Reajuste Sector Público. Funcionarios UMCE en lucha: ¡Que las autoridades de las Universidades estatales no descarguen la crisis sobre nuestros hombros!

Ante estos hechos han sido diversas las movilizaciones que se han desarrollado por parte de funcionarios y funcionarias de universidades estatales. El 12 de diciembre paralizaron la mayoría de las facultades de la Universidad de Chile y tres días después la Facultad de Ingeniería, el Campus Juan Gomez Millas, Economía y Negocios, Artes Centro, Campus Sur y Torre 15 amanecieron tomados por sus trabajadoras/es. A esto le siguió una marcha de cientos de trabajadores desde distintos puntos como el centro cultural GAM, Beauchef 850, USACH, UTEM, etc, hasta La Moneda para hacer entrega de una carta al gobierno.

Por otro lado los trabajadores y trabajadoras del ex Pedagógico iniciaron un histórico paro de brazos caídos y un estado de “asamblea permanente” que comenzó el martes 20 de diciembre. Este miércoles se realizó una masiva asamblea con participación de gran cantidad de funcionarios y funcionarias y algunos académicos. Participaron miembros de la Aprotec, Anfumce y otros, que luego de marchar por los alrededores del Pedagógico se concentraron a las afueras de rectoría a la espera de una reunión con las autoridades.

Esa reunión se aplazó para el día jueves, a la vez que la rectora Elisa Araya reafirmó la propuesta de un mísero reajuste del 6% para sus trabajadores.

Las autoridades se contentan con que seamos nosotros quienes paguemos la crisis. En realidad su política de migajas termina perpetuando la precarización de la educación pública. La rectora Elisa Araya publicó un video en redes sociales luego de las movilizaciones donde dice que con la acreditación o con un virtual alza de matrículas de posgrado será posible financiar un reajuste digno.

Justamente esa es la mayor utopía, porque sabemos que al sacarnos de la negociación pública estamos dando un paso hacia el mundo de lo privado y sus lógicas parceladas de negociación. Nuestra pelea no es solo por nuestros bolsillos, alzamos la voz en defensa de la universidad pública pedagógica y todas las instituciones públicas de educación superior, decimos con fuerza que ya no podemos resignarnos, que las políticas de miseria cómo estás nos han traído hasta acá, nos han arrojado a la incertidumbre de si la universidad podrá seguir solventándose, y también a la sobrecarga laboral, dando todo de nosotros para que la universidad siga en pie. Pero no somos mártires, el CUECH tiene que dejar de cargar la crisis sobre los hombros de los funcionarios y estudiantes y el gobierno de Boric hacerse cargo de una vez por todas de la educación pública.

Las y los trabajadores no tenemos porque pagar la crisis, en nosotros no tiene que caer la devaluación salarial. Por eso exigimos un reajuste acorde a la inflación y una Ley de Emergencia para el financiamiento integral de la educación pública que responda tanto al reajuste según la inflación de la canasta básica como a todas las necesidades para un buen funcionamiento académico y de estudio: infraestructura, becas estudiantiles de mantenimiento y alimentación, gratuidad total de la educación pública.

En lugar de tomar esta perspectiva hemos visto, lamentablemente, como las autoridades obligan a que las y los trabajadores, por medio de sus organismos, tengan que negociar por segunda vez: primero directamente desde la Mesa del Sector Público y luego como trabajadores universitarios. Esto, en los hechos, significa llevar adelante una práctica contraria a la negociación por rama, en la que buscan dejarlos fuera de dicha negociación, para tratarlos como trabajadores de segunda categoría.

La universidad dice “proteger y defender a la comunidad y a la educación pública”, pero limita la negociación por rama para las y los trabajadores. Es una práctica autoritaria, y que proviene de la dictadura militar, que acabó con este derecho sindical y aseguró la atomización de la clase trabajadora.

¿Qué significa esto más profundamente?

Esto esconde una política concreta por parte de las autoridades de las universidades, donde por ejemplo, la Rectora de la U de Chile, Rosa Devés, que fue ampliamente reconocida por ser la primera rectora mujer, expresa una clara continuación de la política del ex-rector Ennio Vivaldi, que durante años administró la educación de mercado. Esto lo ha repetido también la rectora Elisa Araya del ex Pedagógico, que también ella misma destacaba el hecho de ser mujer y “venir desde abajo” diciendo que ella incluso “limpió baños" cuestión que parece haber olvidado totalmente al tener este tipo de tratos con sus trabajadores, cuando además es sabido que las autoridades del Pedagógico reciben sueldos millonarios.

Es una muestra del tipo de educación que quieren las autoridades, es decir, seguir profundizando la educación de mercado, en donde la educación no es un derecho sino que meramente un bien de consumo. Es decir, pensar la educación en una lógica “privatizadora”, donde los estudiantes son consumidores y los trabajadores desechables.

Por su parte el gobierno -del Frente Amplio, el Partido Comunista y el Partido Socialista- ha demostrado no tener un plan y programa para recuperar la educación pública, ya que postergó la condonación del CAE, no propuso en su proyecto de presupuesto para el 2023 inversión de dinero necesario para resolver la deuda que se tiene con las universidades “públicas”, y solo ha reprimido a les estudiantes que han salido a movilizarse contra la precariedad y la violencia machista.

