El 14 de diciembre, el Senado aprobó la modificación al artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación el cual sanciona las manifestaciones populares que recurran al “boteo” en casetas. El Ejecutivo la ratificó y hoy se publica en el Diario Oficial de la Federación.
Martes 22 de febrero de 2022
En diciembre de 2020 diputados aprobaron una agresiva reforma al artículo 533 y adicionan un 533 bis a la Ley de Vías Generales de Comunicación con la clara intención de reprimir las movilizaciones populares.
La Cámara de Diputados abogó por los grandes concesionarios, los cuales han presentado más de cinco mil denuncias, pero con menos de una decena de sentencias condenatorias, castigo que consideran poco ejemplar en comparación con sus pérdidas, que tan sólo en 2019 se estiman en 3 mil millones de pesos debido a estas manifestaciones.
En Cámara de Senadores se “suavizó” la propuesta y el 14 de diciembre de 2021 votan a favor de sancionar los "boteos" que se llegan a realizar en las movilizaciones populares hasta con siete años de cárcel.
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Los intereses económicos que están en juego son de los grandes corporativos de capital nacional-extranjero, los cuales tienen el control de las vialidades en el país, entre ellos: ICA, IDEAL, PINFRA, COCONAL, OHL, HERMES, AZVI-COINTER y Red de Carreteras de Occidente asociadas a Goldman Sachs Infraestructure Partners.
El Ejecutivo respaldó estos intereses, no le cambió una sola coma a la propuesta de Reforma del Senado y hoy, martes 22 de febrero, se publica en el Diario Oficial de la Federación. Entra en vigor mañana 23 de febrero.
La Reforma queda de la siguiente manera:
“Artículo 533. A quienes dañen, perjudiquen o destruyan las vías generales de comunicación, o los medios de transporte, o interrumpan la construcción de dichas vías, o para obtener un lucro interrumpan el tránsito de los medios de transporte y la operación de los servicios de peaje, o total o parcialmente interrumpan o deterioren los demás servicios que operen en las vías generales de comunicación o los medios de transporte, se impondrá sanción de tres meses a siete años de prisión y multa de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.”
Con esta acción, tanto el Ejecutivo como el Legislativo avanzan en los mecanismos represivos contra la movilización y la protesta social, elemento que ya había sido utilizado por los anteriores gobiernos del PRI y PAN.
Como demuestra la represión a normalistas (docentes en Guerrero y Michoacán) o a familiares de víctimas de feminicidio en Sonora, el gobierno profundiza la militarización del país frente a cualquier riesgo de estallido social contra las condiciones de precarización y violencia que enfrenta la población.
