El pasado jueves 16 de agosto el gobierno de Piñera junto con personal de la PDI, dieron paso a la deportación de 51 ciudadanos de nacionalidad colombiana con antecedentes penales de diversa índole; aportando con esta supuesta lucha contra la delincuencia a una línea política que vienen desarrollando de estigmatizar a la población inmigrante asociándola con delincuencia y narcotráfico.
Viernes 17 de agosto de 2018
Desde hace tiempo el gobierno de la derecha viene apuntando sus dardos, entre otros, a la población inmigrante. Enmarcados en su supuesta preocupación por terminar con la delincuencia y aplicar la justicia, impulsaron junto a diputados de la UDI un plan para expulsar a su país de origen a extranjeros que se encuentren cumpliendo condenas en Chile, esto con la justificación de llevar adelante un “plan de ahorro”, es decir, justifican una política que solo estigmatiza a los extranjeros con la idea que están haciendo ahorros para el país.
Y aquí nace una pregunta ¿qué tan comprometido está el gobierno con que se haga justicia o con acabar la delincuencia? ¿Realmente este gobierno se plantea en un plan de ahorro?
La realidad no lo condice, mientras por un lado hablan de justicia, hace menos de dos semanas dejaron en libertad a 7 presos, ex agentes de la dictadura que cumplían condena en Punta Peuco por violaciones a los derechos humanos. Mientras hablan de ahorro, siguen manteniendo abierta una cárcel que cuesta más de 100 millones al año solo en gastos operacionales para mantener en comodidad a quienes torturaron y desaparecieron cientos de personas.
Si de verdad el gobierno de Sebastián Piñera quiere ahorrar expulsando a 51 personas migrantes ¿por qué no empezar por bajar la dieta parlamentaria de los senadores para que ganen lo mismo que un docente y cerrar cárceles como Punta Peuco, Penal Cordillera, etc.? Tras esta careta de justicia se esconde la xenofobia.
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