El déficit habitacional en Rosario creció con la pandemia. La toma de Magaldi se impuso en la agenda sin embargo no hay respuestas ni soluciones de parte del Estado. Mientras tanto en el Concejo Municipal se discute la construcción de lujosas torres a cargo de Alfredo Coto.
Miércoles 28 de octubre de 2020 15:54
Quien venga de paseo a Rosario dirá que es una hermosa y rica ciudad. Con grandes y poderosas empresas agroexportadoras, hacia el año 2015, el 70% de la producción de cereales del país estaba concentrada en el Gran Rosario.
Ahora bien, ¿es una ciudad rica o de los ricos? Durante los años en que el Partido Socialista gobernó la ciudad creció la especulación inmobiliaria. Con solo mirar hacia el río podemos ver las enormes y opulentas torres que se han construido en la zona. La herencia que ha dejado el Partido Socialista, y que con fuerza han tomado quienes hoy gobiernan, es la de una ciudad dividida por bulevares, marcando una profunda desigualdad social al salir de ellos.
Mientras en el Concejo Municipal lo que se discute hoy en día es un proyecto de dos mega torres lujosas a cargo de Coto Cicsa, y presentado en nombre de la ex intendente Mónica Fein, los ocupantes de la toma de Malgaldi y Benteveo, allá en lo más oeste que se pueda ir, están sosteniendo como pueden la pelea por tener una vivienda, contra el viento, la lluvia, contra las amenazas de desalojo y la indiferencia del Estado.
Esta es una realidad que ha empeorado mucho con el transcurrir de la pandemia y la crisis económica. Ya en el 2016 la ONG Techo había informado un relevamiento en el cual en el conurbano de Rosario y su aglomerado metropolitano hay 50 mil familias viviendo en 174 asentamientos informales, con múltiples déficits en cuanto a condiciones de vida y hábitat. Con 4 años de por medio y sin políticas de parte del Estado para garantizar una vivienda digna a todas estas personas, con una crisis profunda que se agravó con la pandemia, podemos considerar que este número ha crecido aún más.
De la mano del crecimiento de la desigualdad también que ha crecido la especulación inmobiliaria y como denunciara Celina Tidoni, abogada del Centro de Profesionales de Derechos Humanos, en Rosario hay aproximadamente 80.000 viviendas vacías y 50.000 familias sin casa.
Con esta realidad sin embargo en el Concejo Municipal sólo se discuten los proyectos de los empresarios. La Comisión de Planeamiento del Concejo Municipal ya recibió el proyecto de Coto Cicsa, el mismo Coto de los supermercados que también impone la especulación de precios, con un proyecto polémico ya que se excede de la altura permitida hasta el momento en la ciudad.
Esto no es casual y tiene sus antecedentes en las torres de Lattuca. Para quien no recuerde, se trató de la aprobación en el Concejo, de la construcción de las tres torres en el centro que también exceden los límites permitidos. En esta votación, del año 2019, votaron a favor concejales de Cambiemos como Agapito Blanco, Roy López Molina, Agustina Bouza, Carlos Cardozo, Renata Ghillotti y Gabriel Chumpitaz.
Tanto Cardozo como Chumpitaz hoy en día están pidiendo el desalojo de las familias de Magaldi. Así como lo hicieron Berni y Massa con las familias en Guernica, el PRO en Rosario pide que no puedan acceder a los programas de asistencias sociales quienes se encuentren relacionados con tomas de tierra.
Pero no solo ellos votaron a favor, sino que también lo hizo el actual intendente Pablo Javkin, junto a los ediles del Frente Progresista como María Eugenia Schmuck, Horacio Ghirardi, Verónica Irizar, Enrique Estevez, Aldo Poy y Lichu Zeno.
A esto se le suma una controvertida reforma que se discutió hace pocos días en la Comisión de Planeamiento y Urbanismo en el Concejo Municipal para aumentar la altura de los nuevos proyectos edilicios, una reforma que al parecer decidirá la Comisión de Gobierno, una vez más a favor de los empresarios.
La respuesta desde el Gobierno Nacional no fue muy distinta, ya que la Ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, se refirió al tema de las tomas de tierras como “situaciones más delictivas que reales”, admitiendo al mismo tiempo que “no cabe ninguna duda que existen necesidades”.
Para atender a los proyectos del lobby de las constructoras y la especulación inmobiliaria los funcionarios de Estado y los partidos del régimen están dispuestos, mientras le dan la espalda, o peor aún, responden con violencia policial, a las miles de familias que piden el derecho a una vivienda.
