Gas Natural cierra el curso 2017 con un beneficio de 1.360 millones euros, un 1% más que el año anterior. Mientras, la pobreza energética, mata en el Estado español cerca de 7.000 personas al año.
Ivan Vela @Ivan_Borvba
Miércoles 7 de febrero de 2018
Foto: Sede Gas Natural Fenosa
Gas Natural sacó a la luz este miércoles los resultados económicos del 2017, que alcanzaron el beneficio de más de 1.300 millones de euros, lo que supone un aumento del 1% respecto al curso anterior.
En la sombra de esta noticia, los miles de muertos que la especulación eléctrica y el negocio levantado opacamente entre Gobierno y empresas deja cada año. Solo en el Estado español esta cifra se fija cercana a los 7.000.
Francisco Reynés nombrado nuevo consejero delegado tras sustituir a Rafael Villaseca, se encargará de implementar el rumbo que marquen los principales accionistas que conforman el Consejo de Administración entre los que se encuentran Criteria (Fundación La Caixa), Repsol y GIP.
Frente a esta realidad de millonarios beneficios para unos pocos y espectaculares inversiones (solo en 2017 alcanzó los 1.782 millones), se encuentra una muy distinta, la de millones de personas que sufren la codicia insaciable de Gas Natural.
El Gobierno como gestor de los negocios privados
El último mes del 2017, tal y como sucediera en 2016, el precio de la luz se incrementado considerablemente. Solo en diciembre del pasado año, la factura de la luz aumentó para un consumidor medio un 4,6%.
Frente a esta subida desde el Ministerio de Energía se apresuraron a salir públicamente a lavarse las manos, asegurando que la parte regulada de la tarifa eléctrica (que supone el 60% de la factura) está congelada desde hace cuatro años, y que así seguirá este 2018.
Inclusive muestran en los medios de comunicación su disconformidad con la subida de precio llevando ante el CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) a la propia Gas Natural y Endesa por infracciones de la ley que regula el sector eléctrico.
Pero lo cierto es que tras la sentencia de la CNMC que sí detectó indicios de alteración manipulado del precio de la luz por parte Endesa y Gas Natural, la multa oscila entre los 600.000 euros y los 6 millones euros. Una cifra irrisoria comparada con los beneficios que obtienen estas eléctricas en tan solo un año.
A esto además hay que añadir la devolución del “bono eléctrico social” por parte del Gobierno correspondiente al año 2014. Este “bono social” corresponde a las rebajas que realizan las operadoras en las facturas de las familias que se acogen al citado bono, y que lo pueden hacer si cumplen ciertas características socio económicas.
El diciembre pasado el Gobierno aprobó la devolución de estos “bonos sociales”, que asciende hasta 200 millones y que será retirado de los Presupuestos Generales del Estado, que como ya informó el Ejecutivo, cuenta con una partida extra para afrontar este pago.
Es decir, la operación es la siguiente: las operadoras eléctricas manipulan el precio de la electricidad para aumentar su coste, lo que provoca que millones de familias se encuentren en situación de incapacidad de hacer frente a las facturas. Estas operadoras les ofrecen una rebaja en la factura que a la postre recuperarán de los Presupuestos Generales, es decir, del dinero de todos. Negocio rendo, manipulación del mercado y del precio y pago asegurado, sino por el consumidor, por el Estado.
Así que las débiles excusas del Gobierno no ocultan la complicidad que de conjunto existe entre Gobierno y eléctricas. De hecho la realización de favores mientras se está en la esfera política tiene recompensa posterior.
Más de una cincuentena de políticos han pasado de la política a los consejos de administración de eléctricas. Entre ellos nombres de primer nivel del Régimen, como José María Aznar (Iberdrola) y Felipe González (Gas Natural Fenosa).
En la sombra, la pobreza energética
Este “chiringuito” especulativo con grandes réditos se hace a costa de la pobreza y directamente de la vida de miles y miles de personas. Según el estudio de ACA (Asociación de Ciencias Ambientales) más de 5 millones de personas se encuentran en situación de pobreza energética y al año, a esta circunstancia, se le asocian aproximadamente 7.000 muertes al año.
Incluso un estudio de Economics for Energy, entidad privada sin ánimo de lucro y que cuenta entre sus socios con Gas Natural y Endesa, detectó en uno de sus últimos informes que solo entre los años 2007 y 2013 la pobreza energética en el Estado español se multiplicó por tres.
Es intolerable que la codicia de estas eléctricas junto a la complicidad del Gobierno, estén sumando millonarios beneficios mientras miles de familias no pueden acceder a un servicio básico, tan básico que su ausencia causa miles de muertes.
Para imponer medidas reales se debe tratar el problema de fondo, un sector estratégico para la población como lo es el eléctrico no puede estar bajo gestión privada. Es necesario obligar e imponer una reducción de las facturas para que el servicio sea accesible a todos, y esto no se podrá realizar sino es mediante la expropiación sin pago y la nacionalización de las grandes empresas del sector.
Solo de esta manera se podrá planificar en base a las necesidades reales de la población y garantizar que la riqueza de unos pocos se genere sobre la pobreza de millones.
