Reverdece el avance de empresas que buscan desplazar a familias campesinas para desmontar zonas protegidas por la Ley de Bosques y profundizar así el modelo hegemónico de agro-producción industrial.
Jueves 23 de octubre de 2014
Continúa gestándose la resistencia y auto-organización de los campesinos y se detienen las injustas expropiaciones. Los principales problemas de campesinos y originarios tienen que ver con la propiedad de las tierras, el desalojo forzoso, el no acceso al agua y la poca calidad de la misma, dificultades para acceder a la economía local en carácter de productores, falta de oferta laboral, inmigración forzosa e invisibilización de sus logros.
El mundo del revés
La empresa denominada Doble Z S.R.L., en franca connivencia con la jueza Ana María de Feudis a cargo del Juzgado de 1º Instancia en lo Civil y Comercial del Distrito Judicial del Norte, Circunscripción Tartagal, ha empezado una nueva avanzada expropiadora en territorios campesinos. So pretexto de ser propietarios de las tierras que la familia de los Orquera ha trabajado durante varios lustros, los empresarios, a quienes nadie conoce y nunca nadie ha visto, pretenden desalojar impunemente a los campesinos de sus parcelas con el objetivo de realizar desmontes para la posterior producción de pastizales para el agro-negocio.
El meollo jurídico de la situación es el litigio entablado contra la familia Orquera por la empresa -exp. 22.707/13– y cuyo proceso se encuentra a cargo de la citada jueza. A partir de la última interpretación sobre las circunstancias del expediente por parte de la magistrada (con fecha 3 de octubre) los empresarios vieron habilitada la posibilidad efectiva de expropiar las tierras de la familia Orquera.
Veamos un poco de que se las trae este expediente. La última foja del mismo aclara, por un lado, que la familia Orquera tiene su domicilio real en el Paraje El Chañar –de hecho esto no es así-, y por otra parte, se acusa a la familia campesina de haberse afincado ilegalmente en tierras que son propiedad de la empresa. Así planteada la realidad objetiva, Ana María de Feudis intima a la familia campesina a que “(…) en el plazo de cinco días procedan a remover alambrados que construyeron en el fondo de la actora Doble Z S.R.L. identificado como Colonia La Juanita, ubicada en el departamento Rivadavia, provincia de Salta (…) Así también les intimará bajo apercibimiento de ley a permitir sin obstáculo u acción alguna el paso de la topadora que tiene a su cargo el trabajo de delimitación de los predios cedidos a los señores Oscar Romano, Arminda del Valle Romano y Arnaldo Arenas (…)”.
Antes de continuar vale hacer un parate más y prestar atención al siguiente detalle: según observamos en la cita el único y real interés de nuestros amigos de Doble Z S.R.L. es garantizar la “delimitación de los predios cedidos a los señores Oscar Romano, Arminda del Valle Romano y Arnaldo Arenas” mediante el uso de una “topadora”, al tiempo que la preocupación de la jueza es facilitar esta tarea velando que el orden social no sea violentado innecesariamente. Y aquí emerge otro de los artilugios de descomposición social utilizados por los empresarios: los señores Oscar Romano, Arnaldo Arenas y la señora Arminda del Valle Romano son también campesinos, pero deslumbrados por la oferta que Doble Z S.R.L. les ha hecho: los inversores foráneos les han prometido algunas parcelas de tierra y la construcción de viviendas. Fragmentación y enfrentamiento entre las familias campesinas, esa es otra de las facetas de la estrategia de esta injusta expropiación.
Leyes de morondanga
La idea de que campesinos y originarios son comunidades dóciles y fácilmente manipulables es ya repertorio del museo de antigüedades. Doble Z S.R.L es una inversión de capitales que hace unos seis años lleva adelante sus movimientos en esta zona del Chaco Salteño, y cuenta con la impunidad típica de toda relación de poder que construye la empresa privada con los poderes judiciales y políticos corrompidos hasta la médula. A pesar de las facilidades que esta posición implica para la empresa, a pesar de las tareas de inteligencia que con suma discreción pueden realizar antes de empezar sus funestas labores, los campesinos de Morillo, nucleados en doce organizaciones, les han dicho NO y han detenido su avance. Hace ya más de dos semanas se encuentran sosteniendo una red de resistencia que no permite avanzar a la maquinaria de la empresa.
