APPS DE DELIVERY. Glovo recusó al juez Gallardo tras el fallo que ordenaba "regularizar" su actividad

El cruce de amparos y apelaciones judiciales sigue atravesando la actividad de las plataformas Rappi, Glovo y Pedidos ya, que debieron suspender sus actividades a raíz de la sentencia definitiva del juez Roberto Gallardo.

La resolución, que exige que las empresas cumplan con las medidas de seguridad, encuentra del otro lado a esas mismas patronales y al Gobierno porteño de Rodríguez Larreta.

De hecho, esa resolución ya fue recusada por Glovo, una de las aplicaciones, y se espera que en estos días se sumen las otras dos, así como la apelación del Gobierno porteño. Es que, una vez presentada, la apelación adquiere carácter "suspensivo" de la medida, por lo que las apps pueden funcionar hasta que se vuelva a expedir la Cámara. Pequeño detalle que demuestra que, hecha la ley, hecha la trampa.

Recodemos que la semana pasada, en el marco de la feria judicial, Gallardo suspendió la actividad de reparto en motos y bicicletas. Fue a través de una resolución de alcance inmediato, y en respuesta a una presentación de la Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios (ASIMM).

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En su texto, Gallardo intimó a las empresas a regularizar la situación laboral de los trabajadores y trabajadoras y a cumplir con el Código de Tránsito y Transporte (ley 5526). Junto con esto, bloqueó los pagos con tarjetas de crédito y ordenó que se realicen operativos policiales para decomisar las mercaderías de los repartidores y ordenó al gobierno de la Ciudad que clausure y/o inhabilite de oficio a las app. Según consignó Clarín, a excepción de los controles policiales, el resto de las órdenes por el momento fueron ignoradas.

Ahora, con su sentencia definitiva, el juez dispuso "encomendar al ministro de Justicia y Seguridad, Diego Santilli; al de Desarrollo Urbano y Transporte, Franco Moccia; y al de Gobierno, Bruno Screnci, que cada uno en el marco de las competencias gubernamentales que les corresponda, adopten todos los recaudos necesarios para llevar adelante los controles preventivos".

"Las app de delivery son utilizadas por mucha gente y dan mucho trabajo", dijo en una entrevista con el programa "Cada mañana", por Radio Mitre, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien afirmó incluso que las plataformas están "legalmente constituidas" y "pagan impuestos".

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La realidad, sin embargo, sugiere otra cosa: las empresas no cumplen la ley; los repartidores y repartidoras trabajan en condiciones de precarización absoluta, sin las más mínimas medidas de seguridad, sin ART, cargando cajas en sus espaldas, recorriendo distancias que superan los 8 kilómetros para cobrar unos $ 40, sin poder siquiera rechazar los viajes porque eso baja su ranking y les quita pedidos. Condiciones que hablan de una de la formas de esclavitud laboral del siglo XXI y que, junto con otras, explican el promedio estimado en 5 denuncias semanales por accidentes en este rubro. Y, ojo, porque estamos hablando sólo de los casos que se denuncian.

Se estima que 6 mil cadetes trabajan para Glovo; unos 2 millones de usuarios están registrados en Rappi, que cuenta con unos 7 mil repartidores y 3.800 comercios que venden a través de su app. Pedidos Ya, tras la llegada de las otras dos, también reconvirtió su negocio para competir también con una flota de cadetes propios. Para ellos es un negocio redondo.

En abril, Gallardo le había ordenado al Gobierno de la Ciudad que prohíba la actividad de Rappi, Glovo y Pedidos Ya hasta que sus repartidores cumplan con las medidas de seguridad que exige la modificación hecha en 2016 al Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad.

​Ese fallo fue confirmado el 12 de julio por la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad, y les dio a las empresas 10 días para solicitar la habilitación para operar y su inscripción en el Registro único de Transporte en Motovehículo y/o Ciclorodados (RUTRAMyC). Pero eso no sucedió, y no parece encaminarse hacia esa salida.

Desde que las “apps de delivery” llegaron a la Argentina, hace dos años, las y los repartidores han denunciado las condiciones de trabajo que sufren a diario. Las empresas los consideran “colaboradores independientes”, por lo que trabajan sin estar registrados, o como monotributistas; no tienen convenio ni derechos laborales, salario básico, obra social ni ART, salvo las contraten ellos. Sin embargo, aunque les niegan cualquier relación de dependencia, las empresas actúan como toda patronal: les imponen horarios, ritmos, condiciones de trabajo y hasta los sancionan o despiden cuando quieren, “bloqueándolos”.

Por eso desde el sindicato APP insisten que, en vez de dejar en la ilegalidad a los trabajadores, lo que se tiene que hacer cumplir inmediatamente es el reclamo que vienen haciendo ellos: la registración de todos los trabajadores, la garantía de un trabajo estable, con salario garantizado, condiciones de seguridad laboral e higiene.