El Gobernador de Jujuy apoya el cierre de la mina y propone retiros voluntarios como en las privatizaciones de los 90’. Hay que luchar por una salida de los trabajadores para defender los puestos de trabajo.
Miércoles 18 de noviembre de 2020 13:54
El lunes la multinacional Glencore que opera El Aguilar anunció públicamente el cierre de la mina y el despido de los 700 trabajadores. Sin mostrar un solo estudio que lo avale, aseguran que la “vida útil” de la mina llegó a su fin, por lo tanto no queda más que bajar la persiana y retirarse.
Rápido para los mandados, el gobernador Gerardo Morales se reunió el martes con directivos de la empresa y decidió acompañarlos en su decisión de cerrar la mina y dejar a 700 familias en la calle. Como “salida” propuso que los trabajadores acepten los “retiros voluntarios” y otorgarles el título de propiedad de las viviendas que hoy ocupan a la vera del socavón.
Los llamados retiros voluntarios, que de “voluntarios” no tienen nada, proliferaron durante las privatizaciones de las empresas de servicios públicos bajo el gobierno de Menem en los años 90’, que implicaron una reducción drástica de puestos de trabajo e incluso el cierre de empresas. Tomando las empresas privatizadas de gas, agua, electricidad, teléfonos, YPF y Aerolíneas, se perdieron más de 75.000 puestos de trabajo, el 57% del total. En nuestra provincia, además de la privatización de los servicios públicos, contamos con la oscura experiencia de la privatización de la ex Altos Hornos Zapla, que pasó de ser un polo siderúrgico que empleaba a miles de obreros a ser poco más que un taller, hoy en manos del vaciador Sergio Taselli.
En esos años, los retiros voluntarios venían con la promesa de un futuro próspero, donde los obreros iban a poder “invertir” sus indemnizaciones para “poner un kiosco o un remís” y transformarse en pujantes emprendedores. Como sabemos, todo eso fue una gran mentira y terminó en una desocupación récord en nuestro país, superando el 20% de la población. Hoy esa promesa es el título de propiedad de viviendas que pronto no serán más que un pueblo fantasma a la vera de una mina abandonada, como pasó con decenas de pueblos tras el cierre de ramales enteros del ferrocarril. O más reciente, el cierre de Fundidora El Aguilar, también propiedad de Glencore, que dejó a decenas de nuevos desocupados. Salvo que con la lucha se lo impida.
Porque las privatizaciones también dejaron lecciones de lucha. En un mar de derrotas producto de la complicidad de la CGT y las distintas burocracias sindicales con el gobierno peronista de Carlos Menem, hubieron ejemplos de lucha y resistencia, incluso algunas que impidieron las privatizaciones. Como la de los obreros del Astillero Río Santiago en Ensenada, Provincia de Buenos Aires, o las de distintas empresas provinciales de servicios públicos, como las de Agua o Energía en Neuquén. Por eso, frente al chantaje del cierre y los retiros voluntarios, los mineros con el apoyo de la comunidad tenemos que oponer un plan de lucha para evitarlo. Empezando por exigir la apertura de los balances contables de Glencore y todos los estudios de exploración, recursos y reservas de la mina. Y si la multinacional continúa con su plan de cierre de El Aguilar, exigir su estatización para ponerla a producir bajo gestión de sus propios trabajadores, con la participación de técnicos, organizaciones ambientalistas y comunidades originarias, para preservar los puestos de trabajo y planificar una explotación racional y al servicio de la comunidad.
