Chile. Gabriel Boric transfiere 1.500 millones de dólares a las fuerzas represivas

Este jueves el presidente chileno Gabriel Boric anunció nuevos recursos para “el combate al crimen” que se agregarían a los ya definidos en el Presupuesto 2023. Serían 1.500 millones de dólares que provendrán del ítem de emergencia del Tesoro Público y parte de la Reforma Tributaria que pretenden reactivar, y representan el 40% real del presupuesto público destinado a las funciones de seguridad, casi igual a todo el presupuesto destinado a Carabineros en el presente año.

En concreto ese dinero se destinaría a mejorar la protección de las policías, se le comprará nuevo equipamiento y materiales y además se invertirá en la focalización de la persecución del Ministerio Público para casos de homicidios y toda la acción investigativa.

El gobierno ha decidido tomar en sus manos la agenda de la derecha, sumarse a esa línea autoritaria y securitaria y avanzar en medidas que finalmente sólo afectarán a las grandes mayorías populares y trabajadoras, como veremos más adelante.

Busca cerrar el círculo de apoyos a carabineros que le han otorgado a carabineros. Primero fueron las frases y discursos políticos, la renuncia a su propio programa (jamás se volvió a hablar de la “reforma” a carabineros), luego el apoyo político en palabras, entregando a esa institución criminal todo el respaldo del gobierno, también en el terreno legislativo promoviendo la aprobación de la Ley Naín Retamal y otras medidas de mayores facultades e impunidad policial, así como de aumento de penas (que según la experiencia internacional son absolutamente inútiles para enfrentar el problema de la seguridad).

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Y luego del asesinato de un funcionario policíal en Santiago Centro, aceleró medidas y buscó cerrar con broche de oro su serie de gestos hacia la institución: además de acelerar la promulgación de la ley gatillo fácil (Naín Retamal) anunciaron esta inmensa inversión.

Han hecho de todo para “ponerse a tono” con lo que exige la derecha y carabineros, se han dedicado a blindarlos política, legislativa y financieramente. Pero en el fondo esto sólo profundizará la crisis: quieren dejar al gato cuidando la carnicería.

Toda la experiencia histórica e internacional demuestra que para que emerga el narcotráfico como fenómeno y para que se extienda la delincuencia como problema, tienen que estar vinculados a estructuras de poder, ya sea directamente del Estado o de grandes poderes económicos, tanto a un nivel “micro”, con la ligazón de bandas criminales a diversas policías, como a nivel “macro”, con empresarios que operan con dineros de la droga o directamente tienen negocios “en blanco” y “en negro” desde donde hacen más dinero.

Precisamente por eso la "guerra contra el narco y la delincuencia" ha sido un estrepitoso y sangriento fracaso en países como México, Colombia, Estados Unidos o Brasil, porque no apuntan al problema de fondo que mencionamos, porque solo riega de sangre las calles, porque afecta a los sectores populares y porque no resuelve un problema ligado íntimamente al Estado capitalista de este siglo. De hecho, después de décadas de "guerra contra el narco" en Estados Unidos, este solo se ha incrementado y ha crecido.

En el caso de carabineros, es cosa de ver ejemplos de la historia reciente para preocuparnos por cómo este gobierno, la derecha y el régimen en su conjunto han intentado blindarlos y volver a legitimarlos, a ellos, una institución criminal. Ejemplos hay por montón.

El "pacogate" y el caso de corrupción más grande en la historia de Chile

Carabineros de Chile cuenta con la medalla de ser la institución vinculada al mayor desfalco de dineros públicos en la historia del país. Estos hechos, ocurridos entre el año 2006 y el 2017, implicaron la malversación de más de 35.000 millones de pesos de dineros públicos.

Este escándalo implicó un total de 136 formalizados. Cabe destacar que entre ellos podemos encontrar Generales, Tenientes, Mayores, Tenientes Coroneles, Capitanes, Comandantes de Intendencia, Coroneles, Oficiales, Suboficiales, Jefes de secciones de Tesorería, Jefes de Planificación Presupuestaria y un largo etcétera. Es decir, era un mecanismo que involucraba a un amplio sector de la institución.