Armando “Puro” Ruíz nos relató en detalle la situación del enfrentamiento. A la fecha la máquina de la empresa que pretende hacer un deslinde en el monte para colocar un alambrado de demarcación de las propiedades de los campesinos, en realidad está haciendo un asiduo trabajo de desmonte: la media necesaria de limpieza de malezas para colocar un alambrado es de dos metros. Llamativamente la máquina se ha cargado entre 25 y 30 metros de monte el primer y único día que pudo llegar hasta el lugar. Esto no es un error, y según nos instruye el referente de la agrupación campesina “Alma Gaucha” los intereses que se develan están orgánicamente emparentados con la política pública de la Secretaria de Medio Ambiente de la provincia de Salta.
La Ley de Bosques 26.331 estipula que existen bosques susceptibles de ser desmontados (color verde), otros que se encuentran en un plano intermedio y que por tanto no deberían ser desmontados a menos que se garantice antes una investigación de impacto socio-ambiental y un posterior proyecto de contención y reforestación (color amarillo), y otros bosques que indiscutiblemente no deben ser desmontados por los riesgos medio-ambientales y socio-culturales que implicaría su deforestación (color rojo).
Los funcionarios públicos de la provincia de Salta que llevan adelante sus labores de conducción en la Secretaria de Medio Ambiente y que forman parte del gabinete del gobernador J.M. Urtubey (que llegó a su re-elección compartiendo boleta con el kirchnerismo), se encargan de gambetear lo establecido por la Ley de Bosques en función de los intereses de la industria. Según afirma “Puro”, entre noviembre de 2013 y enero de 2014 se realizaron entre cuatro y cinco Audiencias Públicas en distintas localidades a lo largo de la Ruta Nacional 81. En esas Audiencias, de las que nadie se enteró y dónde no tienen voz ni voto las posiciones críticas de los campesinos, se modificaron las situaciones de derecho de ciertas zonas de bosques: impunemente se trasladaron numerosas hectáreas de bosques en color rojo hacia amarillo y/o verde, convirtiéndolos automáticamente en blancos para desmontes.
¿Entre la resistencia y el oportunismo?
“Siempre hemos sido pacíficos, pero ya estamos podridos que nos pasen por encima”, afirma “Puro”. La organización de los campesinos les permite turnarse para montar guardias en el monte y saber qué hace a cada momento la máquina de la empresa, y así detener el avance de la misma a riesgo de sus vidas. Por otra parte, durante este proceso político los campesinos se hicieron con un equipo de radio y montaron la FM Encuentro, entablando así una trinchera para la disputa simbólica sobre los hechos y los procesos que se viven en la localidad.
Al calor de la resistencia encabezada por el campesinado surgió un frente de lucha político: creado desde las bases llegó a disputar la conducción política de la localidad. En los comicios municipales del año 2011 la auto-organización campesina y originaria alineados con el Frente para La Victoria (debido a las facilidades estructurales ofrecidas por el bloque hegemónico) consiguieron torcer el brazo al ala conservadora del Partido Justicialista en la localidad, desplazando de la intendencia a Miguel Atta Gerala y posicionando a la docente y referente campesina Marcela Carabajal como intendenta.
Paradójicamente este frente campesino está alineado electoralmente con el mismo bloque de clases hegemónico a nivel nacional que ha profundizado el modelo de los agro-negocios, sobre todo el monocultivo de soja, a través de leyes depredadoras que han garantizado a empresas como Doble Z S.R.L. instalarse y envenenar no sólo a comunidades originarias y campesinas, sino también a barrios urbanos. Un ejemplo paradigmático que cobró relevancia a nivel nacional ha sido la instalación de una planta de la transnacional Monsanto en el barrio de Malvinas Argentinas de Córdoba, hecho que generó la movilización masiva de distintos sectores barriales y estudiantiles, y que contó con el apoyo de una arista de artistas y la realización de festivales. Resistencia que ha sido duramente reprimida por el gobierno provincial (PJ) el mismo día que se sancionó la “Ley Monsanto".
Para el observador atento, en el proceso político, combativo y de resistencia que llevan adelante los campesinos en Morillo, no sólo emerge la necesidad de independencia de clase como un elemento vivo y problematizador del orden dado a la realidad social, sino también el oportunismo del aparato político del gobierno nacional que, matizando de progresiva la instalación de un cuerpo de burócratas y técnicos que "asisten, apoyan y coordinan" junto a los campesinos, continúa neutralizando el desarrollo y la maduración histórica de las contradicciones entre el capital y el trabajo. Garantizando así el status quo del sistema social de producción en el que ocupan lugares de privilegio.
