Como parte del programa “Frontera Segura” instituciones como PDI, Carabineros y Ministerio Público acordaron aumentar el control represivo en la frontera marítima, al ser esta un área nueva de ingreso de migrantes.
Lunes 11 de junio de 2018
La precariedad de la realidad de las y los migrantes en Chile ha ido aumentando en los últimos años. Ante este fenómeno social, que se presenta en Chile y otros países del mundo, la derecha nacional e internacional impone una política xenófoba y punitiva, que pretende como línea general aumentar la represión en la frontera y justificar la especialización de las fuerzas represivas, fortaleciendo las penas por inmigración y la precariedad del ingreso para las personas que llegan al país.
El programa Frontera Segura, es elaborado y aplicado por PDI, Carabineros, Ministerio Público, la Dirección General de Territorio Marítimo, la Marina Mercante y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), entre otros. Es decir, se trata de fuerzas represivas del Estado, que han estado involucradas en denuncias de abuso de poder, fraudes económicos -como Carabineros- casos como el montaje de la Operación Huracán, e inclusive denuncias a algunos de sus integrantes por tráfico de armas y drogas.
Una política anti inmigrantes que afecta a la clase obrera
El programa Frontera Segura es parte de una serie de medidas que el gobierno de Piñera y de los empresarios para justificar el fortalecimiento de la represión. Como lo es la policía municipal de Evelyn Matthei (UDI) en Providencia o la policía especializada en la Araucanía, ambas secciones represivas que pueden funcionar por fuera de obligaciones de transparencia, como es usar mascaras u ocultar la identidad legal.
Esto es parte del aumento de leyes contra el pueblo pobre, como lo es la ley de encarcelamiento a menores de edad que el gobierno pretende hacer pasar por el Congreso, aumentando las penas y criminalización a menores de edad, especialmente de sectores populares.
En este marco se aplica el programa de ‘Frontera Segura’, que apela a controlar y perseguir a la población migrante, que actualmente es una de las mas precarizadas en Chile, a costa de bajos sueldos y subcontratos que alimentan a las familias más ricas de Chile, cuyas acciones se encuentran en casas comerciales, centros mineros, corredoras de autos y casas, y en el mismo parlamento.
Estas medidas atacan a las y los trabajadores limitando la organización y criminalizando la protesta ¿Cómo limita la organización? Al fundamentarse en la división de ‘trabajadores Chilenos’ v/s ‘trabajadores migrantes’, impulsando la criminalización al migrante instalando un discurso que detrás de la “anti delincuencia” esconde la xenofobia y la discriminación, la medida en cuestión separa la precariedad del chileno/a con la de quien inmigra, separando los puentes que nos unen en una posición contraria quienes usufructúan de nuestro trabajo, los empresarios, y la clase dominante. Por otro lado, criminaliza la protesta aumentando la fuerza represiva en las calles contra el movimiento estudiantil y contra toda forma de organización que pueda poner en jaque los intereses al empresariado y el gobierno.
Es necesario finalmente tener presente la unidad de las y los trabajadores, sin considerar país de procedencia, ya que es esta la unidad que le puede hacer el peso contrario a las y los privilegiados de este sistema económico desigual y discriminador, que le roba a la gente su vida y su trabajo y que favorece la corrupción, la explotación, la trata de personas y la pobreza.
Fer Morales
Antropóloga Social y poeta Slam
