La lucha en las alturas entre el Fiscal General, Alejandro Gerz y el ex consejero de la presidencia, Julio Scherer indica que la tan celebrada cruzada contra la corrupción del gobierno tiene enormes límites, sobre todo cuando están involucrados altos funcionarios.
Martes 26 de abril de 2022
Julio Scherer Ibarra —ex consejero jurídico de la presidencia— denunció ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción al actual Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero por tráfico de influencias. Lo que se suma al reciente caso en que el Fiscal usó el poder que le otorga su puesto público para encarcelar a familiares políticos bajo el argumento de “homicidio por falta de cuidados”, lo que parece que tiene que ver más con bienes que estaban a nombre de Federico Gertz Manero, hermano finado y prestanombres del titular de la FGR.
Según la denuncia, se acusa al Fiscal además de lavado de dinero, extorsión, delincuencia organizada, etc. Asimismo, se señala a los colaboradores cercanos de Gertz Manero de ser los operadores jurídicos y políticos. En el documento presentado por Scherer afirma que el Fiscal ha utilizado a la institución de manera facciosa y como un despacho particular para litigar sus asuntos, además de fabricar delitos y comprar silencios cómplices.
En lo que respecta al ex consejero jurídico de la república debemos tener presente que fue separado de su cargo como mano derecha de AMLO, a causa, según algunos analistas, de organizar una enorme red de corrupción y tráfico de influencias con el que cobraban cifras millonarias a cambio de resolver problemas judiciales y deudas de grandes proporciones. En resumen, ambos personajes son indefendibles y concentran lo que el gobierno de Morena ha ido recogiendo a lo largo de años, individuos que saltan de puesto en puesto con el único fin de acumular capital a costa de la clase trabajadora.
¿En la 4T no hay corrupción?
Esté caso sólo ejemplifica una situación que se viene haciendo más evidente con el tiempo, que en el gobierno de la autodenominada “Cuarta Transformación” (4T) las viejas prácticas del pasado, incluida la corrupción, el tráfico de influencias y el enriquecimiento de los funcionarios públicos se mantienen prácticamente intactas.
Si bien es cierto que en los niveles bajos y medios del gobierno federal los controles, la transparencia y la fiscalización han aumentado, para los altos mandos no se aplica la misma media, por el contrario, y aprovechando su poder, violan la ley y se mueven al amparo del Estado.
Asimismo, no es posible argumentar que a estas alturas del gobierno de Morena y con escándalos de corrupción y enriquecimiento por todos lados y sobre todo, de colaboradores cercanos al presidente la república, Andrés Manuel López Obrador no se encuentre enterado de los obscuros manejos de su gente, más bien, parece que trata de contener el impacto de las viejas prácticas del pasado con su discurso progre de “honradez moral”. A lo anterior sumamos que la imagen presidencial se mantiene en altos índices de popularidad, lo que permite manejar con cierto éxito los escándalos.
En un sistema como el actual, en que la ganancia de los empresarios es lo más importante, la corrupción es inevitable, porque al ser el fin último de la vida, los dueños de las empresas y los funcionarios públicos no dudan hacer lo necesario para conseguir cuantiosos recursos. Por esto mismo, algunas medidas que ayudarían a resolver el problema sería que todo aquel que trabaje para el gobierno ganará lo mismo que un trabajador promedio y que su puesto fuera revocable en todo momento, con esto se podría controlar desde la base a todo aquel que buscará enriquecerse a costa de los demás.
