A más de dos años de recibir un disparo en el rostro por parte de la Policía, el albañil de Trelew continúa sufriendo un calvario. Amenazas, intimidaciones y acoso, son parte de la impunidad que garantizan la Justicia y el gobierno de Chubut a las fuerzas represivas.
Jueves 3 de noviembre de 2022 13:12
El 14 de junio de 2020, Gabriel Fredes salió a cerrar el portón de su casa en el barrio INTA de Trelew junto a su esposa. Sin mediar palabra, el cabo primero José Osvaldo Roberts le disparó a la cara con una escopeta a corta distancia desde el móvil policial que compartía con otros tres oficiales. La foto de Gabriel con su cara impactada por los perdigones del arma antitumulto recorrió el país.
“El gobierno provincial es culpable de todo esto. Perdí casi la mitad de un ojo” dice respecto al disparo que recibió en el rostro. En la empresa que trabaja, le hicieron un examen que demostró la lesión, pero hace poco tiempo, al realizar el examen para renovar la licencia de conducir, se enteró que perdió el 50% de la vista.
El hecho fue parte de uno de los tantos “operativos de saturación” que la fuerza policial, por entonces a cargo del ministro de Seguridad Federico Massoni, realizó durante la pandemia, y con posterioridad, en los barrios populares de Trelew. Dos semanas después, la familia Fredes sufría un brutal e injustificado allanamiento policial en su hogar en el destrozaron buena parte del mismo y hasta sustrajeron parte del sueldo de albañil de Gabriel. “¡No le podés hacer una denuncia al ministro de seguridad!” le dijeron en el MPF cuando realizó la denuncia contra Massoni.
En marzo de 2021, se abrió la investigación judicial contra el “Cabo Primero José Roberts, Cabo Primero Carlos Villagra, Cabo Ivana Davies, Cabo Sonia Figueroa, el Sub comisario Fabio Herrera y el Sargento Primero Pedro Flores dependientes de la Sección Infantería de Rawson de la Policía de la Provincia, encontrándose a bordo del móvil N° 554 modelo Iveco del mismo cuerpo”, según informaba el Ministerio Público Fiscal en su página. Recién este lunes 31 de octubre se elevó a juicio al Cabo Roberts por el disparo y al resto de los ocupantes del móvil por encubrimiento sobreseyendo del subcomisario Fabio Damián Herrera.
“Nunca me dieron una respuesta” dice Gabriel respecto al Ministerio Público Fiscal y denuncia que desde hace dos semanas recibe llamadas amenazantes para que levante la denuncia contra los efectivos. “Mi casa fue filmada por un móvil policial que se detuvo en la puerta de casa anteayer” decía en relación al lunes pasado. Días atrás recibió una llamada a medianoche del abogado de uno de los imputados pidiéndole que hagan un acuerdo. “¿Por qué fiscalía le dio mi número personal a este tipo?”
Por entonces ya se conocían los audios del Comisario Paulino Gómez incitando a sus subordinados a “chimanguear”, es decir, salir a cazar gente por las calles para “llenar planillas” en medio de la pandemia. También, eran conocidos los videos de Massoni yendo a detener personas a sus casas por “violar la cuarentena”, los centros de detención en el Gimnasio Municipal y la brutalidad policial en casos como el de la oficial Sofía Herrera que obligó a dos mujeres a desnudarse y hacer sentadillas en la comisaría tercera de Puerto Madryn. Incluso loscantos clasistas y discriminatorios que los cadetes policiales vociferaban por las calles fueron ampliamente difundidos.
Un año después, el hijo de Gabriel era interceptado por la Policía a pocas cuadras de su casa en otro “operativo” en el que el propio Massoni lo golpeó y maniató con un precinto diciendole “negro de mierda” y haciendo alusión a la denuncia realizada por su padre. “Esto nos afectó mucho. En casa, nadie quiere salir a comprar” relata Gabriel, en el Juzgado de Familia, en momentos de realizar la denuncia por este hecho, constatadas las lesiones de su hijo, le dijeron que no se podía hacer nada. Ni estos hechos, ni el asesinato de Tino John, significaron la remoción de Massoni de su cargo. Fue la derrota electoral de Octubre 2021 la que lo alejó del cargo.
Su reemplazante al frente del Ministerio, Leonardo Das Neves, renunció luego de atropellar a un ciclista en un auto oficial mientras paseaba con su familia. En su lugar, asumió Miguel Castro, ex policía y ex intendente de Cholila, quien lejos de combatir la brutalidad policial, es un exponente de la garantía de impunidad de que goza la fuerza.
¿Quién es el nuevo ministro de Seguridad de Chubut?
Al frente de la fuerza, Castro nombró a Cesar Brandt, un policía condenado en 2012 por un brutal desalojo contra la comunidad Vuelta del Rio en 2003. Días antes, el gobernador Mariano Arcioni premiaba a los responsables del operativo represivo de diciembre de 2021 que dejó más de 60 heridos. La denuncia de estos hechos fue archivada por la justicia que avanzó rápidamente en procesar a 24 imputados por los “incidentes” durante las protestas.
Claramente, la impunidad policial no sólo esta abalada por el poder político al servicio de imponer un “orden” que asegure el ajuste y los negocios de los grande capitalistas, sino por una Justicia que juega a la independencia de poderes mientras asegura que ningún represor vaya la cárcel. La impunidad genera mayor violencia policial, la fomenta y garantiza que su ejercicio sea un arma contra la organización y la lucha popular.
“Hacen política con el tema de la seguridad” dice Gabriel. “Acá en época de Massoni creció mucho los robos, era sabido que liberaban zonas”. Massoni, ahora, apunta a ser candidato a intendente de Trelew, otra muestra de la impunidad que mata y avanza.
