En cada crisis hay una oportunidad, y así lo entiende el dueño del grupo -Carlos Rosales- quien luego de haber recibido subsidios millonarios en ATP, hace meses que no paga salarios. Con algunos locales cerrados, sin mercadería y su fábrica en el sur tomada, son 3.800 familias las que podrían perder su fuente de trabajo. Repasamos los inicios de un fraude premeditado.
Lunes 26 de julio de 2021 21:54
Imagen: Mar Ned * Enfoque Rojo
“Nuestra situación es lamentable, los trabajadores seguimos a la deriva, sin respuestas concretas. Nos confirmaron que también la prepaga Omint se encuentra inhabilitada por falta de pago. Pero en nuestros recibos figuran descontados los aportes y como si todo continuara con normalidad… ¿Qué piensa Rosales? Destrozó familias enteras, dejando a niños y a mujeres embarazadas sin cobertura y sin opción a nada, no contamos con nuestros sueldos para poder pagarnos los medicamentos y/o tratamientos médicos. Tampoco podemos comprar el pan de nuestros hijos. Muchos de sus empleados no pueden pagar sus alquileres. En mi caso el 5 de agosto debo dejar el departamento. Quedo en la calle, sin plata, sin cobertura médica para mi bebé y como si fuera poco, sin trabajo. Porque desgraciadamente una embarazada tiene menos chance de conseguir trabajo con un embarazo de riesgo y ante el contexto de esta pandemia.”
Este es el testimonio de una trabajadora de la empresa. Al momento peligran 3800 puestos laborales, no se pagan sueldos, ni aportes patronales, ni la obra social. Pero en abril, Carlos Rosales declaraba en los medios que las ventas venían de aumentar un 1000% y se jactaba de decir que había reestructurado un porcentaje importante de los $12.000 millones que el grupo debía a proveedores y bancos.
Si todo iba tan bien ¿qué cambió? El lock out patronal en curso es la continuación de una conducta de vaciamiento. La empresa dejó de pagar los alquileres de los locales hace rato y comienzan a llegar órdenes de desalojo, como sucedió en la sucursal de Puerto Madryn, que cerró definitivamente. No se pagan las patentes del software necesario para operar las ventas en los locales, y por los incumplimientos de pago a los proveedores estos dejaron de entregar mercadería, profundizando la crisis.
Más delicada es la situación de los 300 laburantes de las fábricas Digital Fueguina y Tecnosur, ubicadas en la ciudad de Río Grande (Tierra del Fuego), que está tomada desde mayo para resguardar los puestos laborales.
Rosales se hizo cargo de un empresa altamente endeudada, ¿qué beneficio buscaba obtener? Recibió abultados subsidios del Estado para pagar salarios, pero cuando este rescate disminuyó y se cortó la cadena de pagos, apostó a la búsqueda de un socio que aporte liquidez. Al caerse la venta con Facundo Prado -empresario dueño de Supercanal Arilink- la convocatoria a un concurso de acreedores cobró más fuerza. Aunque los voceros de la empresa aseguran que están negociando con otros interesados. ¿A dónde va Garbarino?
Cadenas de electro: de crisis y maniobras contables
La primera sucursal de Garbarino se abrió en 1951 y vendía discos de pasta. Adaptándose a las transformaciones de cada década, la empresa logró instalarse como la principal retail de venta de electrodomésticos y electrónica, llegando a tener 200 sucursales, 50 locales de Compumundo y más de 30 centros de distribución y logística en todo el país. La firma se extendió a otros rubros como el turismo de la mano de Garbarino viajes, y en su pata productiva cuenta con las ensambladoras del sur -Tecnosur y Digital Fueguina- dedicadas a fabricar celulares, notebook, aires acondicionados, microondas, televisores y cámaras de fotos.
La crisis sectorial que golpea a Garbarino –y a otras empresas del rubro como Ribeiro- comienza en el segundo trimestre de 2018, enmarcada en un contexto económico recesivo, con caída del consumo y pérdida de poder de compra de los salarios en los últimos años.
