El oficialismo busca hoy dictaminar a favor de la reforma del Ministerio Público Fiscal, que recorta facultades del Procurador General y fija un límite de cinco años al mandato. Alejandra Gils Carbó, en el ojo de la tormenta.
Martes 18 de octubre de 2016 10:59
Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados se apresta hoy a aprobar un dictamen para modificar la ley de Ministerio Público Fiscal. La alteración de la ley recortará facultades del Procurador General y fijará un límite de cinco años a su mandato, con posibilidad de renovar el cargo por otros cinco años, pero sólo si el Poder Ejecutivo lo propone.
El objetivo es hacer a un lado a Alejandra Gils Carbó, actual Procuradora General y fuertemente vinculada al kirchnerismo. El presidente Mauricio Macri, en lo que va de su mandato, ya le pidió la renuncia varias veces. De aprobarse la modificación, la funcionaria cumpliría cinco años en su cargo el 29 de agosto de 2017, fecha en la que Macri estaría facultado para denegarle un segundo mandato.
Esta vez, con el apoyo del massismo y el peronismo disidente, se espera aprobar el dictamen y que sea tratado en la Cámara Baja el próximo 26 de octubre. La reforma había sido presentada en abril pasado por el ministro de Justicia, Germán Garavano.
Si se obtiene la media sanción en Diputados, se espera luego llegar a un acuerdo con el Frente Para la Victoria en el Senado. Dicho arreglo consistiría en que el nombramiento del sucesor o sucesora de Gils Carbó sea consensuado con el peronismo, algo no muy difícil de concebir, debido a la aceitada relación que tienen los senadores peronistas con el Gobierno.
La iniciativa recibiría dictamen a partir de las 14, en el plenario de las comisiones de Justicia, Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda.
Además de acortar el mandato del Procurador, la iniciativa plantea, entre otras cosas, que los magistrados que hayan sido trasladados deberán regresar a su cargo original en un plazo no mayor a 48 horas, desconociendo de esa manera todo lo actuado por Gils Carbó en ese asunto.
Se prevé, además, que en el caso que se inicie un trámite para la remoción del cargo del Procurador, la solicitud debe partir de la Cámara de Diputados y requerirá de la mayoría simple en ese cuerpo para luego ser aprobado por mayoría especial de dos tercios en la Cámara Alta. Hasta ahora, la destitución del Procurador exigía mayoría especial en ambas cámaras, con lo cual la reforma facilitará, al menos, la iniciación del procedimiento.
Redacción
Redacción central La Izquierda Diario