Vínculos con el delito común y el narco

Muchos trataban de defender a Carabineros diciendo que el Pacogate involucró solo a los altos mandos, que el “carabinero de a pie” era honesto y que también se veía afectado por esos casos de corrupción.

Lo cierto es que otras cifras muestran la podredumbre interna en la institución hasta los niveles más bajos. El medio de comunicación CIPER logró acceder a carpetas de contrainteligencia interna de carabineros, donde se revelaron diversos casos de vínculos de funcionarios policiales con bandas dedicadas al robo, a delitos comunes e incluso al narcotráfico.

De hecho, la Fiscalía ha contabilizado un total de 112 carabineros formalizados entre el año 2010 y el 2020 por el delito de narcotráfico. Imaginemos cuántos no han sido investigados ni descubiertos aún. Por ejemplo, se señala que entre el 2014 y el 2016 fueron 55 los funcionarios policiales investigados por vínculos a bandas narcotraficantes o delictuales.

En esos documentos que revisó CIPER y que publicó en su portal web se pueden ver casos de carabineros vinculados a bandas dedicadas al robo de cajeros automáticos, carabineros que usan grúas de familiares para trasladar autos, miembros de la Dirección de Finanzas que recorren Plaza de Armas ofreciendo dinero a cambio de favores sexuales a menores de edad, 18 suboficiales que se repartieron casi una tonelada de salmón incautado, y la lista sigue largamente. De hecho, menciona el medio, solo en 2012, hubo más de 1.000 carabineros involucrados en algún “ilícito”.

Diversificando el negocio: venta de armas fiscales

Otros casos de negocios irregulares, que además pueden vincular directamente a funcionarios policiales con el narco, son los hechos de venta (o “pérdidas”) de armas fiscales, de las cuales en muchas oportunidades se desconoce el paradero de las mismas.

Solo entre el 2016 y el 2019 las cifras “oficiales” hablan de la pérdida de 74 armas de fuego (pistolas, escopetas y subametralladoras), a las cuales hay que sumar más de 180 mil municiones perdidas en un período similar. De hecho, el año 2018 el cabo Oscar Galindo murió por un disparo de una UZI en la cabeza. Un año después en un allanamiento a un narco, se descubrió una UZI del mismo modelo que estaba, precisamente registrada en la Escuela de Formación de Carabineros.

Entre el 2012 y el 2022 la Corte Marcial de Santiago y la Corte Marcial de la Armada registraron 38 casos de robo de armamento y materiales realizados por carabineros militares. El 2017 solo en San Bernardo fueron encontrados culpables cinco funcionarios policiales por venta de armamento a un exmilitar.

La lista es larguísima y el modus operandi, similar: se roban armas de la institución y se venden a bandas de narcos o ex uniformados que terminan el negocio. Y es muy claro lo que expresa: las propias fuerzas policiales financian y arman a las bandas del narcotráfico y sostienen estrechas relaciones con estos mismos, si consideramos además que estamos hablando sólo de los hechos conocidos, consumados y condenados. Los vínculos entre el narco y la delincuencia común, con las fuerzas policiales, parecen ser profundos.

Civiles asesinados por carabineros

Es necesario hablar de los múltiples casos de civiles, especialmente jóvenes de sectores populares, que han sido víctimas mortales de la brutalidad policial, casos que se seguirán repitiendo y que se profundizará y multiplicarán si se avanza en este blindaje que la derecha y el gobierno vienen haciendo a carabineros, con dinero y leyes como la Ley Naín Retamal.

Está el caso de Manuel Gutiérrez, asesinado el año 2011, cuando tenía 16 años, y contemplaba desde una pasarela las protestas estudiantiles de ese año. El sargento de carabineros Miguel Millacura se bajó del vehículo policial y disparó con una subametralladora UZI directo a la pasarela. Manuel falleció al poco rato. No hubo justicia en este caso y el sargento, probado asesino de Manuel, se mantiene en libertad. Hace pocos días atrás se supo la negra noticia de que carabineros nuevamente comenzaría a portar UZI, cuestión que se había “suspendido” desde el asesinato de Manuel.

