Un informe del Centro Interamericano de Administración Tributaria (CIAT) reveló que la recaudación de impuestos en Chile cayó más que el promedio del resto de países en el continente americano. Esto en los peores momentos de la crisis sanitaria que aún no tiene salida. Postergación de pagos tributarios para los empresarios son parte de esta disminución, mientras tanto a las familias trabajadoras el Gobierno responde con mayor precarización, flexibilización del trabajo y haciéndoles gastar sus ahorros.
Martín López Trabajador del Litio
Viernes 23 de octubre de 2020
La pandemia del COVID-19 ha sido catalogada como una de las crisis sanitarias más complejas que ha atravesado la humanidad. Por una parte, más de un millón de personas muertas, no sólo por enfrentarnos a un nuevo virus, sino también por la falta de brújula por parte de los Estados a nivel internacional para enfrentar la situación. Por otro lado, la crisis sanitaria aceleró los tiempos de una crisis económica abierta que no ha podido ser resuelta hace más de 10 años.
Sin dudas, a nivel mundial quienes son los principales afectados son las familias trabajadoras, pobres y de escasos recursos en los dos niveles anteriores: económico y salud.
En este marco, es que el CIAT informó esta semana de los menores ingresos que percibirá el Fisco a nivel internacional, sumando a lo anterior los gastos de emergencia de los diferentes Gobiernos para enfrentar la crisis sanitaria que golpearán las arcas públicas, sobre todo por la mayor deuda que algunos Estados adquieren con las instituciones económicas internacionales como el FMI, para no tocar las ganancias de los grandes capitales. En el caso de Chile, de un 8,2% del Producto Interno Bruto (PIB) este 2020, lo que es un récord que no se veía desde inicio de los años 70’.
La recaudación de impuestos a nivel de la región en el trimestre de abril-junio cayó un 26,6% y a nivel nacional fue por sobre la media del continente disminuyendo 34,6%. Mientras tanto, los ingresos por impuestos a la renta cedieron a nivel continental promediando un 21,5% y el promedio en Chile fue de 43,5%.
Según explica el informe del CIAT, gran parte de estos resultados se explican por “el aplazamiento o alargamiento de los plazos para la declaración o el pago tributario”. Lo cual reafirma la política que ha tenido el Gobierno de Piñera si recordamos que el Ministerio de Hacienda, permitió la postergación de la declaración del tributo al consumo de algunas empresas.
Lo anterior, va de la mano de cómo Piñera ha buscado salvar las ganancias de los grupos económicos nacionales y transnacionales, lo que vimos con el Subsidio al Empleo a través del cual el Gobierno regala US$2.000 millones a los empresarios para reducir costos en términos de pago de sueldos para un sector de trabajadores y trabajadoras; miles de millones de dólares que salen del pago de nuestros impuestos, es decir, nuestros bolsillos se degradan para mantener intacto el bolsillo de los capitalistas.
No siendo suficiente con esto, a nivel nacional hemos visto cómo el desempleo golpea a niveles históricos llegando casi al 13%, en los últimos 12 meses 1 millón 700 mil personas quedaron sin trabajo y cerca de 800 mil son las que se encuentran suspendidas por la Ley de Protección al Empleo, votada desde la derecha al Partido Comunista. Si todas estos trabajadores y trabajadoras no encuentran o no recuperan el trabajo estaríamos hablando de una brutal cifra de 22,3%, lo que son casi 2 millones y medio de personas.
A los empresarios le aplazan el pago de impuestos, les regalan miles de millones de dólares y a las familias trabajadoras les haceb pagar la crisis extendiendo hasta enero la Ley de Suspensiones y un aumento burlesco del sueldo mínimo de 6 mil pesos. Ni qué decir del saqueo masivo a los seguros de cesantía, dinero ahorrado por miles de trabajadores/as que fue usado para mantener los ingresos individuales.
Impuesto a las grandes fortunas y mineras del país. ¡Que la crisis la paguen los capitalistas!
Las grandes centrales sindicales como la CUT, dirigida por el Partido Comunista, que agrupa sindicatos estratégicos a nivel nacional o los grandes gremios como el Colegio de Profesores dirigido por el Mario Aguilar del Partido Humanista, nada han dicho y hecho ante los ataques constantes que el Gobierno y los empresarios vienen haciendo a la clase trabajadora y sectores populares.
Por un lado, entraron a cuarentena antes de la pandemia cuando post la huelga histórica del 12 de noviembre, abandonaron la pelea por el Fuera Piñera, desarticulando la gran alianza obrera, popular y de la juventud que se dieron en los días más álgidos de la rebelión popular.
Ante esta postura expectante de las direcciones burocráticas de los grandes sindicatos, es necesario que las y los trabajadores desde la bases exijamos que estos salgan de sus sillones y discutamos en asambleas por lugar de trabajo junto a los millones de desempleados un plan de lucha para enfrentar la actual crisis que nos quieren hacer cargar.
Para así, retomar el camino de la movilización y la perspectiva de la huelga general para imponer un verdadero plan de emergencia para enfrentar la crisis actual, donde se plantee la lucha por un impuesto del 20% a los grandes grupos económicos nacional, donde sólo 10 familias de súper ricos incluida la familia de Sebastián Piñera y sus amigos como Luksic, promedian un fortuna superior a los US$3.600 millones.
Esto también a los grandes grupos económicos nacionales y extranjeros de la gran minería agrupados en el Consejo Minero, quienes a través del saqueo a destajo de nuestros recursos sólo durante los años entre el 2007 y el 2017 se llevaron más de US$120.000 millones; sin contar ahora donde las super alzas del precio del cobre superando la barrera de los US$3 la libra viene a contrapesar la insignificante baja de la producción minera del último mes, mientras que en los meses más álgidos de la pandemia tuvieron un repunte productivo que les permitió a las compañías mineras lo perdido durante los tres primeros meses de pandemia.
La expectativas que los capitalistas y el Gobierno nos quieren imponer son de mayor precarización para que la crisis la paguen nuestras familias. Esto pone en tela de juicio nuevamente el modelo económico heredado de la dictadura como también el capitalismo como sistema. Por lo mismo, se hace una necesidad retomar el camino de la movilización de octubre y la huelga general del 12N para imponer con nuestra fuerza una Asamblea Constituyente Libre y Soberana sin el Gobierno de Piñera y sin las trabas de las instituciones de este régimen heredado de Pinochet. En una instancia como esta podríamos discutir y decidir sobre los recursos del país, el control obrero y de las comunidades de los sectores estratégicos como el cobre y el litio para poner las riquezas al servicio de la mayoría de la población y no la avaricia de un puñado de empresarios.
