PERSECUCIÓN Y RACISMO. Fuerte ofensiva municipal contra vendedores senegaleses en La Plata

Julio Garro tiene el firme objetivo de terminar con la “venta “ilegal” en la ciudad de La Plata. Así lo ha dejado en claro con el avance de los operativos encabezados por agentes municipales y efectivos de la Policía bonaerense, en lo que es una clara decisión política de persecución y hostigamiento hacia quienes no forman parte del mercado formal de trabajo y no cuentan con otra forma de subsistencia; en particular hacia la comunidad senegalesa. Durante las últimas semanas, se repitieron situaciones de violencia en los procedimientos contra los trabajadores migrantes, que buscan sobrevivir en el marco de la emergencia sanitaria, económica y social en que se encuentra el país.

La cruzada contra la venta ambulante

Desde el inicio de la gestión de Juntos por el Cambio en 2015, el intendente de la capital de la provincia se caracterizó por su énfasis en mantener “limpias” las calles platenses de lo que él llama la mafia de la venta ilegal. Una de sus políticas “sociales”, también ejecutada por su par porteño Horacio Rodríguez Larreta, es el desalojo y decomiso de mercadería de los vendedores ambulantes y, en muchos casos, el invento de causas penales y la detención arbitraria.

La Secretaría de Convivencia y control ciudadano, antes conocida como Control Urbano, es una de las fortalezas de la intendencia en la gestión del orden en las calles, la administración del tránsito y la noche en la ciudad (grandes ámbitos de recaudación municipal). Roberto Di Grazia, hasta hace un mes el encargado del sector y fiel servidor de Garro, fue uno de los que más batalló contra la venta en las calles. Cabe recordar que Di Grazia, junto a Sebastián Martinez Pass (quiera fuera Jefe de la Policía local de La Plata, hoy Jefe de la Departamental) fueron involucrados junto a Daniel Piqué (ex secretario de Seguridad Municipal) en la muerte de la joven Emilia Uscamayta Curi,ocurrido en una fiesta clandestina en enero de 2016, por la cual la familia ha venido denunciando la connivencia entre municipio y el mundo empresarial de la nocturnidad.

En 2018, el gobierno local intentó avanzar en la implementación de un nuevo Código de Convivencia que restringía el derecho a la protesta, así como prohibía la venta ambulante, las expresiones artísticas en espacios públicos, incluso la posibilidad del reparto de volantes en la vía pública entre algunos aspectos; ampliando de manera brutal el poder de actuación represiva de la policía. Si bien, no pudo implementarlo, mantuvo el accionar persecutorio hacia los sectores más vulnerables. No olvidemos que durante los últimos meses de 2019, militarizó la emblemática plaza San Martín, impidiendo que artesanos y gente que comercializaba distintos productos se instalen con sus mantas; única alternativa de supervivencia para muchos de ellos en el medio del ajuste que implementó el FMI en tiempos de Mauricio Macri.

En el mes de agosto de 2019, abogados del colectivo La Ciega junto a miembros de la comunidad senegalesa, presentaron un amparo colectivo donde exigían el cese de la discriminación hacia dicha comunidad. Ante los reiterados operativos, semanas atrás solicitaron al Juzgado Federal N°4 que se habilite la feria judicial para que continúe el proceso ya que consideran que “los decomisos irregulares, las prácticas abusivas y las detenciones arbitrarias con un fuerte sesgo racista y xenófobo se mantienen en la ciudad de La Plata”.

Virginia Pérez Cattaneo, de reciente nombramiento como titular de Control Ciudadano, dejó de manifiesto el fuerte perfil punitorio que tendrá su gestión: “De ninguna manera podemos permitir esta venta ilegal, de ninguna manera vamos a ser cómplices de una inequidad y una injusticia cuando el sector comercial está pasando por un momento muy feo debido a la pandemia, hay una decisión política de avanzar contra la venta ilegal”. Afirmaciones que fueron celebradas por las entidades que aglutinan a los distintos sectores de comercio en la ciudad como la Federación Empresaria de La Plata (FELP). La entidad manifestó su apoyo decidido a la flamante secretaria en su embestida contra el comercio callejero.

Un gobierno que pretende regimentar la ciudad, para que siga siendo el negocio de un puñado de empresarios, mientras la pobreza, la emergencia habitacional y la desocupación aumentan a la par que los contagios de coronavirus.