En cambio, según las propias declaraciones del presidente Boric, su plan es continuar y profundizar el legado de Bachelet. El 2018 se aprobó la Ley Sobre Educación Superior (ley de “gratuidad”) y la Ley Sobre Universidades Estatales, que significaron perpetuar la lógica subsidiaria del Estado y el autofinanciamiento de la educación superior pública.

La Ley de Gratuidad significó una transferencia de recursos a los centros educativos dependiendo de si los estudiantes se ganaban la beca o no. Esto significó un negocio redondo para las universidades que más lucran como las privadas ya que en su matrícula cuentan con una mayoría de estudiantes de sectores populares, mientras se desfinancia a las universidades públicas debido a que con el dinero de la beca no alcanza, y los aportes del Estado son muy pequeños, además de tener que endeudarse con los bancos si es que les estudiantes con gratuidad retrasan su titulación. Por su parte, la ley sobre universidades estatales consagró el abandono económico del Estado a las universidades públicas y puso límites a su autodeterminación y autonomía administrativa.

Estamos absolutamente en contra de que la educación vaya por un rumbo aún más neoliberal y privatizador. Todo lo contrario, creemos que debemos pelear por una educación pública gratuita unificada, de calidad, democrática y no sexista, financiada por el Estado por medio de aportes basales directos que provengan de la nacionalización del cobre y los recursos naturales e impuestos a los superricos. Creemos que el llamado es a defender una educación pública que esté abierta al pueblo trabajador, y para eso es necesario pensar en otro tipo de educación, en la que por medio de un co-gobierno triestamental -estudiantes, funcionarios y académicos- administremos nuestros lugares de estudio y trabajo y tomemos todas las decisiones.

¡Unidad de trabajadores y estudiantes!

La unidad se vuelve urgente, pues solo así lograremos salir de la crisis que estamos sufriendo especialmente en una universidad como el ex Pedagógico que arrastra problemas estructurales desde hace años y que los trabajadores y estudiantes han sido quienes han sufrido más las consecuencias de aquella crisis. Esto se vuelve evidente si consideramos que este mísero 6% que se ofrece a los funcionarios del ex Pedagógico se ofrece luego de que en los dos años pasados no existió reajuste alguno a los trabajadores de la Universidad, argumentando los problemas que conllevaba la pandemia.

Esto considerando, que además, se está buscando subir los aranceles a las y los estudiantes en un 12,3% en diversas universidades. En la Universidad de Chile, por ejemplo, las movilizaciones por el reajuste también fueron de la mano de estudiantes. Sin embargo, de todos modos las autoridades van a subir el arancel en un 10% -y con este dinero reajustar el sueldo de funcionarios- con la complicidad de las juventudes de gobierno, que desde los organismos en que dirigen y tienen mayoría, como el Congreso Fech y el CDP, además del Senado Universitario, decidieron bajar los brazos y callarse la boca.

Necesitamos la unidad de funcionarios y estudiantes porque para conquistar mejores sueldos y condiciones para las y los trabajadores e imponer al gran poder económico, a los empresarios y bancos, que son los que lucran con la educación y los créditos, necesitamos emprender una gran lucha. Como ya hemos visto el gobierno está de su lado y defiende los intereses empresariales a través de pactos con la derecha y con represión.

¡Debemos amplificar la lucha que se viene dando en el ex Pedagógico, que se rompa el cerco mediático, que se sepa nacionalmente de esta pelea! Para esto es necesario que todas las asociaciones de funcionarios de las universidades estatales solidaricen con la lucha. A su vez, como el CUECH es responsable de esta situación al no respetar si quiera el acuerdo al que se había llegado con el gobierno, debemos exigirles también que respondan a nuestras demandas, ellos, que se llenan la boca con la educación pública y como rectores y autoridades ganan sueldos millonarios.

Hagamos como nuestros colegas de la Chile que se tomaron facultades, que fueron al centro y se movilizaron, unámonos además con todas las universidades, convoquemos a todo el sector público en nuestro apoyo ¡Que no nos dividan!

Como lo hemos planteado en la Universidad de Chile, donde exigimos que el Congreso FECH junto al Consejo de Presidencias y la FENAFUCH con las asociaciones de académicos convoquen a una asamblea triestamental, en la actual lucha en el Pedagógico avanzar a una instancia unitaria para fortalecer nuestra lucha se vuelve fundamental.

En esta lucha vamos por puntos claves en defensa de las condiciones de vida de los trabajadores de las universidades públicas y de los estudiantes:

Exigimos una Ley de Emergencia YA que asegure:

1) ¡Ningún alza nominal de aranceles! ¡Ninguna rebaja real de los salarios!
2) Educación pública unificada con acceso irrestricto y gratuita para todos.
3) Por un reajuste mensual automático de acuerdo a la inflación y un salario mínimo de 650 mil pesos ahora.
4) Paso a planta de todos los trabajadores.
5) Financiamiento integral de las universidades públicas por medio de aportes basales directos del Estado, esto financiado con la nacionalización del cobre y los recursos naturales.

En la lucha en el Pedagógico, vamos por la unidad triestamental, exigimos que el CUECH deje de cargar la crisis sobre los hombros de los funcionarios y estudiantes. No permitamos que el gobierno de Boric siga precarizando la educación pública ¡Por el cumplimiento de todas nuestras demandas!