A más de un año de que se tomara la decisión de entregar la nómina actualizada de internos por delitos de lesa humanidad recluidos en Colina 1 y de Punta Peuco, Gendarmería presentará apelación en Corte Suprema. Impunidad genocida que se mantiene.
Natalia Sánchez Concejala Antofagasta por el Partido de trabajadores Revolucionarios, Médico del Hospital Regional de Antofagasta y parte de la Agrupación de Trabajadores de Salud "Abran Paso"
Viernes 5 de abril de 2019
Hasta la Corte de Apelaciones ha llegado la disputa entre Gendarmería y el Consejo para la Transparencia (CPLT, organismo para el cumplimiento de la Ley de Transparencia), luego de que esta última exigiera una “nómina actualizada e internos por delitos de lesa humanidad recluidos en los penales de Colina 1 y de Punta Peuco, sin tarjar los nombres y apellidos”.
La decisión ya había sido tomada el año pasado, pese a que la Dirección Nacional de Gendarmería presentara un reclamo de ilegalidad contra el CPLT al solicitar los datos de los acusados, cosa que también ha planteado Raúl Meza, abogado defensor de los presos de Punta Peuco, quien afirma que “tenemos la más absoluta convicción jurídica que esta resolución judicial es abiertamente ilegal e inconstitucional por cuanto vulnera el derecho a la intimidad y privacidad que tiene todo reo en este país de su identidad y datos personales, especialmente tratándose de causas judiciales sobre derechos humanos”.
Es por esto que Meza informó que exigirá a Gendarmería que apele ante la Corte Suprema, mostrando nuevamente la completa impunidad en que viven los presos por tortura, asesinato y desaparición de detenidos políticos, lo que ha sido cuestionado en reiteradas ocasiones con casos tan emblemáticos como la ruptura del secreto del informe de la Comisión Valech, que impedía a tribunales acceder a información sobre los casos de violación de derechos humanos y que había sido resguardado por la Concertación y la Nueva Mayoría.
Hoy se debaten por tanto dos posturas, perpetuar la impunidad en que viven cientos de asesinos y torturadores en cárceles de lujo como Colina 1 y Punta Peuco, frente a normalizar lo que debiese ser el manejo público de información penal, con un mínimo de respeto a las víctimas de dichas violaciones de los derechos humanos y sus familias, finalmente para lograr hacer que paguen los culpables de uno de los mayores genocidios en la historia chilena y que fue perpetrado por la derecha, las fuerzas armadas y el imperialismo en contra de las y los trabajadores organizados.
