El gobierno volvió a condicionar el porcentaje de la gratuidad que se entregara a los estudiantes de las instituciones de educación superior en el próximo proyecto de Ley que enviaran al congreso dentro de esta semana.
Martes 8 de marzo de 2016
La reducción seria debido a la situación económica que actualmente está viviendo el país lo que supuestamente haría al gobierno tener que avanzar gradualmente en la cobertura de dicho derecho. Esto en contraposición de la demanda que ha planteado el movimiento estudiantil de que se entregue una educación 100% gratuita financiada por el Estado y sin subsidio a los privados.
Mientras, dicha iniciativa, genera dudas en ciertos sectores como lo ha expresado el presidente de la G9 y director de la universidad de Concepción, Sergio Lavanchy, quien ha afirmado que “en este proyecto de ley, que es fundamental para la educación de chile, deben tomarse los tiempos necesarios para que no suceda lo que paso con esta iniciativa de gratuidad” (haciendo referencia a la beca de gratuidad que se entregó este año). Por otra parte, el vicepresidente del consejo de rectores, Aldo Lavalle, señalo que debe avanzarse pero sin descuidar otros beneficios sociales. Finalmente, el diputado UDI, Jaime Bellolio, señalo que prefiere que el proyecto se aplace si es que va a ser un mal proyecto.
Dicha duda parece no esclarecer cual es realmente el panorama y los deseos de dichos sectores puesto que mientras los casos de corrupción siguen estallando, se sigue hablando de que no existen las condiciones económicas suficientes para hacer de la gratuidad un derecho universal.
Todo parece que por un lado la intención de la Nueva Mayoría es poder entregar el beneficio pero sin tocar los intereses de los grandes empresarios mientras que otros sectores de la derecha buscan postergar el trámite legislativo bajo la excusa de buscar un proyecto mejor pero sin manifestarse a favor de la demanda estudiantil. Bastara con volver atrás para saber que estos sectores nunca han estado a favor de una educación gratuita para todos y todas financiada por el Estado.
