×
×
Red Internacional
lid bot

Educación superior. Gobierno de Colima adeuda 246 millones de pesos a la universidad del estado

El rector de la Universidad de Colima, Christian Torres Ortiz, presentó ante el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig) una denuncia contra el gobierno del estado por un adeudo con la UdeC de 264 millones de pesos.

Jueves 23 de septiembre de 2021

El año pasado en Colima se aprobó un aumento al presupuesto para la UdeC que pasó de 271 millones 605 mil 272 pesos a 341 millones 605 mil 272 pesos, sin embargo con el adeudo del gobierno actualmente precedido por el priista Ignacio Peralta.

Este enorme adeudo se da tan solo unos meses después de que el gobierno de Jalisco anunció un recorte de 140 millones de pesos a la Universidad de Guadalajara, frente al cual distintos rectores del país se pronunciaron en contra por atentar contra la autonomía de la universidad.

Además, José Ignacio Peralta, el gobernador saliente de Colima, se va con un 4,938 millones de pesos presuntamente malversados, colocándose como el cuarto gobernador saliente a nivel nacional con mayor cantidad de adeudo.

El gobierno de la 4T modificó la distribución de presupuesto para las universidades estatales, desde el 2020, el 50% de este es asignado por el gobierno federal y el 50% por los gobiernos estatales.

Actualmente el presupuesto federal para la educación pública es de apenas el 3.3% del PIB, en el proyecto de presupuesto para el 2022 las universidades estatales tendrán apenas un incremento del 0.05% y no se destinará nada para la obligatoriedad y gratuidad, lo que implica un mayor asfixiamiento para la educación pública superior el siguiente año que recae no sobre los rectores y altos funcionarios que tienen sueldos millonarios, sino sobre las comunidades universitarias.

Christian Torres, declaró que de no recibir el presupuesto faltante, los salarios de docentes y trabajadores se verán afectados así como los 29 mil estudiantes de la institución.

Acompañado de Enrique Zamorano, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima (SUTUC) y de Camilo García, presidente de la Federación de Estudiantes Colimenses (FEC), hizo un llamado a los trabajadores de la UdeC a mantener la calma y a confiar en que la rectoría resolverá el problema del adeudo con el gobierno estatal.

Sin embargo, las afectaciones para la comunidad universitaria ya comenzaron, a inicios del 2021 estudiantes de la Universidad de Colima iniciaron un movimiento por la imposición de cuotas.

Te puede interesar: Estudiantes de la Universidad de Colima: en lucha por el derecho a la educación pública y gratuita

En la Facultad de Comercio Exterior las cuotas están en 2350 y en la de Medicina se elevan a 2756. Mientras tanto el sueldo del rector es altísimo, en el 2019 el entonces rector, José Eduardo Hernández Nava, anunció que se recortó el sueldo a la mitad conforme al plan de austeridad para ganar 106 mil pesos mensuales.

Esta es la austeridad a la que “se someten” los altos funcionarios mientras miles de jóvenes son expulsados de las universidades por no tener suficientes recursos para pagar sus estudios y las altas cuotas que imponen las autoridades.

Tanto Torres Ortiz como Hernández Nava pertenecen al mismo grupo priista de poder que se ha mantenido durante años en la UdeC y gracias a la estructura antidemocrática que impera en esta universidad como en las del resto del país, han mantenido el control del presupuesto.

En el 2009 cuando Hernández Nava era Coordinador General Administrativo y Financiero de la universidad, su hijo ganó un sorteo cuyo premio era una residencia de más de 3 millones de pesos además de un premio de 40 mil pesos por haber vendido el boleto ganador.

Los presupuestos deben ser administrados por las comunidades universitarias, no por las rectorías y direcciones burocráticas y charras. Además es urgente un aumento al presupuesto educativo de por lo menos el 10% del PIB, que permita un rescate no condicionado a las universidades en quiebra incluyendo a la UdeC, que se garanticen salarios dignos para los trabajadores de la educación y el acceso gratuito e incondicional a la educación.