contagio, quienes ponen los muertos y quienes se enfrentarán al dilema de “la última cama”.

Frente al colapso inminente del sistema sanitario y el fracaso de la “nueva normalidad”, el gobierno quedó sin rumbo. No hay ningún plan serio para multiplicar los test, hacer seguimiento real, establecer residencias sanitarias masivas para un efectivo aislamiento a quienes no tienen dónde hacer cuarentenas, como medidas elementales.

No es solo la crisis sanitaria que golpea sobre el pueblo trabajador, sino que ya empezó a arreciar el hambre en las comunas populares. Con la extensión de la cuarentena tras el fracaso de la “nueva normalidad” son cientos de miles que no solo perdieron su empleo o fueron suspendidos, sino que quienes viven en la informalidad, no tienen sustento para llevar comida a su hogar. La protesta en El Bosque la semana pasada abrió una dinámica que llegó para quedarse: las protestas contra el hambre, recordando imágenes de las protestas de los años ochenta contra la dictadura en plena catástrofe económica.

Piñera la llamó la “pandemia social” y activó las alarmas en la gran burguesía. Las protestas que se extendieron desde El Bosque a La Pintana, Cerrillos, San Bernardo, y que prácticamente vemos todos los días en diversas ciudades, pusieron la alarma en todo el régimen político, en el gobierno, parlamentarios, alcaldes y partidos. Así empujaron la improvisada caja de alimentos para 2,5 millones de personas. Así apuraron el ingreso familiar de emergencia. Medidas que son migajas pues no resuelven nada de fondo.

El gobierno da al pueblo la elección entre morir por el virus o por el hambre. Sus medidas de rescate a los capitalistas, de inyección de millonarios recursos a bancos y empresas, significan despidos, suspensiones y recortes para el pueblo. Incluso tienen el descaro de lucrar con el hambre y desesperación del pueblo, al comprarle las cajas de alimentos a la empresa Alvi ligada al multimillonario Álvaro Saieh. El desempleo ya llegó al 15% en el Gran Santiago, lo que no se veía desde hace 35 años. La ministra del Trabajo anunció un desempleo total pasando el 10% nacional, y que puede llegar a 1,5 millones de personas los desocupados en total. Esto sin mencionar que más de 600.000 personas ya han sido suspendidas de su trabajo, cobran su seguro de cesantía, y los datos hablan que esto será peor.

Al mismo tiempo Piñera aumenta los grados de autoritarismo y represión, con boinas negras en las calles, un toque de queda para amedrentar, y reprimiendo con dureza las protestas populares.

Despidos, suspensiones y rebajas salariales, significan hambre, miseria y pobreza para el pueblo trabajador. El agravamiento de las condiciones de miseria y precariedad significarán graves padecimientos, que provocarán convulsiones sociales y agudos procesos de lucha de clases.

Un gobierno debilitado apuesta por un pacto social espurio

Frente a esta situación que se agrava, Piñera tomó el guante del “nuevo pacto social” de Desbordes (RN) - Insulza (PS). Es cierto que ha recuperado a parte de su base social, como se ve en las encuestas donde ha llegado a casi el 25% de aprobación. Es su base “derechista” que antes lo cuestionaba por “capitular” a la izquierda. Pero son una minoría, porque por abajo crece el odio, rabia y descontento en amplias franjas de la clase trabajadora y los sectores populares. Ya no se trata solo de “30 años” como fue en la rebelión: se trata de quedar en la calle, en la miseria y pobreza. Una nueva catástrofe que se está descargando sobre los hombros de los trabajadores y el pueblo.

Ante el riesgo que la pandemia en Chile se descontrole y se dé el escenario previsto por la Universidad de Washignton (que prevé 11.970 muertos a comienzos de agosto) y ante el riesgo de un nuevo estallido, Piñera llama a este acuerdo nacional. Necesitan blindar al gobierno y llegar a un acuerdo de cuánto van a endeudar al país, y cómo será el plan de austeridad fiscal posterior a los estímulos.

Ya varios empiezan a hablar de una inyección más “agresiva” de recursos mediante el endeudamiento en los mercados internacionales. Como es baja la deuda fiscal (llegará este año al 33% del PIB se calcula) dicen que hay espacio para tomar deuda. Pero eso significa hipotecar a las nuevas generaciones ante pulpos financieros que usan la deuda como un medio de expoliación y saqueo en el país. Al mismo tiempo que dicen que luego habrá que ajustarse y bajar las expectativas de la rebelión. ¡Salvar de nuevo al gobierno para darle millones a los empresarios y migajas al pueblo!