Desde la empresa señalan que se debe principalmente a la caída de ventas, la restricción de importaciones y la suba del costo laboral. Pero según los últimos estados contables a los que accedió este diario, las ventas netas aumentaron un 29% en 2019 respecto al año previo. Y un 24,8% en 2018. Ese mismo año Garbarino alcanzó el puesto 78° del ranking de las 1000 empresas con mayor facturación del país, realizado por la revista Mercado. Mientras el costo de las “remuneraciones y cargas sociales” no representa subas significativas.
Llamativamente de lo que no hablan los voceros de la empresa es a que se debe el creciente endeudamiento, que entre 2017 y 2019 aumentó casi un 110%, pasando de $9.245.734.000 a $19.243.084.000 respectivamente.
Otro dato relevante a tener en cuenta es el signo negativo del patrimonio neto, esto significa que con sus activos no pueden respaldar el pasivo, sus acciones tienen un valor negativo. ¿Cómo se llega a este situación? Una parte importante se puede explicar por el ajuste inflacionario (acumulado por años) que el macrismo reconoció en 2019, e impacta en el balance a través del ítem “otros ingresos y egresos” ($7.038.711.00) que hunde el resultado del ejercicio.
El secreto comercial que protege a las empresas impide el acceso a la información completa, que para los trabajadores es de vital importancia para prevenir el fraude patronal y los procesos de vaciamiento, que amenazan sus puestos laborales. O incluso contra prácticas delictivas, como la denuncia por posible lavado de dinero que expuso la periodista Emilia Delfino en el diario AR. Se trata de una causa iniciada en 2017 por la AFIP, en la que se denuncia a “los responsables de la cadena de venta de electrodomésticos por dos firmas suizas que manejaron acciones y millones de la empresa.”
Entre el inicio de esas maniobras y la actualidad, la empresa líder pasó a venderse por menos de 1 peso. Aun así, nadie puede negar que Garbarino no es una empresa más, con el 22% del market share en su rubro, cuenta con espalda para atravesar momentos de crisis. Mientras parte del sector podría encaminarse hacia una transición que combine trasladar una parte mayor de las ventas al plano digital, esto no tiene que implicar la reducción del personal ni un empeoramiento de las condiciones de trabajo.
Empresarios Buitres
Luego de 69 años al frente de la compañía, los Garbarino no dudaron en desprenderse de ella cuando dejó de ser rentable. Como gran parte de los grupos económicos nacionales y extranjeros, en su libro “La fuga de capitales en la Argentina” Leandro Bona da cuenta que Garbarino figura entre las empresas que fugaron capitales en 2001 y en los Panamá Papers con empresas offshore. A pesar de la crisis financiera de la empresa, los hermanos Daniel y Omar Garbarino cuentan con una fortuna de US$ 500 millones según el ranking de multimillonarios Forbes (2018).
A su nuevo dueño, Carlos Rosales, en su círculo íntimo lo caracterizan como el rescatador de empresas en ruinas, algo similar sucedió cuando se puso al frente de la aseguradora Prof. El actual pro tesorero del Club San Lorenzo, y ex funcionario bonaerense durante la gobernación de Daniel Scioli, intentó aprovechar una nueva oportunidad ante la crisis de Garbarino. Se hizo cargo de la compañía, buscando reestructurar sus deudas, para sacar ventaja del nombre de la cadena comercial, mientras avanzaba en una reestructuración que incluía achicar la planta y dedicarse a de lleno a la venta online.
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Rosales recibió millones para el pago de salarios vía ATP. Son parches que no resuelven los problemas de fondo, ya que cuando la ayuda estatal disminuyó, comenzaron las suspensiones, los cierres de locales en el interior, los ofrecimientos de retiro voluntarios, hasta dejar de pagar los sueldos.
Celina Tidoni es abogada del Ceprodh y tiene experiencia en defender trabajadores en casos de despidos. Le preguntamos qué relación existe entre estas prácticas de fraude patronal en momentos de crisis: “Es un modus operandi de las patronales argumentar problemas económicos en el marco de crisis, y las leyes los avalan. La herramienta del Concurso o la Quiebra, donde no necesitan justificar sus crisis sino que simplemente presentan documentación y se avanza en un proceso que tiene como consecuencia dejar a los trabajadores en la calle. En Hey Latam (en Rosario) se dio esta situación, pero producto de la lucha de los telemarketers pudieron demostrar judicialmente que estaban vaciando una empresa para seguir con el mismo giro comercial en otra, de forma tan burda que tenían los mismos socios, domicilio, ¡hasta el mismo logo! La Cámara de Apelaciones de Rosario confirmó esta sentencia y ordenó que debían ser reinstalados en la segunda empresa, atento a la Ley de prohibición de despidos vigente.”