El otro lado, la voz negra

“Vienen y te sacan las cosas directamente sin hacernos actas. Así no te devuelven lo que vos compraste para vender. Te están robando. No buscamos una vida de lujo, solo queremos sobrevivir y ayudar a nuestras familias”, “no tenemos jefe como dicen, estamos por nuestra cuenta”; sson algunas de las frases que miembros de la comunidad senegalesa expresan con mucha indignación y dolor en cada redada que sufren.
“Nos tratan como animales. No somos delincuentes, si pudiéramos, trabajaríamos en otro lado, sin pasar frío, calor, o con lluvia, pero no tenemos otra manera de trabajar”, sostiene otro compañero. “Salimos a vender para tener un plato de comida, la calles es la única forma que tenemos”.

La situación de los migrantes senegaleses en el contexto del aislamiento social, preventivo y obligatorio por el Covid-19 es sumamente crítica. Fuera del mercado formal del trabajo, una situación habitacional vulnerable con riesgo permanente de desalojo; prácticamente sin asistencia del Estado pero diariamente violentados, en momentos donde multitudes a nivel mundial exigen el fin de la violencia racial.

Según datos provenientes de la Coordinadora/Consejería Migrante de la facultad de Trabajo Social- UNLP, sólo accedieron al IFE 13 de los 215 senegaleses residentes en la ciudad; el resto se mantiene con la ayuda de otros compatriotas y la solidaridad de organizaciones sociales; sin embargo no es suficiente. Las dificultades para regularizar su situación migratoria al no contar el país con consulado o embajada senegalesa, complejiza aún más el contexto cotidiano de superviviencia.

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Diego Bermeo, integrante de la Coordinadora Migrante dialogó con este medio sobre la situación que padecen hoy los senegaleses en la ciudad. “La migración senegalesa viene sufriendo en los últimos tiempos una escalada de persecución a partir de la venta callejera en nombre de cuidar la pandemia. En realidad va muy de la mano con la lucha histórica que tiene el municipio, junto al Diario El Día y con la Cámara de Comercio de sacarlos de la vía pública, a partir de ser considerado un trabajo desleal. Pero además está muy marcado además de la segregación a los migrantes, la discriminación racial y la xenofobia, adjudicándoles cuestiones de higiene, de cómo se paran con respecto a la “belleza” del centro de la ciudad; a este combo ahora le suman la propagación de la enfermedad porque no respetan el ASPO”.

Bermeo deja de manifiesto la insistencia de una política represiva por sobre la implementación medidas paliativas de asistencia. “Este contexto de discursos xenófobos y racistas del gobierno municipal, se agrava porque no reciben ayuda, ni el IFE, bolsas de comida. No hay un comité de crisis en el centro de la ciudad como en los barrios, como si en el centro no hay pobreza. Ellos que viven en el centro de la ciudad quedan aislados de las políticas públicas de asistencia en situación de emergencia”

“El municipio no les da porque los viene persiguiendo y la Provincia porque le corresponde al municipio, por lo que hay una doble forma de discriminación hacia ellos. No cumplen con asistir a seres humanos que viven en sus territorios y caen en cuestiones jurídicas y de espacios de gobernabilidad y no de necesidades de la gente. El agravante del caso municipal que ejecuta a través de Control Urbano es que hay una nueva secretaria que está decidida a hacer una buena la letra con estos dos grupos de poder que son la Cámara de Comercio y El Día y sacarlos de la vía pública“

La política punitivista sobre los derechos de los trabajadores y la juventud, es acompañada hoy desde el gobierno de Axel Kicillof, a través de la rienda suelta de la que goza la Policía bonaerense de Berni (los casos de gatillo fácil y la desaparición de Facundo Castro, no dejan duda de eso), fogoneada por la proliferación de discursos mediáticos que construyen representaciones falseadas de aquellos sectores que no “encajan “con el modelo de ciudadano trabajador, volviéndolos “inseguros” para los otros, considerados ciudadanos.

En épocas de crisis como la actual, el Estado hace todo lo posible para descargar los costos del ajuste sobre las espaldas del pueblo trabajador y los sectores empobrecidos. De un lado, reprime a quienes salen a protestar por sus derechos y criminaliza a los eslabones más débiles de la clase trabajadora, buscando instalar chivos expiatorios a fin de evitar poner el foco en los verdaderos responsables de esta situación.