Quieren repetir el librero de la cocina. La ex Concertación le pide al gobierno que “se deje ayudar”. El Frente Amplio se muestra abierto a participar con “condiciones”. El Partido Comunista y las burocracias sindicales rechazan de palabra, pero dicen que se debe escuchar a las organizaciones sociales.

El rol de la alianza obrera y popular y la importancia de la coordinación

El Bosque, La Pintana, Cerrillos, Cerro Navia, Bajos de Mena, San Bernardo se vieron sacudidas por el grito de hambre de los pobladores, mientras se extienden las iniciativas de acopio y abastecimiento y las ollas comunes.

Aunque menores por ahora, también se desarrollan luchas obreras, como los mineros de Guanaco o de Franke en huelga. Y los trabajadores despedidos de LATAM que exigen su reincorporación.

Así, está abierta la hipótesis en los marcos de mayor tendencia a la catástrofe económico-social y de agravamiento de los padecimientos de masas, se desarrollen agudas convulsiones sociales y giros abruptos en la lucha de clases, combinando lucha obrera y rebelión popular.

El último ciclo de protestas en el marco de una catástrofe económica como la que se viene, fueron los años ochenta, con la diferencia que vivíamos en dictadura. Una debilidad del proceso, además del programa y la política de los partidos que buscaron un desvío hacia la “transición pactada”, estaba en que la clase trabajadora venía profundamente golpeada: había sido uno de los focos centrales de la represión estatal desde el 73’ y se encontraba desestructurada con los cambios económicos (“desindustrialización”) y luego con la crisis, llegó mal preparada al ascenso de las protestas populares. No es casual que los sectores más fuertes de la clase trabajadora, como son los mineros, hayan sido los que convocaron a las protestas. Sin embargo, luego se diluyeron en la protesta y los partidos como la DC buscaron rápidamente diluir la huelga obrera en la protesta popular para que perdiera peso una salida independiente.

A diferencia de aquellos años, la clase trabajadora hoy está mucho más estructurada, con nuevas posiciones, y viene de la escuela de la rebelión iniciada el 18 de octubre. Se ha venido recomponiendo desde el 2006 con diversas experiencias de lucha en casi todas las ramas de la economía, con enormes luchas en portuarios, mineros del cobre, forestales, profesores, en luchas incluso antiburocráticas como contra el “telefonazo” de Gajardo, recolectores de basura. Hoy la clase trabajadora es la mayoría social en el país.

Por ello, se abre una oportunidad no solo de coordinar las luchas y establecer alianzas para combatir y enfrentar los ataques del gobierno, el régimen y los empresarios, sino además, para establecer una poderosa alianza de la clase trabajadora y el pueblo pobre en las poblaciones, así como la juventud. Esa alianza es la que teme la clase empresarial: que en los lugares de trabajo, y en “posiciones estratégicas” de la economía nacional (minas, puertos, aeropuertos, etc.), paralice la clase trabajadora y en las poblaciones la protesta aumente, que surjan así coordinaciones de trabajadores, sindicatos y pobladores para resolver el hambre, y cuestionar las ganancias capitalistas. La alianza de la clase trabajadora y el pueblo es la que teme la clase capitalista en el país. Pero para que ello ocurra, hay que tener una política que pelee en ese sentido. Solo si las y los trabajadores toman en sus manos el grito de hambre de los sectores populares se puede forjar esa alianza entre pobladores y la enorme potencialidad estratégica de la clase obrera y sus posiciones centrales como mineros, forestales y portuarios, junto con sectores como el transporte, los servicios, sector público, etc.

Por eso, es deber de los socialistas revolucionarios alentar, solidarizar y ayudar a organizar las luchas de la clase trabajadora como las huelgas de Guanacos o Franke en la ciudad de Antofagasta, así como alentar y solidarizar con las protestas populares, buscando su coordinación, unidad y alianza para luchar en común contra la represión del gobierno y los ataques empresariales.

Si conquistamos un gran movimiento contra los despidos, suspensiones y precarización laboral, causas principales del hambre que empieza a azotar a las poblaciones, podremos estar más fuertes para forjar esta alianza.

