El Gobierno junto al Poder Judicial, Fiscalía, Carabineros y PDI, se reunieron para crear un Diseño Operativo Antidelincuencia, lo que se suma al anuncio de elevar hasta 20 años las penas de cárcel para quienes agredan a Carabineros. Las autoridades del país emprendieron una enérgica “cruzada anti delincuentes” que ha tenido tribuna en todos los medios, mientras los políticos corruptos y los criminales de ayer y hoy viven con total impunidad y tranquilidad.
Jueves 30 de julio de 2015
Durante el día de ayer, autoridades de Gobierno, encabezadas por el ministro del interior, Jorge Burgos, junto a personal del Poder Judicial, Fiscalía, Carabineros y PDI, se reunieron en el Museo de Arte Precolombino para llevar a cabo una reunión donde comenzarían a delinear los pasos para crear un Diseño Operativo Antidelincuencia. A esto se suma, que hace un par de días, la ministra de justicia, Javiera Blanco anunció que se elevarían las penas de cárcel hasta 20 años para todos aquellos que agredan o lesionen a Carabineros.
Terminada la reunión el Fiscal Nacional Sabas Chahuán comentó que “toda la reunión se centró en los nudos críticos, y hubo una profunda autocrítica de las instituciones, un diálogo franco, productivo y que derivó en una medida completa que es que se designó un representante operativo o dos por cada una de las instituciones, se va a producir un diagnóstico a la brevedad posible, en máximo un mes y se van a plantear soluciones, algunas de las cuales ya fueron adelantadas”. Aquí, la rapidez y “eficiencia” del Gobierno y las autoridades nada tienen que ver como cuando se trata de las demandas de los movimientos sociales o cuando la población exige justicia por los asesinados por Carabineros. Para ver aquellos casos no existen reuniones inmediatas, sólo existe indiferencia.
El gobierno de la Nueva Mayoría viene poniendo enormes esfuerzos por levantar una verdadera “cruzada anti delincuencia”, lo que se ha apoyado en la enorme cobertura de los medios de comunicación tradicionales, donde cada día se pueden observar noticias de robos de vehículos, de casas, de empresas, es decir, asaltos contra la propiedad privada.
En este sentido, gran parte de los noticieros se encargan de fomentar un ambiente de miedo, inseguridad y temor, mientras que según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el país existe una alta percepción de inseguridad, bajos niveles de criminalidad, donde el porcentaje de personas que han sido víctimas de robo con violencia llega a un 13,7%, el menor de América Latina, a lo que se suma que Chile tiene la más baja tasa de homicidios de la región (2 por 100 mil habitantes). Es decir, existe una idea de que la delincuencia y la violencia han aumentado, lo que según el Estudio N° 76 de la Plaza Pública Cadem (1), se ha generado debido al rol de la televisión de los medios de comunicación (54% de la población lo cree así).
Lo cierto es que el Gobierno junto a diferentes instituciones viene impulsando una potente ofensiva contra los “delincuentes”, que tuvo sus inicios con la declaración del subsecretario del interior, Mahmud Aleuy, quien en su momento afirmó que el 30% de los que participan en marchas son delincuentes, atacando claramente al movimiento estudiantil y en general a los movimientos sociales que vienen protagonizando diversas luchas. Esta arremetida ha continuado con la ofensiva mediática, con declaraciones de autoridades, con la cobertura a los poco concurridos “cacerolazos del sector oriente”, con el anuncio de aumentar las condenas a quienes agredan a Carabineros, con la aprobación del Control de Identidad Preventivo, y ahora, con esta inmediata reunión.
Pero, ¿qué impulsa el Gobierno cuando se trata de robos y corrupción por parte de partidos políticos tradicionales, de empresarios y políticos del régimen? ¿Qué propone cuando se trata de enjuiciar y castigar a los carabineros asesinos de trabajadores, estudiantes y mapuche? Para estos casos, claramente no existe disposición, ni energías, ni ofensivas por parte de las autoridades, sólo intransigencia, indiferencia e impunidad para los poderosos.
Los gobiernos de turno, desde la ex Concertación, el gobierno derechista de Piñera, y ahora la Nueva Mayoría, han estado años ocultando la corrupción y el robo de autoridades de todos los partidos políticos y también de empresarios, escondiendo los fraudes y robos cometidos al Estado, tal cual quedó demostrado con los casos Penta, Soquimich y Caval. En este sentido, importa más proteger la propiedad privada, las empresas, que defender lo público o hacer justicia para todos los luchadores sociales que han sido asesinados o violentados por instituciones como Carabineros, que hoy se reúne con el Gobierno.
(1) Estudio N° 76 de la Plaza Pública Cadem. Ver en Línea: http://plazapublica.cl/wp-content/uploads/9867433.pdf
