Hoy en día, el principal recurso natural que se extrae en el país sigue generando grandes ganancias año a año. El problema es que esas ganancias sólo quedan en los bolsillos de unos pocos. ¿Cuál es el contraste con la vida de miles de trabajadores y trabajadoras en Chile?
Galia Aguilera Profesora, y dirigenta del Partido de Trabajadores Revolucionarios
Sábado 10 de febrero de 2018
El cobre, el llamado sueldo de Chile, ha enriquecido exorbitantemente al gran empresariado nacional y trasnacional. El 70% del saqueo de este mineral está en manos de privados, mientras que sólo en 30% esta en mano de la empresa estatal, esta última aporta sobre el 90% de lo que recibe el Estado a través de la explotación minera.
A pesar de las bajas que el cobre tuvo hace algunos años producto de las turbulencias internacionales enmarcadas en la crisis internacional, siguió generando cuantiosas ganancias. El 2016 las multinacionales sacaron de Chile más de US$ 22 mil millones de dólares y pagaron solo US$ 300 millones de dólares en impuestos.
La Nueva Mayoría y Chile Vamos restringen su debate en qué hacer con la miserable renta que dejan las grandes multinacionales por el saqueo brutal de este recurso natural. Por eso no fue raro escuchar de diputadas como Paulina Nuñez, que el acuerdo Corfo-SQM realizado por Eduardo Bitran le pareció tan razonable, pues administran para los derechos sociales las migajas que dejan los empresarios nacionales y extranjeros. Nuevos sectores políticos que vienen adquiriendo fuerza, no despuntan de esta lógica, a pesar de denuncian este tipo de acuerdos.
Hoy, a pesar de la baja del recurso la última semana, con pérdidas de 4,4%. La sesión terminó en 3,0867 la libra, debido al lunes negro de wall street. Los economistas proyectan que el cobre no bajará del US$ 3 la libra en los próximos años.
Mientras tanto las necesidades sociales gritan por una solución, no es sólo el acceso a la educación, o las pensiones literalmente de hambre que impuso la dictadura en su lógica neoliberal, sino que el acceso a la vivienda y la salud, tiene al pueblo trabajador disputando su último aliento, esto acompañado de los bajos salarios y las deudas. La preocupaciones de las grandes mayorías parecen no querer ser solucionadas, pues todo se mide a nivel de crecimiento y de ganancias, que sólo son distribuidas entre un puñado de empresarios, y las migas de la mesa repartida entre los trabajadores y sus necesidades sociales del conjunto de la población.
Ni siquiera son capaces de quitar a los grandes saqueadores un sueldo mínimo decente, que desde marzo será de 276 mil pesos. La fundación Sol, quien ha denunciado los últimos la precariedad salarial, señaló en agosto del 2017 que 7 de cada 10 trabajadores gana menos de 500 mil pesos, mientras que sólo el 14,7 % gana más de $800.000, lo que expresa la cara más brutal de la desigualdad en Chile.
Como tampoco son capaces de prohibir los despidos por el art. 161 por necesidad de la empresa. No les importa que no quieran reducir ni un centavo sus ganancias. Desde 2014 a la fecha cerca de 68 mil trabajadores han sido despedidos en la gran minería, pero ellos siguen ganando.
Así también, respaldan la jornada laboral, los contratos flexibles como el plazo fijo, la subcontratación o los turnos extenuantes como se viene denunciando con el caso de los turnos excepcionales ferroviarios, a los cuales el Grupo Luksic, dueño del Ferroccarril Antofagasta Bolivia (FCAB) somete a sus trabajadores. Tal situación se abrió últimamente con el caso del dirigente sindical desvinculado mientras era candidato, quien denunció los turnos extenuantes e inhumanos de esta empresa y en menos de 24 horas fue despedido.
Es por ello, que debe hacerse causa entre los trabajadores y distintos actores sociales la necesidad de la nacionalización de los recursos naturales. La gran fuerza extractivista y productiva no es más que resultado del enorme engranaje de mano de obra, que han puesto a disposición del gran empresariado y no del conjunto de la población.
Es por eso, que la sola nacionalización no es suficiente, inclusive la empresa estatal Codelco es un ejemplo, quien viene funcionando con lógica empresarial, que se expresa en que el presidente del directorio, Nelson Pizarro, anualmente recibe una remuneración líquida que alcanza la suma de $272.961.279. Es decir, mensualmente recibe un sueldo líquido de $22.746.773, vale decir, 82 veces más que sueldo mínimo. Por eso la administración de la producción debe estar en manos de los trabajadores y la comunidad, única forma de garantizar que esté al servicio de los derechos sociales como la educación, salud y vivienda. Para lograr este objetivo los trabajadores se deben transformar en un activo sujeto político, en alianza con las comunidades afectadas por el saqueo y su contaminación.