El papel que han cumplido los dirigentes de la CUT y de los grandes sindicatos es realmente criminal. Total pasividad frente al gobierno, mientras alientan el corporativismo y gremialismo en los sindicatos al abandonar la lucha de las poblaciones. Dicen que rechazan el diálogo con el gobierno, pero piden un “pacto social” con los trabajadores, mientras empresas y gobiernos despiden y suspenden.

La burocracia no sólo divide a los trabajadores con el pueblo mientras se niega a impulsar cualquier lucha en su ayuda, sino que impide la coordinación entre trabajadores de distintos lugares, y desde allí con las poblaciones. Asimismo se niegan a pelear por los despedidos como muestra el caso de las direcciones sindicales de Latam, y ni qué decir que dejan a su suerte a quienes echan y suspenden.

Si no entra con fuerza la clase obrera y sus posiciones estratégicas, será mucho más difícil triunfar en las poblaciones. La alianza obrera y popular, con la coordinación de las luchas, puede ayudar a superar a esa vieja burocracia sindical acostumbrada a los escritorios, e imponerles un verdadero plan de lucha y movilización y un paro nacional para enfrentar a Piñera. Para ello hay que recuperar los sindicatos de las manos de la burocracia e impulsar asambleas y la coordinación de base.

Es una urgencia de primer orden multiplicar todos los ejemplos de coordinación obrera y popular que se vienen desarrollando. En todo Chile se han multiplicado las iniciativas de solidaridad contra el hambre. Son ejemplos que pueden servir para organizar coordinadoras entre lugares de trabajo, hospitales y consultorios, organizar a los desempleados, sin lo cual las iniciativas serán impotentes para enfrentar los planes del gobierno. En ese sentido, son muy importantes experiencias como la del Comité de Emergencia y Resguardo en Antofagasta o el Comité de Salud y Seguridad convocado por el FENATS del Barros Luco, que se ha unido con las organizaciones de pobladores y vecinas y juveniles de la comuna de San Miguel, coordinándose con asambleas territoriales y dirigentes sindicales de diversos sectores, para dar una pelea en común, y en perspectiva sentar la base de nuevas organizaciones de autoorganización de masas, de la clase trabajadora y el pueblo.

¿Un plan de rescate del Estado a los empresarios o un programa para que la crisis la paguen los capitalistas?

La clase trabajadora es la que mueve el país y la economía. No sólo puede golpear en el bolsillo a los empresarios, sino que también entregar una salida de conjunto a esta crisis, para que no sean los trabajadores y el pueblo quienes la suframos, sino los capitalistas.

Para enfrentar esta situación hay que pelear por: impuesto extraordinario a las grandes fortunas para asegurar un ingreso de 500 mil pesos a trabajadores informales y desocupados que se ven afectados por la cuarentena. Pero ello no servirá si no se establece la prohibición de los despidos de manera retroactiva y se deroga la ley de “protección” del empleo. No sirve de nada pelear por el impuesto a las fortunas y un ingreso de emergencia como hace el PC y el FA, si después votan a favor de las leyes de Piñera que destruyen el empleo y que son la base para agudizar el hambre en la población. Hay que avanzar también a establecer el control obrero de las industrias básicas de alimentación, sanidad y de abastecimiento, y que con sus comités y en alianza con la población, se vaya planificando el abastecimiento. Asimismo, con comités obreros y populares de control de precios frente a la especulación de los capitalistas que aumentan los precios.

Para enfrentar la crisis sanitaria es urgente masificar realmente los test, que los resultados se entreguen de manera oportuna y no como ahora que siguen tardando días que existan residencias sanitarias para garantizar un efectivo aislamiento de los contagiados asintomáticos. Que se aseguren insumos y todas las medidas de protección para las y los trabajadores de la salud. El cese de los trabajos no esenciales sin rebaja de sueldo y la reconversión productiva para asegurar infraestructura sanitaria acorde a la crisis.

