Domingo 7 de abril
El general director de carabineros, pidió al Tribunal Constitucional, suspender su formalización por las violaciones a los DDHH cometidas el 2019 en medio de la rebelión
La máxima autoridad de la policía será imputada por su responsabilidad de mando y omisión en apremios ilegítimos, durante lo que fueron las jornadas de movilización del 2019, donde millones salieron a manifestarse y a exigir el fin de la constitución Pinochetista.
El gobierno de Sebastian Piñera, tuvo una línea directa que fue la represión. El método de “disparar a los ojos”, era ya ocupado por el ejercito Israeli contra el pueblo palestino, pero el 2019 en Chile contabilizo mas victimas de trauma ocular que 30 años de represion al pueblo palestino, hasta esa fecha.
De hecho, la cifra más fuerte no es que en toda la historia de Chile, jamás hubo tantas personas lesionadas en los ojos por balas de goma, sino que esto jamás había ocurrido en ningún lugar del mundo. Estas acciones no son al azar. Era la línea del gobierno de Sebastian Piñera para desarticular la movilización y cerrar el cuestionamiento abierto no solo a él, sino a todo el régimen que defendía. El número de personas asesinadas por la policia y los militares, bordea las 40 personas.
La búsqueda de la impunidad de Ricardo Yañez
El general director de carabineros, ya lleva empleando durante hace bastante tiempo, maniobras dilatorias para evitar ser procesado. Una de ellas es la inhabilitación de fiscales que llevan la investigación por “apremios ilegítimos”, aplazando la formalización.
El general plantea, “se funda en una elaboración de un tipo penal artificioso, alambicado que contiene una pretendida responsabilidad de mando (o del superior) que no es un elemento objetivo del tipo penal del delito de apremios ilegítimos. En efecto, esta figura de participación no constituye un crimen en sí mismo, sino una especial participación de los jefes militares y civiles en los tipos penales de derecho penal internacional”, y termina agregando que, “al no haberse declarado así por el juez de primer grado, vulneró garantías constitucionales como el debido proceso, en su vertiente al derecho a defensa y derecho al recurso, y principios constitucionales como la supremacía constitucional y de juridicidad”.
De esta forma, busca eludir a la Justicia, planteando que las situaciones que se vivieron el 2019 eran excepcionales. No quiere asumir que fue el gobierno de Sebastian Piñera el que le declaró la guerra al pueblo de Chile, y para reprimir lo puso a él a la cabeza de carabineros, cargo que desempeñó fiel al presidente, es decir, sin importarle que para recuperar “la paz”, se tuviese que emplear metodos de tortura, y de represion, como no se habian visto desde la dictadura.
Que hoy Gabriel Boric plantee brindarle "todos su respaldo", es una falta de respeto y sensibilidad, con las cientos de personas que sufrieron traumas oculares, y al mismo tiempo es mantener la impunidad de carabineros y las fuerzas armadas, como también de todos los responsables politicos de la represión.
Hay que ponerle fin a la impunidad en Chile, pero es difícil que eso se logre con una Justicia, que como ha demostrado el caso Hermosilla, está para servir a los intereses de los poderosos en Chile. Solo los trabajadores y el pueblo organizado, y movilizado, podrá conquistar una verdadera justicia para ponerle fin a la historia de impunidad que vive el país.
