Piñera busca salvar a las empresas privadas en momentos de inicio de una recesión mundial económica. El paquete no es un plan de ayuda a las Pymes, es un regalo de liquidez para grandes empresas. Mientras se hacen garantías millonarias para los poderosos, el pueblo trabajador está expuesto al contagio, se atienden en hospitales sin insumos, o es objeto de despidos masivos.

Gabriel Muñoz Licenciado en Historia
Viernes 17 de abril de 2020
La Cámara de Diputados aprobó durante la madrugada del día jueves, con 79 votos a favor y 17 abstenciones, el proyecto de ley que amplía las facultades del Fondo de Garantías a Pequeñas Empresas (Fogape).
El proyecto flexibiliza los requisitos para que empresas de todos los tamaños puedan acceder al acuerdo, debido al actual contexto que vive el país por el coronavirus.
Según el documento divulgado por Diputados, este proyecto establece que "podrán optar a la garantía del Fondo los empresarios cuyas ventas netas anuales no excedan de UF1.000.000 y los exportadores cuyo monto exportado haya sido en los dos años calendarios anteriores, en promedio, de un valor FOB igual o inferior a US$16.700.000". Con este margen la ley será utililizada en un 50% exclusivamente para salvar a empresas grandes. El nombre del fondo fue utilizado demagógicamente en la prensa por Piñera.
El texto legal despachado considera para el Fogape cuatro categorías, la mayoría de ellas incluye empresas de alto valor. Con un porcentaje máximo de cobertura y un tope de financiamiento:
1. Garantía por hasta un 85% y un financiamiento por hasta UF6.250, para empresas cuyas ventas netas anuales no superen las UF25.000.
2. Garantía por hasta un 80% y un financiamiento por hasta UF25.000, para cada empresa cuyas ventas netas anuales superen las UF25.000 y no excedan de UF100.000.
3. Garantía por hasta un 70% y un financiamiento por hasta UF150.000 o su equivalente en moneda extranjera, para cada empresa cuyas ventas netas anuales superen las UF100.000 y no excedan de UF600.000.
4. Garantía por hasta un 60% y un financiamiento por hasta UF250.000, para cada empresa cuyas ventas netas anuales superen las UF600.000 y no excedan de UF1.000.000.
¿No existe oposición?
Hay despidos. Según estadísticas iniciales se dice que más de 350.000 empleos se verán destruidos por la ley de "protección" al empleo. Y estas mismas empresas podrán ahora tener liquidez. Y lo peor es que fue aprobado con muchos votos de la mal llamada "oposición", de toda la ex Concertación, y de diputados del Frente Amplio, como los RD Giorgio Jackson, Miguel Crispi, Pablo Vidal y Catalina Pérez y los CS Gabriel Boric y Gael Yeomans.
El PC y el resto del Frente Amplio se abstuvieron de manera vergonzosa. La gran mayoría de la "oposición" ha votado con complicidad cada política de Piñera para enfrentar la emergencia sanitaria: la ley de despidos y suspensiones y ahora este rescate millonario. Tal actitud colaboracionista y criminal los ha dejado como cómplices del mal manejo de la crisis. Dijeron que "igualmente había plata para las Pymes".
La presión y la negociación con gobiernos de directa e incondicional representación empresarial, solo podrá servir para modificar una que otra cuestión secundaria, pero ante esta crisis la clase empresarial y su gobierno muestran su real naturaleza explotadora y de desprecio por los trabajadores y el pueblo, protegiendo a las empresas y dejando a los trabajadores a su suerte, mientras obliga a estos a mantener la producción a cualquier costo.
Hace falta una salida de las y los trabajadores, independiente a los partidos empresariales y del régimen, que se proponga levantar un programa que incluya la prohibición de los despidos, el financiamiento total de los salarios a través del impuesto a las grandes fortunas, la paralización total de sectores no esenciales que sea convocado por todos los organismos de la clase obrera y también por la CUT, y la reconversión de la economía bajo gestión de las y los trabajadores para hacer frente a esta crisis económica y social, un programa anticapitalista y totalmente opuesto a los proyectos del gobierno.

Gabriel Muñoz
Licenciado en Historia