Pero estas medidas, para garantizar la Salud, Pan y Trabajo, deben ir unidas a un programa de conjunto, que ponga los recursos del país al servicio de las necesidades sociales y no las ganancias capitalistas, nacionalizando los recursos naturales y empresas estratégicas (casi todas fueron privatizadas en dictadura a precio de huevo) sin pago a sus accionistas y bajo control de sus trabajadores. Hay que eliminar las AFP ahora y nacionalizar todo el dinero para jubilaciones dignas. Asimismo con los bancos, que hoy siguen ganando a costa de millonarias garantías del fisco. Deberían condonarse las deudas ilegítimas y poner todo el ahorro en manos del pueblo nacionalizando los bancos en un banco único sin pago a sus propietarios y bajo gestión de sus trabajadores, que permitiría poner los recursos para combatir la crisis y créditos baratos a todo el pequeño comercio.

En el caso de empresas estratégicas. ¿Por qué el Estado debería rescatarla en beneficio de sus dueños? ¿Por qué si fue privatizada en dictadura a precio de huevo, hoy no es expropiada sin pago a sus dueños? ¿Por qué no se pone bajo control de sus trabajadores, impidiendo los despidos, y se planifica en beneficio de todo el pueblo?

Hoy el FA y el PC proponen medidas que no resuelven la crisis de fondo. Veamos. Mientras proponen un ingreso de emergencia de $420.000 en base a impuesto a grandes fortunas, medidas inmediatas que compartimos, no pelean por derogar la maldita ley de empleo, que permite suspensiones sin pago de sueldos y despidos, causantes del hambre. Más bien, el PC y un sector del FA votaron a favor de esta ley pro-empresarial. Asimismo, mientras proponen esto, hacen alianzas con sus socios de la “oposición” concertacionista que piden un miserable bono de $85.000 por familia, o sea, casi la misma migaja que Piñera. Y nos dicen que con ellos hay que coordinarse y aliarnos. También hablan de un “pacto social” con los movimientos, ¿con este gobierno asesino, con los empresarios que nos están dejando en la miseria?

En el caso de grandes empresas como Latam, proponen “rescatarla” donde el Estado pase a ser accionista e imponga condiciones como prohibir despidos o respetar el medio ambiente. ¿Pero por qué el Estado debe pagarles a sus accionistas que se hicieron millones con los fraudes de las privatizaciones contra el fisco? Debería ser expropiada sin pago, sin ningún rescate que beneficie a sus propietarios como sería una compra de acciones.

Al mismo tiempo, frente al intento de sectores de la derecha de proponer un “plan b” respecto al plebiscito, coqueteando con la idea de atrasarlo o suspenderlo, y frente a quienes a través de una Convención Constitucional totalmente tramposa, controlada por los partidos tradicionales, con poder de veto de una minoría y con restricciones previamente establecidas, quieren cambiar algo para no tocar las herencias de la dictadura debemos proponernos luchar por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana como una única vía realmente democrática para que sea el pueblo el que pueda debatir sin ningún límite, veto ni restricción.

Pero es claro que los capitalistas defenderán con sangre y fuego sus ganancias. Habrá que enfrentar su resistencia empresarial, y la Constituyente no podrá solucionar por sí misma dicho enfrentamiento, por eso es que para conquistar un programa para que la clase obrera entregue una salida de conjunto a la crisis, es necesario pelear desde ya por organismos de lucha y auto-organización de la clase trabajadora, que enfrenten la resistencia de los capitalistas, y sean la base para lograr derrotar a los capitalistas y su Estado, para conquistar un gobierno de los trabajadores de ruptura con el capitalismo, la única salida de fondo que puede evitar que la crisis la paguen nuevamente los trabajadores y el pueblo pobre

Hoy los capitalistas buscan degradar lo más posible las condiciones de vida de millones para tener un país con nuevas condiciones de saqueo, explotación y ganancias, donde una gran mayoría esté en la miseria, los empleos sean con peor pagos y haya una mano de obra de reserva esperando para bajar el salario conjunto. El PC y el FA buscan una salida de conciliación donde los empresarios ganen menos, y el pueblo trabajador perdamos poco. Sin embargo, hoy alguien debe pagar la crisis: ¿son los capitalistas o los trabajadores? Si queremos poner fin a esa situación no puede haber medidas parciales, sino de fondo, que ataquen las ganancias capitalistas y se proponga reorganizar el país sobre nuevas bases en beneficio del pueblo trabajador. Sin tocar las grandes fortunas, los bancos y poner los recursos naturales y estratégicos en función de toda la clase trabajadora, no habrá una salida de fondo para que la crisis no la paguemos las y los trabajadores.