La Ministra del Trabajo, María José Zaldivar, culpó al estallido social del aumento de la cesantía, en un claro gesto que busca detener las movilizaciones y que estas no se extiendan al 2020. Quieren volver a la normalidad y el orden de los 30 años de injusticias y saqueos.
Sábado 28 de diciembre de 2019
La Ministra del Trabajo, en entrevista para CNN, planteó que el aumento de la cesantía es una consecuencia directa del estallido social que se inició el 18 de octubre, agrega que las regiones donde se registran mayores enfrentamientos son las que han tenido mayor pérdida de empleos: “Hemos vivido una situación muy compleja (…) muchos de nosotros hemos visto como lugares de trabajo han sido vandalizados”
Afirma así que la economía chilena no está bien y la razón se debe al inicio del estallido “veníamos con una economía que estaba sana. Antes del 18 de octubre nadie se iba a imaginar encontrarse con algo de esta naturaleza” (…) “Queremos volver a la situación como estaba antes del 18 de octubre (…) Nosotros estamos trabajando para que esto no siga”.
Es real que los despidos van en aumento, solo las primeras semanas de Diciembre, según datos del INE, se concretaron 65.577 desvinculaciones (por lo menos 3.000 más que el mes de noviembre) culpar sólo al estallido social de esta situación expresa un ocultamiento de las verdaderas razones sociales.
Primero porque estamos en un contexto de recesión mundial. La guerra comercial pausada entre Estados Unidos y China, y la baja de las exportaciones de materias primas provenientes de latinoamérica en toda la región han provocado estancamiento.
Segundo porque desde que asumió Piñera los cierres de fábricas, y por ende desvinculaciones, han ido en aumento: en el periodo que va desde Marzo del 2018 a Enero del 2019 han sido despedidos más de 10.000 trabajadores y trabajadoras (IANSA, Calzados Beba, Suazo, Canales de televisión, son algunos ejemplos) y el resto del año no cesaron: según un artículo de BioBio Chile “A agosto del presente año, 1.132 empresas en Chile han iniciado un proceso de quiebra, lo que se traduce en un aumento de un 30% si se compara con igual período de 2018.”
Tercero, las estadísticas entregadas por el propio INE, que es un organismo estatal, dan cuenta de que los despidos se concentran en la gran empresa. Es decir las pequeñas y medianas empresas no han recurrido al despido mayormente. Siendo que son los más afectados por la baja del consumo.
El discurso de que la rebelión popular ha hecho aumentar los índices de cesantía responde a una estrategia política del gobierno y los empresarios que busca anular a la clase trabajadora como sujeto político, ya que intenta amedrentar a las y los trabajadores para que estos no se organicen y no paralicen la producción. Tal como hicieron el 12 de noviembre con la huelga general más importante de los últimos 30 años. ¿Por qué? Porque ellos entienden que la y los trabajadores son los que realmente mueven la economía produciendo riqueza y si estos toman conciencia de ese poder y sacan a escena sus estrategias históricas hacen tambalear el modelo capitalista y, por ende, todos sus privilegios. El 12 paralizaron los puertos, la educación, los hospitales y el sector público en general. Las poblaciones en solidaridad cortaron accesos a las ciudades impidiendo el normal funcionamiento. Si hubieran paralizado los mineros, la industria y el transporte habría sido un duro golpe para el gobierno y hubiera gatillado la caída de Piñera con mucha probabilidad.
Cesantía existirá mientras el modelo imperante sea el del Estado Burgués y el poder político y económico esté en manos de las 10 familias capitalistas del país. El verdadero motivo de los despidos es la sed de ganancias de los grandes empresarios, quienes ante la primera baja en sus ingresos, rápidamente ahorran recortando la mano de obra y pujando por el pago del salario más bajo posible.
Los trabajadores tenemos que luchar por la Asamblea Constituyente libre y soberana que pueda discutir si el empleo debe seguir dependiendo de los empresarios ambiciosos. Si la jornada laboral debe ser extenuando o repartida. Si los sueldos deben ser iguales o inferiores al consto de vida real familiar o deben estar por debajo de la línea de pobreza. Si las pensiones deberían ser administradas por privados o por sus propios cotizantes. El actual proceso constituyente encabezado por Piñera, los partidos tradicionales y el Frente Amplio no permitirá que se discutan estas cuestiones. Porque el veto aún lo tiene la UDI (partido pinochetista y los actuales partidos tendrán el control y como ellos representan al mundo empresarial la nueva Constitución será una gemelo de la del ’80. Para derrotar esta trampa es necesario imponer nuestras demandas por medio de un plan de movilizaciones.
