Secretario de Agricultura durante el segundo gobierno de Cristina Fernández, las organizaciones ambientalistas lo conocen por su defensa a ultranza del modelo sojero.
Natalia Morales Diputada provincial PTS-FIT, Jujuy | @NatuchaMorales
Miércoles 17 de junio de 2020 19:40
Economista agrario del INTA y hombre de confianza de Alberto Fernández, Gabriel Delgado fue secretario de Agricultura durante el segundo gobierno de Cristina Fernández y candidato a ocupar ese Ministerio tras su asunción. Las organizaciones ambientalistas lo conocen por su defensa a ultranza del modelo sojero, los transgénicos y su negación sobre las consecuencias en la salud de los pueblos fumigados.
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Así como plantemos que lo que produce el holding Vicentín no es sinónimo de alimentos, amerita afirmar que el interventor Gabriel Delgado está en las antípodas de alguna ligazón con la pregonada soberanía alimentaria. Es que el economista designado por Alberto Fernández como interventor de Vicentin tiene un ADN transgénico.
Pasado y presente del agronegocio en el país
En el 2013 asumió como Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación junto al ministro Carlos Casamiquela durante el segundo mandato de Cristina Fernández. Como funcionario del kirchnerismo ha jugado un rol importante a la hora de garantizar la continuidad y profundización del modelo sojero y los transgénicos. Este es un modelo extractivo iniciado en los 90, cuyo impulso tiene como protagonista a Felipe Solá, subsecretario de Agricultura de Menem, quien en 1996 autorizó, de manera express y a pedido de Monsanto, el primer cultivo de soja transgénica en el país, la Soja RR (Roundup Ready), resistente al herbicida glifosato, y cuya continuidad y predominancia es hasta el día de hoy.
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La liberación de semillas transgénicas creció exponencialmente en el país en el 2004 a partir de la aparición de China como comprador de soja y maíz. En el 2010 el Gobierno nacional, a través del Plan Estratégico Alimentario (PNA), reafirma como política de Estado el agronegocio, fijando objetivos hacia el 2020. Así se promovió la extensión de la frontera agropecuaria para la producción de granos transgénicos demandados internacionalmente (commodities), a partir del uso de un paquete tecnológico conformado por semillas modificadas genéticamente, agrotóxicos y fertilizantes, a través de la siembra directa. La misma generó el uso de semillas transgénicas a mayores escalas de producción en el país, y un proceso de concentración sin precedentes del capital agrario con un peso creciente de las trasnacionales en las distintas etapas de la cadena de producción agroalimentaria.
Gabriel Delgado reemplaza en el 2013 a Lorenzo Basso como secretario de Agricultura. Este último había aprobado y liberado en 2012 la comercialización de semilla transgénica Soja RR Intacta, resistente al glifosato y a insectos, cuando también se intentó avanzar con la modificación de la Ley de Semillas para conceder mayores derechos de propiedad intelectual a las transnacionales como Monsanto.
Durante la gestión de Delgado crecieron las denuncias de irregularidades sobre la Comisión Nacional de Biotecnología (CONABIA), que fue creada en 1991 para evaluar, fiscalizar y controlar los efectos de los transgénicos en el ambiente, y así recomendar o no una variedad. Sin embargo la misma estuvo copada por funcionarios que responden grupos como Monsanto, Syngenta, Bayer, Dow, DuPont, entre otros, como lo denunció Darío Aranda en su nota “Funcionarios transgénicos”.
Transgénicos Nac&Pop
En octubre del 2015 Cristina anunció las primeras variedades transgénicas “made in Argentina”, una variedad de soja resistente a la sequía producida por la empresa Bioceres (donde son accionistas el sojero Gustavo Grobocopatel y el magnate todoterreno Hugo Sigman), el Conicet y la científica Raquel Chan de la Universidad Nacional del Litoral; y una papa con resistencia al virus PVY, que había desarrollado la empresa Tecnoplant del grupo Sidus y que nunca tuvo el aval formal del SENASA aunque sí contó con la firma express de Delgado.
