Acusan al Partido Obrero - Frente de Izquierda y en particular al diputado provincial Aldasoro Iñaki por portación de armas, efectuar explosiones, lanzar proyectiles y alterar el orden y la circulación vehicular. Es por la protesta que se realizó en la apertura de las sesiones ordinarias, el 4 de abril del año 2018.
Mauro Tabak Abogado CeProDH
Lunes 7 de enero de 2019 13:51
Nuevamente Jujuy es noticia por la política represiva desplegada por el gobernador Gerardo Morales. Esta vez atacando al Partido Obrero del Frente de Izquierda, y al diputado provincial Aldasoro Iñaki por protestar frente a la legislatura provincial, al comienzo del año 2018, en la apertura de sesiones ordinarias.
El 4 de abril de 2018 personal de infantería desató una brutal represión ejercida por la Infantería, desplegando un enorme operativo, utilizando la caballería, y personal de la brigada de investigaciones para infiltrarse y filmar a los manifestantes, disparando con balas de goma y gases lacrimógenos que dejó a decenas de docentes y trabajadores heridos, entre ellas Sara Velazquez, de Madres y Familiares de Detenidos - Desaparecidos.
Las semanas siguientes familiares denunciaron las tareas de inteligencia que venía realizando la Policía Provincial en los domicilios de ocho dirigentes sindicales, sociales y estudiantiles, que luego fueran allanados para llevarse detenidos a punta de pistola, rompiendo puertas, reduciendo a niños y mujeres. Los paladines del Poder Judicial que ordenaron las detenciones fueron, el Juez Jorge Zurueta (ex secretario de seguridad de Eduardo Fellner) y el fiscal Diego Cussell, siendo el mismo encargado de la persecución penal contra Milagro Sala.
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Ocho meses después citan al legislador del PO - Frente de Izquierda, avasallando sus fueros parlamentarios, para realizarle un acta; acusándolo a él y su organización política por portación de armas, alterar el orden, obstaculizar el tránsito etc., con penas que conllevan hasta quince días de prisión según establece el nefasto código contravencional votado por peronistas y radicales. Siendo que se ha convertido en una de las principales herramientas del gobierno para perseguir a la oposición política y a todo aquel que reclame derechos.
Recordemos que está transcurriendo el juicio contravencional contra los estudiantes que reclamaban contra el cierre de los institutos educativos CEIJA, hecho por el que había sido detenida la concejal Andrea Gutiérrez del PTS- Frente de Izquierda y el abogado Héctor Huespe. La acusación continúa contra dos estudiantes, un referente sindical y Valentina Melo, estudiante de la UNJu y militantes del PTS.
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En ese sentido, la diputada provincial Natalia Morales afirmó "el accionar impune y grosero del gobierno se expresa con un acta, a través del departamento contravencional, luego de 8 meses con el único objetivo de intimidar y disciplinar a la oposición. Se agrava aún más, porque es contra una organización política y contra un diputado provincial como es Iñaki Aldasoro, integrante del PO y del Frente de Izquierda, avasallando fueros, como sucedió con mi compañera Andrea Gutierrez. No podemos permitir que esta denuncia avance en contra de legisladores de la oposición, qué les quedan a las trabajadoras, obreros, y jóvenes que salen a luchar por sus derechos".
A su vez Alejandro Vilca manifestó: "la política represiva del gobernador tiene denuncias en organismos internacionales de DDHH, hay que enfrentarla en las calles uniendo a los trabajadores con las mujeres y jóvenes que son el principal blanco de Gerardo Morales como lo venimos denunciando desde que asumió. Es necesario tirar abajo todas las causas contra luchadores y derogar el código contravencional".
