Desde el 28 de marzo tras la publicación en el BOE ha entrado en vigor una aplicación para geolocalizarnos. En un contexto de mayor control, con policía y ejército en las calles, medidas como estas alertan a la población y a los medios.
Miércoles 8 de abril de 2020
El Estado ha creado una aplicación que ha generado mucha confusión sobre si, al poner en el mapa dónde están nuestros dispositivos móviles, podrían controlarnos a toda la población. Tal y como dice el BOE del 28 de marzo, la geolocalización se da “a los solos efectos de verificar que se encuentra en la comunidad autónoma en que declara estar.” El responsable de la operación es el Ministerio de Sanidad.
Además en el mismo BOE, se detalla que la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, dependiente del Ministerio de Economía va a llevar a cabo el estudio DataCOVID, junto con el Instituto Nacional de Estadística (INE) para llevar adelante "de manera agregada y anonimizada, el análisis de la movilidad de las personas en los días previos y durante el confinamiento”.
En este documento poco claro, la mayoría de los medios han denunciado que, ademas de poder acceder a los datos de la población de forma anonima para hacer un análisis estadístico, podrían también acceder a estos para reforzar el control a la población. La realidad es que, si se quiere, este control digital se hace ya desde hace tiempo, tal como denuncian cientos de colectivos contra la represión.
Desde que fue declarado el Estado de Alarma, hemos visto como se impone un importante aumento del control social. El ministro de Interior, Grande Marlaska, dijo en rueda de prensa el día 20 de marzo que ‘cualquiera que salga a la calle puede ser objeto de investigación’.
Numerosos juristas describen que se trata de un ataque a las libertades individuales. La Constitución Española recoge que se pueden limitar los derechos fundamentales a través del artículo 55. Por alteraciones graves de la normalidad, se aprobó una ley orgánica que permite la declaración del estado de alarma. El estado de alarma permite la limitación de la movilidad, pero no la suspensión. En el actual estado, se está suspendiendo derechos fundamentales recogidos en los artículos 19 y 21, que incluyen la libertad de residencia y circulación y el derecho a reunión y manifestación. Bajo la causa de la unidad nacional por la salud pública, se han tomado medidas propias del estado de excepción, estado que recoge la constitución para alteraciones de orden público. Este supuesto de alteración del orden público no se da, y por lo tanto no están se justifican las medidas propias del estado de excepción.
Asistimos cada día a ruedas de prensa donde el Gobierno PSOE-UP da un enorme protagonismo a los cuerpos represivos del Estado en medio de una enorme crisis sanitaria. Solo en las dos primeras semanas del estado de alarma, se produjeron 180.387 propuestas de sanción y 1534 detenciones por resistirse o desobedecer según la policía. Actualmente ya superan las 300.000 sanciones.
Ya en 2019, fue aprobado el Real Decreto-ley 14/2019, conocido como Ley Mordaza Digital, por el que el gobierno puede controlar internet y la conexión móvil, supone un nuevo salto en preparar la represión de un régimen con experiencia en atacar las libertades democráticas. Este decreto permite, sin orden judicial, cerrar páginas web o eliminar la conectividad de teléfonos de una zona.
Este tipo de prácticas son parte del currículum represivo de la “democracia” española, desde secuestrar periódicos y webs hasta pinchar teléfonos y elaborar listas negras. Todo esto nos llama a cuestionarnos: ¿para que se usa la tecnología de vigilancia y contra quién dirigen su despliegue represivo?
Se acentúa el confinamiento, el control social y la vigilancia de movimientos de la población, pero en el ámbito laboral se permite durante semanas los desplazamientos de la clase trabajadora para que empresarios y multinacionales sigan aumentando sus beneficios. Los patronos que deseen parar, no arriman el hombro. El estado, a través de ERTEs, asume el 70% de las nóminas con millones de dinero público que nos harán pagar a la clase trabajadora a través de intereses de deuda y precariedad.
Se permiten abusos, despidos improcedentes, faltas de EPIs y amenazas por pedirlos incluso a personal sanitario y de alto riesgo. ¿A quién vigila éste gobierno?
Se permite dejar morir a miles en las residencias de ancianos, obligando a su personal a trabajar sin EPIs adecuados mientras se enriquece la patronal de las residencias. En definitiva, este gobierno ha dado suficiente muestras que dejan ver a que clase social defiende y como no quiere que la clase trabajadora asuma un papel protagonista o aporte soluciones. No vaya a ser que nos demos cuenta de nuestro potencial.