Y agregó: “Las leyes están hechas a medida de los empresarios que arman y desarman empresas a costa de los trabajadores y sus familias, aquí pudimos demostrar el fraude laboral y Stauffer (el dueño de Hey Latam) ahora tiene que abonar los salarios caídos y las multas por incumplimiento. Los trabajadores hoy pelean la reinstalación y que se cumpla el fallo judicial.”
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La deuda es con los trabajadorxs
Al momento la empresa tiene una deuda financiera de más de 3000 cheques rechazados que suman $ 4836 millones, según datos del Banco Central. Los pedidos de quiebra por parte de sus acreedores se acumulan, como el de la financiera Credibel, o demandas judiciales por impagos como la realizada por Aerolíneas Argentinas y el club Boca Juniors.
La situación es crítica, las quejas de los clientes se multiplican, Garbarino vendió productos online que facturó pero no entregó por faltante de mercadería.
Sin embargo, esta esta operatoria fraudulenta tiene como principales damnificados a los trabajadores y trabajadoras. Ya en 2019 los Garbarino comenzaron a pagar los sueldos en cuotas; y en los primeros 6 meses de gestión, Rosales sólo pagó un 25% de los salarios, el 75% restante era cubierto por ATP. Hace 12 meses que no paga aportes patronales, ni cargas a la seguridad social, tampoco la obra social.
La principal deuda de Rosales es con los trabajadores a quienes les debe parte del sueldo de abril, el de mayo y sólo cobraron los $22.000 de Repro en junio. Pero en los recibos de sueldo liquidan montos que nunca recibieron en mano. Esta deuda con los 3.800 laburantes podría rondar los $ 800 millones de pesos, sin contar los 1.200 trabajadores que aceptaron el retiro voluntario y tampoco cobraron lo prometido.
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Es una gran estafa que se consolida ante los ojos de todos, a pesar de las distintas audiencias en el ministerio de Trabajo, con la patronal y los sindicatos, los compromisos de pago no se cumplieron. Rosales se jactaba de “no hacer negocios con el Estado” pero obtuvo muchos beneficios por parte del Gobierno. Los millonarios desembolsos en ATP destinados a pagar parte de los salarios, no son una medida de fondo sino parches.
Carlos Rosales es un empresario millonario, los Garbarino también, sin embargo no les pagan el sueldo a los trabajadores y nadie les pide explicaciones. ¿Hasta cuando? La apertura de los libros de contabilidad se vuelve una herramienta necesaria para terminar con estas maniobras contables y ataques patronales. Si hay en marcha caminos hacia la reconversión digital como se lee en los medios, estos no tienen que estar asociados a despidos para que los empresarios sigan aumentando sus ganancias. Justamente en plena crisis, tienen que ir de la mano de medidas que garanticen los puestos de empleo, como el reparto de las horas de trabajo que plantea la izquierda.
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Mientras tanto, los trabajadores vienen organizándose para dar visibilidad a sus reclamos, con movilizaciones y tomas de varios locales, el depósito central de Tablada y del centro fabril de Tierra del Fuego. Frente a la fragmentación en diferentes regionales y sindicatos, los trabajadores de autoconvocados empezaron a dar los primeros pasos para superar esas divisiones convocando marchas en común. En el camino de fortalecer la unidad, han recibido el apoyo y solidaridad de otros luchadores y trabajadores que como ellos no se resignan a pagar los costos de la crisis, esa unidad muestra el camino que se necesita para enfrentar estos ataques.
Guadalupe Bravo
Nacida en Trenque Lauquen, Provincia de Buenos Aires en 1985. Es economista, recibida en la UBA. Miembro del Partido de los Trabajadores Socialistas desde 2004. Coedita la sección de Economía de La Izquierda Diario.