A pesar de que la Organización Mundial para la Salud clasificó al glifosato como potencialmente cancerígeno y su uso está prohibido en varios países, Delgado afirmaba, a través de simposios y notas de opinión como en Horizonte A, posteriores al 2015, que “el miedo a los agrotóxicos y transgénicos no tiene ninguna justificación”, y lo vinculaba solo a una cuestión de publicidad sin evidencia. También decía que “los agroquímicos no son dañinos para la salud y que el sector ambientalista está equivocado”, y que “el miedo por los transgénicos y ‘agrotóxicos’ no tiene ninguna justificación y no tendrá efectos en el desarrollo futuro de la agricultura mundial”.
Las consecuencias de 30 años de agrotransgénicos
En la Argentina casi el 100 % de la soja y algodón cultivado es transgénico, y más del 96 % del maíz. El kirchnerismo y sus funcionarios, como Delgado, fueron quienes generaron las bases para que el macrismo profundice el modelo y se acerque a los objetivos propuestos por el Plan Estratégico Agroalimentario entre el 2010 y el 2020. Concretamente, aumentando la extensión de la frontera agropecuaria para la producción de granos, que pasó de 33 millones de hectáreas en 2010 a cerca de las 39.4 millones de ha en 2018/2019, de las cuales 17.35 millones son de soja transgénica.
No casualmente el desmonte y la deforestación de bosques y montes nativos durante el periodo 1998/2014 fue de 5 millones de hectáreas, donde el avance del monocultivo de la soja fue el principal factor. De hecho, el 95,8 % de las mismas coincide con el área núcleo de la soja y regiones periféricas a donde se extendió, generando consecuencias ambientales como la deforestación, pérdida de biodiversidad, de nutrientes, de agua, desertificación, emisión de gases de efecto invernadero.
Pero también significó el despojo violento de sectores campesinos y pueblos originarios de sus territorios como el pueblo wichi o los qom que mueren por desnutrición y hambre. Son millones las personas que viven alrededor de los campos de soja y de otros granos, que se han convertido en pueblos fumigados. Unos 400 millones de litros de veneno por año se vierten generando impactos en el agua de lluvia, en ríos, en la tierra, en la alimentación y desarrollo de patologías como malformaciones, abortos, cáncer y alergias.
Hasta fines del 2019 se aprobaron 60 Organismos Vegetales Genéticamente Modificados (OVGM), de los cuales más de 36 son resistentes al glifosato, el 2,4-D y otros herbicidas, lo cual implica un mayor uso de los venenos. De ellos, 25 fueron aprobados durante los cuatro años del macrismo, con casi nulo control de la CONABIA, flexibilización del marco regulatorio y donde los mismos beneficiarios eran parte de esos organismos. El avance y los intentos para la comercialización de más variedades transgénicas de soja, maíz, algodón y caña de azúcar no se frenaron e incluso hubo intentos de avanzar con una variedad de trigo transgénico resistente a la sequía y a un peligroso herbicida como el glufosinato de amonio, producido por el Conicet, la Universidad Nacional del Litoral y Bioceres.
Queda demostrado que durante 30 años cada gobierno de turno, incluidos el kirchnerismo y el macrismo, contribuyeron y profundizaron el extractivismo en el país, cediendo en el agro a las transnacionales como Monsanto o Syngenta, pero también a las grandes compañías acopiadoras de granos y procesadoras de biodiesel, harinas y derivados de la soja, y granos transgénicos, que juegan en el mercado global de los commodities como Cargill, Dreyfus, y hasta Vicentin. El Gobierno de Fernández es continuidad y no cambio de la matriz productiva, y más cuando se ha encargado de dar no solo mensajes poco claros, sino de accionar claramente en torno a continuar con el agronegocio, la megaminería, y el fracking en Vaca Muerta como política de Estado.
Dando cuenta de todo esto, y a propósito de la intervención y posible expropiación del holding Vicentin que es parte de la cadena de producción y comercialización de granos, ¿se puede pretender acciones que tiendan a la soberanía alimentaria a un funcionario transgénico como Delgado?
