Política. Fuerzas Armadas: el decreto de Macri y "la herencia recibida"

Fotografía: EFE

La reforma militar que promueve el Gobierno está diseñada bajo el “asesoramiento” del Comando Sur de los Estados Unidos.

Este lunes, flanqueado por el Ministro Aguad y los jefes de las tres fuerzas, Macri dio a conocer su objetivo de fortalecer el aparato represivo de conjunto. Quedó implícito que se preparan para enfrentar la perspectiva de resistencia obrera y popular al saqueo nacional pactado con el FMI.

Los anuncios y el decreto de Macri

Para posibilitar esa intervención, Macri modificó el Decreto 727 que en 2006 reglamentó la Ley de Defensa, limitando la intervención militar a casos en que las fuerzas de seguridad fueran sobrepasadas o hubiera una agresión militar de otro Estado. Las modificaciones impulsadas por el Poder Ejecutivo amplían la intervención de las Fuerzas Armadas ante "agresiones de origen externo" y no sólo ante "amenazas estatales" externas; apunta a incluir a las fuerzas castrenses, con el pretexto de su programa de “lucha contra el narcotráfico y el terrorismo”, y anticipa una reforma para actualizar y redimensionar el aparato militar de conjunto.

Macri anunció que las Fuerzas Armadas incrementarán el despliegue en la frontera norte argumentando: "Es importante que puedan colaborar con la seguridad interior, principalmente brindando apoyo logístico en la zona de fronteras, así como también interviniendo frente a la protección de eventos de carácter estratégico”. A tal efecto, en agosto enviarán los primeros 500 efectivos, hasta conformar una importante fuerza integrada por las tres armas que sumaría un total de 5.000.

Además, confirmó que fuerzas militares asumirán "la custodia de los objetivos estratégicos", como centrales nucleares o centros petroleros (como Vaca Muerta), una orientación ligada a los intereses de las transnacionales e inversores. Buscan, entre otras cosas, liquidar los derechos del pueblo mapuche para usar las tierras que pretende el negocio turístico y terrateniente.

Macri también señaló que el gobierno considera "clave" que las efectivos militares "puedan apoyar nuestra política exterior, contribuyendo con la integración al mundo, con una mayor presencia en las misiones de paz en Naciones Unidas y sosteniendo nuestra presencia en la Antártida".

Si bien los anteriores aspectos ya venían siendo anticipados desde el gobierno; estas dos últimas referencias parecen responder a presiones de distinto origen. En un principio el gobierno parecía alejarse de la política de participar en misiones de la ONU fomentada por las anteriores gestiones. En ese marco hay que contabilizar la ocupación de Haití impulsada por Estados Unidos y Francia desde 2004. Pero el FMI exige continuar con esta orientación.

Por otra parte, la referencia de Macri a los intereses argentinos en la Antártida, puede buscar calmar a la Marina -cuya crisis se agigantó con el hundimiento y desaparición del ARA San Juan-, sin referirse al problema de Malvinas, espinoso para Cambiemos debido a su servil estrategia ante Gran Bretaña.

Un oportuno momento para los anuncios

Durante largos meses el Gobierno dejó correr distintos anuncios sobre sus planes de reforma de las Fuerzas Armadas. Muchos de esos planes versaban en direcciones contrarias, pero el objetivo siempre era el mismo: recomponer al brazo armado del Estado para intervenir en la seguridad interior.

Una tarea que intentaron todos los gobiernos a la salida de la dictadura, que avanzaron todo lo que la relación de fuerzas les permitió, pero que no lograron reconciliarlas con la sociedad.

Entre los planes de Macri estaba lograr este objetivo. Hizo su campaña hablando del "curro de los derechos humanos"; luego negó el número de los desaparecidos, mientras la Corte Suprema votaba a favor del 2x1 en el caso Muiña. Sin embargo, el descontento social pudo más. Producto del mismo y de una importante movilización, el Congreso se reunió de urgencia y en dos horas votó una medida que limitaba el fallo de la Corte.

Ante ese escenario, la política de reconciliación con las Fuerzas Armadas, quedaría suspendida por el momento. Frente a esa imposibilidad el Gobierno decidió continuar usando “la herencia recibida”.

Así prorrogó los decretos firmados por Cristina Kirchner, que en el 2011, con el argumento de “combatir el tráfico de drogas”, promulgó los Operativos Fortín I y II y Escudo Norte autorizando a las Fuerza Aérea y Ejército a dar apoyo logístico a las fuerzas de seguridad. De este modo liberó a Gendarmería y Prefectura, cuya misión formal es vigilar las fronteras, para enviarlas a los barrios pobres de las grandes ciudades y el conurbano bonaerense.

Este tipo de políticas también fueron apoyadas por Sergio Massa. En su campaña presidencial de 2015 prometió que utilizaría a las FF.AA. en "la lucha contra el narcotráfico". Por su parte, Daniel Scioli, si bien osciló por cálculos electorales, también estuvo de acuerdo con la política que ahora se propone llevar adelante Macri.

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Finalmente Mauricio Macri firmó un decreto para utilizar a las Fuerzas Armadas en la seguridad. Lo significativo es que el anunció se realizó un día después de que finalizara la “visita” de Christine Lagarde.

Es que la élite de la clase dominante sabe que los ajustes que deben aplicar a pedido de los acuerdos firmados con el FMI, no pasan sin represión. La urgencia de la firma del decreto lo impusieron los organismos financieros internacionales.

Desde la izquierda denunciamos que el plan del gobierno está al servicio de fortalecer el aparato represivo de cara a imponer el nuevo saqueo nacional, según lo quiere el FMI, contra la resistencia de los trabajadores y el pueblo, porque saben que el ajuste no cierra sin represión y pretenden alistar el brazo armado del Estado capitalista para la eventualidad de necesitar todos sus recursos contra el pueblo.

¿Consenso de la democracia?

Distintas alas del peronismo, incluyendo el kirchnerismo, hablan de que el decreto firmado por Macri viola el “consenso democrático” conseguido en el Congreso y en el país desde 1983, para excluir a los militares de las tareas de seguridad interna.

Desde el juicio a las Juntas Militares, pasando por la Conadep, hasta los juicios contra los genocidas, fueron arrancados por la movilización popular. No hubo ningún consenso, hubo una persistente lucha de Madres de Plaza de Mayo, exdetenidos desaparecidos, hasta organismos de derechos humanos que cuentan con un amplísimo apoyo social, lograron que fueran enjuiciados algunos genocidas (aunque muchos gozan de impunidad) y que los militares no puedan patrullar por las calles.

Esa movilización y lucha limitó decisiones favorables a los genocidas, como la prisión domiciliaria que recibió Miguel Etchecolatz. Este beneficio no le duró mucho. Tuvieron que retrotraer la medida. Hoy el genocida está en prisión.

El exjefe del Ejército, Cesar Milani, fue encumbrado por Cristina de Kirchner y el exministro de Defensa Agustín Rossi (actual jefe de bancada del FpV). Si hoy está detenido por los crímenes que cometió durante la dictadura, no fue por la existencia de una "justicia independiente" o por los consensos democráticos, sino porque hubo una lucha de sectores de organismos independientes de todo los gobiernos, que persistieron en la lucha para que fuera condenado.

El juicio y castigo a los culpables se conquistó luchando.