Facundo Aguirre @facuaguirre1917
Martes 9 de septiembre de 2014
La jueza María Servini de Cubría ratificó que seguirá al frente de la causa por la apropiación de Guido Carlotto, nieto de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, durante la última dictadura militar. La magistrada decidió “mantener la competencia” en la investigación y rechazó el pedido de “inhibitoria” del juzgado federal 1 de La Plata, tal como reclaman las Abuelas.
En declaraciones a Radio del Plata, Estela Carlotto señaló que la jueza debía encargarse de encontrar a los responsables de la apropiación "hasta que esta causa pase a la jurisdicción de La Plata porque está casi cierta la presunción de que mi nieto nació acá, en La Plata".
Las buenas relaciones entre Carlotto y Servini, una jueza cuestionada por su papel servicial frente al poder de turno, han entrado en un profundo cortocircuito desde la aparición de Guido Carlotto. Los puntos de conflicto entre la magistrada y la Presidenta de Abuelas girarían en torno a la filtración del nombre de Ignacio Hurban (Guido Carlotto) a la prensa. La titular de Abuelas declaró que la jueza "se ha equivocado en este proceso de mi nieto porque hizo pública su situación de nombre y localidad" provocando unas “perturbaciones muy grandes tanto a él como a su compañera, a la gente que lo crió”. El otro punto de disidencia es precisamente el papel de los Hurban en la apropiación. Mientras que Abuelas defiende a la familia por considerar que es “gente muy humilde, campesina” que solo cumplieron un rol de crianza de Guido. Y apuntan contra el difunto titular de la Sociedad Rural de Olavarría, Carlos Francisco "Pancho" Aguilar quien, aseguran “fue otorgado por el patrón a estos obreros, a estos peones”. Para Servini por el contrario, "no hay pruebas" que demuestren la acusación y sostiene que los Hurban “son apropiadores hasta que se demuestre lo contrario”, acusando a la titular de Abuelas de “desviar la investigación en cuanto no se toque al padre de crianza como lo llaman ellos”.
Carlotto concluyó diciendo que “la justicia tiene que actuar para encontrar elementos y probanzas para ver qué grado de responsabilidad hubo en cada quien", y asegurando que "no vamos a salvar a nadie que tenga responsabilidad”
Por su lado organismos de derechos humanos como el CeProDH señalan que “la negativa del gobierno de abrir los archivos de la dictadura, dificultan las tareas de investigación para que se aclare la verdad de los hechos y se encuentre a los responsables de esta y todas las apropiaciones aun no resueltas”.