Tenemos lo ocurrido con Luciano Villanueva, joven asesinado el año 2014 en Parral, cuando carabineros de la comisaría de su barrio ingresaron hasta la propia casa de Luciano y su familia y lo balearon a través de la puerta de su dormitorio. No hubo justicia y la madre de Luciano se vio obligada a ver cotidianamente los rostros de los asesinos de su hijo, que se mantuvieron en libertad.

También podemos hacer memoria por Jaime Soto, asesinado por un disparo en la cabeza a poca distancia en su población, Lo Ermita, en Lo Barnechea. Otro caso sin justicia.

O el de Gonzalo Muñoz, golpeado hasta la muerte por ex funcionarios, caso sin justicia ocurrido en Puerto Natales.

O el caso de José Huenante, detenido y desaparecido en la ciudad de Puerto Montt por funcionarios policiales, lo mismo ocurrido con José Vergara en Tarapacá. Hasta ahora se desconoce su paradero.

Nuevamente, la lista puede ser eterna. Pero estos casos son gráficos de la violencia con la que actúa carabinero contra los jóvenes de sectores populares, y que ahora que se busca aumentar sus facultades y su impunidad, sólo se profundizará.

Violaciones a los derechos humanos como práctica común

Y conocidos son los casos de las masivas violaciones a los derechos humanos cometidas por carabineros durante la revuelta popular. Más de 10 mil denuncias por violencia institucional que han tenido como resultado solo 17 sentencias condenatorias, lo que muestra la enorme impunidad que gozan carabineros y fuerzas del orden. Es necesario destacar las más de 450 situaciones de traumas oculares, casos de asesinados por carabineros como Cristián Valdebenito o Alex Núñez, y un largo etcétera de torturas y violencia policial cotidiana contra manifestantes.

Esto es además transversal en el tiempo, con la represión al pueblo mapuche, agudizada desde los años 90’ con carabineros a la cabeza, quienes no solo asesinan a comuneros como Camilo Catrillanca, intentando presentar un montaje para evitar culpabilidad, sino que realizan operaciones institucionales de montaje como fue la Operación Huracán para encarcelar inocentes.

Y para qué referirnos a su papel criminal durante los 17 años de dictadura militar.

Ejemplos que demuestran el papel de carabineros y la necesidad de un programa alternativo

Es claro que este blindaje no frenará ni de lejos la delincuencia, como vemos es una institución corrupta, con vinculaciones a casos de corrupción, con casos de relaciones con el narcotráfico y la delincuencia común, fenómenos que no pueden existir sin una ligazón estrecha a las propias policías.

La experiencia internacional de casos de “guerra contra el narco” o contra la delincuencia, ha sido un verdadero fracaso como ha ocurrido en México, Colombia o Brasil, trayendo sólo más muertos y violencias mientras el crímen organizado se vinculada de manera cada vez más estrecha a las policías.

En el fondo, estas medidas solo profundizarán la violencia contra los sectores populares. Y también mayor represión, fortaleciendo a una institución criminal en la cual no podemos confiar.

Las medidas tienen que ser de fondo: revisar qué pasa en los puertos que están en manos de empresarios, en manos privadas, por donde entran las toneladas de droga, cómo se blanquea el dinero del tráfico o de la “delincuencia común” en cuentas empresariales o en los bancos, la relación de las bandas con las policías. Y todo esto ligado a un programa de conjunto para combatir el origen social del problema de la delincuencia, que es el hecho de que cientos de miles son arrojados a condiciones de vida ultra precarizadas, sin trabajo estable, sin vivienda dignidad, sin acceso a una educación gratuita y de calidad, ante eso es necesario un programa que resuelva esas problemáticas. Un sistema educativo gratuito, de acceso universal, la garantía del derecho a la vivienda, financiando dichas necesidades afectando la ganancia empresarial de aquellos que se han enriquecido a costa del trabajo de las grandes mayorías y de la destrucción del medioambiente.