Gertz Manero con sueldo de 200 mil como fiscal e investigador ¿Y los docentes de la UNAM?

Como distintos medios lo han dado a conocer, desde el 2010 Manero había realizado una petición para ingresar al Sistema Nacional de Investigación y desde entonces le fue negada la solicitud en cuatro ocasiones distintas por no cumplir con los requerimientos del Conacyt.

Entre los argumentos expuestos por la Comisión Revisora, estaban que “No existe una línea de investigación definida,” que sus libros publicados no son originales, en el caso de Seguridad y Justicia. Sí se puede, no es un libro original de investigación científica sino un opúsculo destinado a promover las propuestas de reforma impulsadas en su momento por el Doctor Gertz.

Además de que en el caso de sus artículos publicados en El Universal “es escaso el aparato crítico de sus productos, además presenta deficiencias elementales en el manejo de la técnica de investigación documental” y no cuentan ni con citas al pie de página.

En el mismo expediente del 2015, obtenido por Animal Político, se argumenta que “el solicitante no realiza habitual y sistemáticamente actividades de investigación”, “No demostró participar en la formación de recursos humanos a través de la dirección de tesis” y por último, al haber terminado sus estudios de licenciatura en 1962, incumple el artículo 55 que especifica que el solicitante debe tener menos de 15 años de haber terminado dicho grado.

El nombramiento de SNI nivel III otorgado por Elena Álvarez-Buylla, despertó el descontento de diversos investigadores, pues el proceso para ingresar al Sistema consta de un riguroso mecanismo que el expediente de cada solicitante es revisado por nueve Comisiones Dictaminadoras por cada área de conocimiento, compuestas por entre 13 y 15 investigadores.

¿A qué responde el nombramiento de Gertz Manero?

El fiscal general fue el primer titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el gobierno de Vicente Fox y previo a eso, secretario de seguridad pública del Distrito Federal durante las gestiones de Cuahtémoc Cárdenas y de Rosario Robles.

Entre los traspiés que ha tenido en su actual puesto en el gobierno de la 4T, destaca la propuesta de eliminar el feminicidio del Código Penal y mantenerlo como homicidio agravado y declarar el fin de la “verdad histórica” de Ayotzinapa sin proceder contra los principales responsables, entre ellos Omar García Harfuch y sin tener a la fecha, una respuesta sobre el paradero de los 43.

Uno de los argumentos de la Comisión Especial Dictaminadora, es que a pesar de no haber producción científica en el trabajo de Manero, lo escrito por el susodicho sirvió en los últimos años de "insumos para el sistema jurídico penal o código penal”.

Es decir, la decisión de la comisión, creada de manera irregular, y aprobada por Álvarez-Buylla responde más a fines políticos que científicos y funciona como una suerte de premiación política para el fiscal por haber dado la “justificación académica” para la legislación de la 4T que ha implicado mayores penas en torno a la violencia a la mujer y el aumento de la militarización del país, medidas que lejos han estado de resolver la situación estructural de violencia en el país y que en el caso de la segunda, en realidad ha abonado a incrementarla.

Álvarez-Buylla, nombrada como directora por López Obrador después de ser electo presidente, se vio envuelta en una polémica en el 2019, por nombrar como subdirectores a David Alexir Ledesma quien estaba cursando el tercer semestre de la carrera de Comunicación y Edith Arrieta Meza que contaba únicamente con una licenciatura en Modas, además de ser militante y haber sido candidata a diputada del Morena.

Gertz: Fiscal e investigador con sueldo millonario mientras miles docentes e investigadores están en la miseria

El Conacyt depende directamente de la Secretaría de Gobierno y según el padrón de beneficiarios (2020), 33,165 investigadores son reconocidos por el SNI, de los cuales 8,727 son candidatos a investigador nacional (26.31%), 17,091 investigadores nacionales nivel I (51.53%), 4,793 nivel II (14.36%) y 2,584 nivel III y eméritos (7.79%). Los salarios van de 7 mil pesos a los candidato a investigador nacional, a 32 mil 857 pesos para los investigadores de nivel III.

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Si bien es un organismo destinado a promover la investigación científica y la invención y modernización de la investigación en el país, el sistema de competencia con el que opera, “induce a crear y profundizar las desigualdades entre los académicos es el CONACyT, que otorga estímulos para la investigación sobre las bases de los esquemas capitalistas de la competitividad, la productividad y la eficiencia.”

“Ya que sólo financia los proyectos que considera “productivos”, (en la lógica de la ganancia por supuesto), promueve la privatización del conocimiento al fomentar las patentes y los “derechos de autor” y claro, invita a empresas privadas a participar en esos proyectos que considera productivos”, como explicamos en [esta nota-https://www.laizquierdadiario.mx/Centralizacion-de-los-recursos-para-la-investigacion-en-el-CONACyT-Es-la-solucion].

A esto se suma que en plena pandemia cientos de investigadores, docentes y becarios del Conacyt, denunciaron en redes no estar recibiendo su beca a pesar de tener contratos de exclusividad con dicha institución, lo que les impide tener otra fuente de ingresos. Este fue el caso de los estudiantes del posgrado en Estudios Latinoamericanos de la UNAM quienes se organizaron en asambleas para exigir les fueran entregadas las becas que les habían sido prometidas.

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Recién en abril, estudiantes que estaban cursando su posgrado en el Reino Unido con becas del Conacyt, denunciaron estar varados en dicho país pues la beca les había sido recortada bajo la excusa de que no había dinero. En el mismo mes, entró en vigor una reforma al SNI que determina que docentes de instituciones privadas no podrán recibir becas del Consejo.

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El nombramiento de Gertz Manero como investigador SNI nivel III, con el cual percibirá 32 mil 857 sumándose a sus 159 mil 536 pesos de sueldo como fiscal -lo cual además es violatorio del contrato de exclusividad con el Conacyt-, contrasta brutalmente con el sueldo de al rededor de mil pesos mensuales que reciben los docentes de asignatura en diferentes universidades del país y que ha sido motor del movimiento #UNAMNoPaga.

Lo que deja a relucir este acontecimiento, es que los intereses de quienes administran y controlan el Conacyt, no tienen nada que ver con producir ciencia y tecnología al servicio de las grandes mayorías, sino con alentar la inversión privada con proyectos que les puedan resultar “productivos”, así como galardonar a aquellos académicos o investigadores que les son fieles a las administraciones en turno, en este caso a la de López Obrador.

Para que la ciencia y la investigación estén al servicio del pueblo pobre y trabajador, deberían ser los investigadores, de la mano de las y los estudiantes, docentes y trabajadores de las instituciones universitarias y de investigación, quienes decidan democráticamente en función de las necesidades que conocen de primera mano, hacia dónde deben ser destinados los recursos de investigación, garantizando ingresos y condiciones dignas de trabajo para todos los docentes y trabajadores de la educación e investigación.