Catástrofe social. Gobierno anuncia nuevo proyecto de ley sobre incendios forestales y diputados llaman a una Comisión Investigadora

El incendio en la región de Valparaíso dejó alrededor de unas 6.700 viviendas destruidas, lo que involucra a unas 18 mil familias y más de 4 mil hectáreas de bosque nativo afectado. Hasta la fecha, según los datos del Servicio Médico Legal (SML) 132 personas perdieron la vida, siendo 101 de ellas identificadas. Una tragedia que sólo se puede igualar a la catástrofe del terremoto del 27 de febrero del 2010.

La tesis de la intencionalidad del incendio toma fuerza, ya que los intereses económicos y empresariales están en juego tras la "Ruta Periférica de Valparaíso" con forestales y proyectos inmobiliarios. Sin embargo, desde el régimen político esta tesis la embaucan a responsabilidades individuales y no hacia un grupo en particular.

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El diputado del Partido Radical, Tomás Lagomarsino, solicitó la creación de una Comisión Especial Investigadora para conocer el actuar del ejecutivo y “explicar a Chile” lo que ocurrió con los incendios forestales y posteriores siniestros estructurales. Su carta posee ocho aspectos, entre las que destacan posibles falencias en los planes de emergencia comunal y el plan de evacuación ante incendios. Esta moción cuenta con un apoyo transversal entre los parlamentarios, en especial en sectores de la derecha. Según comentó el diputado Andrés Celis (RN) a Emol.com es que "establecer responsabilidades y fallas en las medidas de prevención y evacuación, lo que permitirá evitar cometer errores en el futuro".

Sobre la Comisión, deberá tener cerca de 52 firmas parlamentarias para poder formalizarse, un tercio del total de los diputados y diputadas para llevarse a cabo. Todo esto, la primera semana de marzo.

Por otro lado, el proyecto de ley busca la prohibición de plantaciones forestales dentro del radio urbano y la atribución para que todos los municipios en colaboración con Conaf realicen cortafuegos preventivos descansa aún en el Congreso después de casi tres años de su ingreso. Es por ello, que ante la presión de la denuncia por distintos medios alternativos, el gobierno de Boric se vio presionado a anunciar la tramitación del proyecto de ley de "incendios forestales y rurales", ingresado en octubre del 2023 y que será despachada durante la primera semana de marzo.

El proyecto de ley establece que uno de sus principales objetivos es fortalecer las estrategias de prevención de siniestros tanto en bosques como zonas rurales.

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Para lograr esto, se propone en primer lugar el establecer zonas de interfaz urbano-rural forestal (ZIURF) en los instrumentos de planificación territorial, al igual que fortalecer los instrumentos existentes de gestión forestal. El proyecto define que la CONAF tendrá un rol importante, ya que esta deberá definir las diversas acciones o medidas preventivas para el combate contra los incendios forestales, al igual que encargarse de su monitoreo. También podrá coordinar con los municipios la asistencia técnica a los propietarios que lo necesiten.

"Esto significa que nosotros como Gobierno esperamos que una vez se retomen las sesiones del Congreso Nacional, se pueda despachar la primera semana de la Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas, porque este proyecto, que está con urgencia inmediata, fue aprobado en la comisión técnica respectiva, pero falta la discusión en la Sala", explicó Camila Vallejo.

Por la autoorganización obrera y un plan de viviendas bajo control de los trabajadores y pobladores

Con esta brutal tragedia el problema de la vivienda nuevamente es una prioridad. Las muestras de solidaridad mediante colectas y disposición de voluntariados han sido iniciativas genuinas de distintos sectores de la clase trabajadora ante la desidia empresarial del cobro de peajes hasta la extensión de horario laboral para habitantes de las zonas afectadas. Los organismos de estudiantes y de trabajadores, como la Confech y la CUT, deben ponerse a la cabeza para organizar este despliegue de solidaridad poniendo a disposición centros de acopio, organizando cuadrillas de voluntarios y abriendo espacios y establecimientos para la población afectada.

Las familias trabajadoras y pobres no podemos pagar esta crisis. Es por ello la necesidad de un plan de obras públicas financiado por el impuesto de las grandes fortunas y organizado y gestionado por los sindicatos de trabajadores y comités de vivienda. Ante la especulación y convenios con empresas privadas y fundaciones, urge requisar los terrenos privados de las grandes empresas y crear una empresa estatal de la construcción administrada por sus trabajadores y que priorice las necesidades humanas y ambientales, no por las ganancias millonarias de los empresarios.

También es importante que las comunidades junto a profesionales especialistas en mitigación de incendios elaboren un Plan Nacional de Emergencia contra los incendios, el cual exija a los grandes tributos de las empresas para enfrentar estos siniestros y restaurar lo dañado, un sueldo mínimo para los brigadistas forestales acorde a los 650 mil pesos y sin precariedad laboral. Necesitamos un plan de prevención inmediato, elaborado por los trabajadores encabezados por los sindicatos de la Conaf y buscando la solidaridad del conjunto del pueblo, que contemple la derogación inmediata del DL 701 y que exigencia de la creación de una institución pública forestal como lo han reclamado los sindicatos brigadistas durante estos últimos años.